El Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, asegura que los afectados tendrán que afrontar un período “transitorio” de dos meses hasta encontrar una alternativa de vivienda.
Las autoridades han comenzado el derribo y desalojo del asentamiento El Walili, en Níjar, donde residen desde 2015 alrededor de 450 personas migrantes, trabajadores de los invernaderos de la zona que, ahora, se quedan sin alternativa habitacional. El desalojo ha sido aprobado en los tribunales y parte del Ayuntamiento de Níjar, gobernado por la socialista Esperanza Pérez.
El Consistorio promete que la situación es transitoria y que las personas afectadas se verán en una situación transitoria, aproximadamente de dos meses, hasta que puedan acceder a un alojamiento de alquiler. Hasta el momento se habrían acreditado a unos 300 residentes de El Walili para solicitar el realojo.
Los Bomberos del Levante han acudido a sofocar un incendio que se ha declarado en una de las chabolas del asentamiento sin que se hayan registrado heridos como consecuencia de las llamas. En la zona se han desplegado desde primera hora de las mañana un fuerte dispositivo de Guardia Civil y Policía Local de Níjar para efectuar el desalojo forzoso de los ocupantes del asentamiento, muchos de los cuales han abandonado progresivamente durante el fin de semana el espacio, mientras que otros han empezado a recoger sus pertenencias este lunes, a medida que ha entrado la maquinaria de demolición.
Tiene unos 15 años de antigüedad, el asentamiento de El Walili, en Níjar (Almería), también conocido como El Cruce o Los Nietos, un poblado chabolista en el que ahora viven unas 450 personas que trabajan en los invernaderos de la zona. Este lunes, resolución judicial mediante y si nada lo impide, la alcaldesa del municipio, Esperanza Pérez (PSOE), acomete su demolición, tras solicitar el desalojo, según recoge el auto del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Almería. Las ONG que trabajan en la zona denuncian que “no hay alternativa para sus habitantes”, entre los que también hay 12 mujeres (solteras y viudas) marroquíes.
“Si nos echan también de aquí, meteré mi cama en el coche y me iré a la puerta del ayuntamiento”, dice Adil Ejjabri, un ciudadano marroquí que de 37 años que lleva 21 cotizando en España y que ha trabajado durante 15 en un restaurante de San José, en el Cabo de Gata. “Quise hacer la reagrupación familiar, tras casarme en Marruecos y tener una hija, que ahora cumplirá tres años y que he visto tres meses en total, por todo lo que me está pasando”, cuenta. A Adil le denegaron la reagrupación porque su casa tenía goteras y el garaje estaba desordenado. Acabó teniendo que dejar su vivienda y teniendo que buscar otra sin éxito: “Todo está pensado para el turismo, así que a nosotros, los trabajadores inmigrantes, no nos alquilan nada, ni aunque intercedan nuestras jefes”, relata, desesperado, después de tres años buscando una casa de alquiler. Por ese motivo acabó en un cortijo del asentamiento de El Walili, junto a más de 400 personas, cuyo desasosiego se hunde en el abismo que separa una infravivienda de la nada.
Fuentes: Los Replicantes, El País
