El pasado martes 13 de agosto conocíamos de este caso en el que se desalojó un centro de menores migrantes en Gran Canarias, el cual estaba dirigida por la Asociación Oportunidades de Vida, presidida por Rafael Hernandez, responsable de la COAG (la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos de Canarias), quien también ha sido acusado de trata y explotación laboral por haber empleado a menores migrantes en sus fincas de forma ilegal, a quienes daba una remuneración de entre 20 y 25 euros por largas jornadas de trabajo. Dicha cantidad quedaba descontada en caso de que no cumplieran con normativas de comportamiento en el centro donde convivían.
Si bien es cierto que la Policía Local de Canarias se ha desplazado hasta el lugar de los hechos, el caso ha quedado bajo secreto de sumario, es decir, que queda bajo “declaración expresa en virtud de la cual las diligencias de investigación permanecen ocultas hasta la apertura del juicio, pudiendo ser total o parcial. La revelación se conminaría con la imposición de una multa y responsabilidad penal en su caso a abogados y funcionarios públicos”. (https://dpej.rae.es/lema/secreto-del-sumario)
En la querella presentada contra Rafael Hernandez por parte de la Fiscalía de Extranjería, también se incluía a su hija, Elisa Hernández; el marido de la misma, Christian Ruano; el secretario de la COAG, Manuel Redondo; una trabajadora social de Oportunidades de Vida, Kathy Godoy; la propia ONG, y la empresa Sociedad Agrícola de Transformación Agrocanarias. A pesar de que Rafael Hernandez y su hija Elisa Hernandez se acogen a su derecho a no declarar.
Mientras tanto, 120 jóvenes que residían en dicho centro han sido reubicados en otros centros de la isla.
Fuente: El Diario
