En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, el Ministerio de Igualdad publica un informe titulado “Percepción de la discriminación por origen racial o étnico por parte de sus potenciales víctimas en 2024”, donde insiste en una idea preocupante: pone el acento en cómo las personas racializadas “perciben” el racismo, en lugar de abordar, con la contundencia debida, su carácter sistémico, institucional y profundamente arraigado en leyes y prácticas como la Ley de Extranjería, las políticas migratorias racistas o las agresiones y asesinatos de personas migrantes.
A esta falta de voluntad política por atajar la raíz del problema se suma el reciente rechazo institucional a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de Regularización Ya, que buscaba dignificar la vida de cientos de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular. Dicho rechazo no solo perpetúa la precariedad de estas personas, sino que avala implícitamente los discursos racistas, la marginalización y la exclusión.
Ciertamente, el informe arroja datos que no pueden pasarse por alto: un 52% de las personas encuestadas ha vivido situaciones que constituyen un delito de odio, y la mayor parte no se denuncia por desconfianza o por la convicción de que no servirá de nada. Sin embargo, la iniciativa se queda en la superficie cuando habla de sensaciones o percepciones, y no profundiza en las causas estructurales que perpetúan estos delitos de odio y discriminaciones cotidianas.
De la “percepción” a la política real
Resulta innegable que la experiencia de ser excluida del alquiler de una vivienda, de recibir un insulto en la calle o, peor aún, de enfrentar la violencia sexual con tintes racistas, tiene un enorme impacto en la salud mental y física de las víctimas. Pero precisamente por eso, es imprescindible que las administraciones públicas den un paso más allá de las encuestas y cifras sobre el “sentir” individual, y se centren en desarticular los mecanismos que hacen posible que esas agresiones ocurran y se normalicen.
La Ley de Extranjería y la falta de protección
Un pilar esencial en el que se manifiesta el racismo estructural es la Ley de Extranjería, concebida en su origen y aplicación práctica como un sistema de control y exclusión. Las restricciones para regularizar la situación administrativa, el hacinamiento en los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros), así como la desprotección legal y social que padecen las personas migrantes sin papeles, configuran un escenario donde el racismo no es únicamente cuestión de “miradas” o “comentarios fuera de lugar”. Se trata de un marco institucional que limita derechos fundamentales y por ende, refuerza los discursos xenófobos y las prácticas discriminatorias.
La reciente negativa a la ILP de Regularización Ya refuerza ese mismo esquema de exclusión: el Estado español sigue cerrando la puerta a medidas que permitan la regularización masiva de miles de personas, perpetuando la clandestinidad, la explotación laboral y la vulnerabilidad.
Auge de la islamofobia
El informe menciona un aumento en la percepción de discriminación por motivos de “raza, origen étnico o religión”, pero pasa de puntillas sobre un fenómeno creciente: la islamofobia. Hemos visto —y lamentablemente, seguimos viendo— ataques a mezquitas, agresiones verbales y físicas, así como discursos políticos que criminalizan a comunidades enteras asociándolas al terrorismo o a la inseguridad. Estos discursos y actos se traducen en un caldo de cultivo que ya ha desembocado en hechos tan trágicos como el asesinato de personas migrantes, los cuales a menudo terminan archivados o minimizados bajo delitos de “carácter aislado”.
El sector laboral: racismo silencioso y muy real
Otro punto clave que el estudio describe, pero no profundiza en su dimensión estructural, es la situación laboral. No basta con señalar que “las personas afrodescendientes, árabes y norteafricanas no árabes y nativas americanas” sufren precariedad y relegación a empleos de baja cualificación. Es necesario entender por qué el sistema permite que haya agencias de colocación y políticas públicas que miran hacia otro lado cuando se dan prácticas de contratación discriminatorias, o cuando se establecen cuotas de mercado laboral que perpetúan la segregación. En este sentido, hay que denunciar también las dificultades para acceder a la vivienda (con una alta concentración en ciertos barrios marginados y el rechazo vecinal), que forma parte del mismo patrón discriminatorio.
La responsabilidad de los medios y las instituciones
El informe señala que los medios de comunicación tienen un peso determinante en la generación del imaginario colectivo. Sin embargo, no se detiene a analizar cómo esos medios reproducen estereotipos racistas, perpetúan imágenes negativas de las comunidades migrantes y racializadas y legitiman discursos políticos basados en el miedo al “otro”. También se menciona la necesidad de mayor presencia de personas diversas en instituciones y organismos públicos, sin reflexionar sobre las barreras reales para ello: la falta de cupos, de políticas de discriminación positiva o de un abordaje integral de la diversidad.
Con este panorama, queda claro que la lucha contra el racismo no puede quedarse en medir cómo se “percibe” la discriminación. Precisamos políticas que no partan de la excepcionalidad o del paternalismo, sino de la defensa de derechos fundamentales para todas las personas. Políticas que ataquen la raíz de las injusticias y que transformen el andamiaje legal y social que produce esta desigualdad estructural.
No basta con sumar testimonios; necesitamos ver cambios concretos.
El nuevo informe del Ministerio de Igualdad deja entrever ciertas verdades sobre la discriminación en España, pero carece de la profundidad para mostrar que no se trata solo de percepciones individuales, sino de estructuras que mantienen y reproducen el racismo. El rechazo a la ILP de Regularización Ya subraya la voluntad institucional de mantener el status quo. Mientras no abordemos de forma valiente estas raíces, todo quedará reducido a encuestas de opinión, cifras estacionales y discursos bienintencionados. Hace falta, de una vez por todas, un compromiso político sólido para poner fin a la violencia y exclusión que cada día padecen miles de personas racializadas en nuestro país.
