Ocho migrantes haitianos vivieron durante varios meses en plena Patagonia, trabajando sin descanso y en condiciones inhumanas: vivían en una mediagua de nailon, sin electricidad ni baño. Para beber agua, debían hacerlo desde un río que estaba contaminado. La justicia condenó a quien los contrató, Jaime Cabrera Almendra, a una pena de 5 años y un día, en un fallo de primera instancia que fue apelado de nulidad. El próximo sábado se conocerá el veredicto del tribunal de alzada.
“Era como un desierto. No había vecinos, no teníamos con quién hablar, no había señal para el celular” es parte de lo que el ciudadano haitiano W.V. declaró en medio de la investigación que se inició en Punta Arenas hace casi cinco años ya, cuando la PDI le pidió que explicara cómo era el lugar en el que había terminado trabajando en forma esclavizada en un sector conocido como “El Pantano”, a 75 kilómetros de Puerto Natales.
Aunque técnicamente no estaban prisioneros, salir de allí –para él y los otros siete migrantes haitianos que eran mantenidos en ese sector trabajando en la extracción de turba– era casi imposible, debido a la distancia, las malas condiciones climáticas y el desconocimiento del idioma. Sin embargo, aguantaron un par de meses durmiendo en una choza construida con nailon en plena Patagonia, sobre la cual W.V. relata que “era inhabitable”. El piso era de tierra y el frío les calaba los huesos, a lo que se sumaba la falta de condiciones higiénicas mínimas: “No teníamos baño. Teníamos que hacer un hoyo para esto, no teníamos calefacción y bebíamos agua contaminada, la cual sacábamos del río. Ni siquiera nos podíamos bañar, incluso improvisamos una especie de ducha. Era terrible. Había muy malas condiciones. Teníamos hambre, pero no podíamos salir a comprar para comer” detalló.
En abril de este año el caso finalmente llegó a juicio y, en un hecho infrecuente en los tribunales chilenos, el acusado de haber mantenido a los migrantes haitianos en condiciones de esclavitud, el empresario agrícola Jaime Cabrera Almendra, fue condenado a una pena efectiva de cárcel de 5 años y un día, por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Punta Arenas.
¿Racismo y esclavitud moderna en Chile?
Aunque la esclavitud fue oficialmente abolida en Chile el 24 de julio de 1823 –es decir, hace casi 200 años–, sigue existiendo en el país, como lo prueba no solo el citado fallo (que se encuentra en proceso de apelación en la Corte de Punta Arenas), sino una serie de otros casos.
Si se quisiera escribir una suerte de historia de la esclavitud moderna en nuestro país, es imposible no remontarse a lo ocurrido durante casi 40 años al interior de la Colonia Dignidad, donde les niñes eran obligados a trabajar todos los días en el campo o en trabajos pesados, como lo relató en 2015 Dieter Schölz, y donde también hubo al menos dos veranos consecutivos, a inicios de los años 80 del pasado siglo, en que distintos grupos de colonos fueron llevados en forma secreta hasta los lavaderos de oro que la Colonia poseía en fundos ubicados entre Tirúa y Carahue (Cordillera de Nahuelbuta), a fin de ser obligados a trabajar de sol a sol en las faenas, mal alimentados, sin conocer el idioma español y sin posibilidades de escapar de los guardias armados que los custodiaban.
Los fundos de “Fra Fra”
Después de que en 2011 se dictara una ley que modificó el Código Penal, incorporando a este delitos específicos como el tráfico ilícito de personas migrantes y la trata de personas, el caso más sonado fue el que estalló en la Región de O’Higgins ese mismo año, cuando se denunció que al interior de dos fundos que eran propiedad del excandidato presidencial Francisco Javier Errázuriz –más conocido como “Fra Fra”– había unos 150 trabajadores paraguayos que habían viajado engañados a Chile, con el supuesto fin de “disfrutar de las bellezas turísticas de nuestro país”, según les habían indicado en una carta firmada por Errázuriz.Sin embargo, las promesas que habían recibido, en orden a ser capacitados y luego recibir un buen trabajo en Chile, quedaron en nada y de a poco, los migrantes paraguayos comenzaron a desertar. Las tres primeras personas en hacerlo denunciaron que solo les daban una comida al día y agua salada para beber, siendo además obligados a trabajar día y noche. Luego de una larga investigación, tanto el empresario como otros dos imputados fueron acusados de tráfico de personas migrantes y trata de personas para someterlas a trabajos forzados. Sin embargo, Errázuriz fue sobreseído, tras ser declarado “enajenado mental”. Las otras dos personas imputadas fueron absueltas, aunque el tribunal dio por acreditados los hechos.
El caso de Osorno
La primera condena con cárcel efectiva en un caso de este tipo recién se produjo en 2018, luego de una acusación a cargo de la fiscal Leyla Chahín, por un caso ocurrido en Río Negro, que fue juzgado en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Osorno. Las víctimas fueron tres migrantes ecuatorianos procedentes de la ciudad de Otavalo y los acusados eran dos connacionales de ellos –el matrimonio formado por César Cabascango Pachito y Rosa Tambaco Morales–, quienes recibieron penas de 5 años y un día por el delito de tráfico de personas migrantes y de 10 años y un día de presidio efectivo por trata de personas con fines de trabajos forzados.
De acuerdo con lo que se estableció en la indagatoria, Cabascango y Tambaco traficaron a las tres víctimas desde Otavalo, con el fin de explotarlas, haciéndolas trabajar en artesanías, obligándoles a dormir en una sola cama y, en una constante en este caso, sin muchas posibilidades de escapar, dado que los traficantes les habían retenido todos sus documentos.
En el fin del mundo
Lo mismo ocurrió en Puerto Natales, pues en el manual de estilo de la esclavitud moderna lo primero que se hace es privar a las víctimas de sus documentos de identidad, restringiendo de este modo su capacidad de movimiento.
Según la denuncia original, se trataba de ocho jóvenes haitianos que llegaron todos a Santiago (por separado) en busca de mejores oportunidades. De hecho, en sus declaraciones y en los documentos que reunió la policía civil, queda en evidencia parte de la operatoria de la llegada masiva de migrantes haitianes que se registró a partir de 2016.Todos ellos, como consta en la carpeta de investigación, viajaron en vuelos chárter de la desaparecida línea aérea LAW o de la línea Sunrise, muchos de ellos utilizando los servicios de una agencia de viajes haitiana que se hizo millonaria gracias a aquello. Salvo uno de los migrantes, que dijo que había vendido una habitación que poseía en una casa de Puerto Príncipe para financiar su viaje, todos los demás pidieron dinero a prestamistas o familiares para poder embarcarse. Uno de ellos recibió fondos de parte de un familiar que residía en Estados Unidos y todo indica que, como se ha ido sabiendo en los últimos años, el viaje a Chile era solo parte del plan de muchos migrantes haitianos, que veían a nuestro país como una escala de largo plazo para finalmente, migrar hacia Texas o algún otro estado de EE.UU.
En el caso de los ocho jóvenes que fueron esclavizados en el Fin del Mundo, todos vieron un posteo de un tal “Jameson”, quien también era haitiano y siempre estaba difundiendo avisos de trabajo y que incluso, ayudó a financiar el viaje de algunos de ellos hasta Santiago y luego a Punta Arenas. Aunque “Jameson”, cuando fue finalmente localizado por la PDI, dijo que él solo hacía eso por preocupación hacia sus compatriotas, siempre quedó la sospecha entre los investigadores respecto a que era un eslabón de una cadena más grande. Sin embargo, finalmente no fue acusado.
Las declaraciones de los jóvenes –ninguno de los cuales hablaba español y solo uno inglés, pues era profesor de ese idioma– explican que “Jameson” les ofreció trabajo de extracción de sacos de turba, para lo cual firmaron contratos que especificaban que tendrían jornadas laborales de 7.5 horas al día y que recibirían 276 mil pesos líquidos, pero la realidad con que se encontraron distaba mucho de aquello.
Los testimonios
W.V., quien se desempeñaba como taxista en Puerto Príncipe, dijo a la PDI que decidió migrar porque “allá [en Haití] no hay posibilidades de trabajo” y porque estaba muy preocupado debido a la inseguridad. Cuando llegaron a Punta Arenas, según su relato, “el jefe” –como llamaban al hoy condenado Jaime Cabrera– “a todos nos pidió el pasaporte, supuestamente para cuidarlo”, puntualizándoles “que ningún extranjero podía caminar por la calle sin pasaporte, y como él lo tenía retenido entonces no podíamos salir”. Lo anterior fue refrendado en la indagatoria por C.H.B, quien explicó que “nos pidió el pasaporte sin explicarnos nada, sin darnos razón alguna para retenerlo”.
J.P., por su parte, aseguró que “el pasaporte lo tenía mi jefe, ya que él necesitaba iniciar los trámites migratorios. Era peligroso estar en el campo con pasaporte”, declaró, muy convencido de lo que “el jefe” le había transmitido. Ante ello, W.V. aseguró a los investigadores que “que éramos libres para irnos del lugar, pero esto era imposible de realizar, por la distancia en la que estábamos y además porque necesitábamos regularizar nuestra situación legal”. La jornada laboral, relató, comenzaba a las 7:00 horas y terminaba a las 19:00 o 20:00 horas, o “incluso hasta las 21 horas, de corrido, sin comer nada, a veces antes de empezar a trabajar comíamos algo, pasábamos mucha hambre, estábamos destrozados, sin ganas de trabajar”.
C.H.B agregó que “el jefe nos llevó engañados a un campo, muy lejos, y me sorprendí cuando llegué al lugar, donde el jefe tenía una casa en muy malas condiciones. Nunca pensé que íbamos a trabajar ahí porque nos llevó a una casa de plástico, un invernadero, yo me sorprendí mucho y me sentí mal, porque teníamos que dormir en ese invernadero y no teníamos calefacción, bebíamos agua del río”.
A diferencia de los chilenos que también laboraban en el sector, quienes percibían 700 pesos por saco, a ellos como haitianos les pagaban 500 pesos y también a diferencia de los chilenos, que hacían turnos de 15 x 3, “trabajábamos todos los días del mes, sin descanso, solo descansamos cuando el clima era muy malo. Nos sentimos mal todo el tiempo que seguí trabajando allí, no éramos libres para irnos de ese lugar de trabajo, porque estábamos en el campo, no hablábamos el idioma, no conocíamos a nadie”.
Agua contaminada
Otra de las víctimas, C.M., detalló que en la “casa” no existía electricidad ni calefacción. Era difícil vivir ahí, había mucho frío, solo tratábamos de abrigarnos con la ropa, no podíamos usar velas, estaba prohibido. Estábamos en condiciones inhumanas”. Como no había alcantarillado ni menos agua potable, “tomábamos agua del río, pese a que era muy amarillo, hasta que llegó una persona que nos dijo que ese río estaba contaminado. No teníamos baño, ducha, para hacer necesidades había que estar en el campo y hacer un hoyo”.
Por su parte, S.C. dijo que viajó con el fin de buscar mejores oportunidades de trabajo, pero quedó devastado al llegar a la covacha de la Patagonia, aseverando que “era algo desesperante, era increíble. Crucé un río en la noche y vi una casa plástica o hecha de plástico. Me sorprendí de eso. Dejé mi casa en Haití para venir acá… no podía comentarlo con mi familia, porque no tenía señal telefónica… Esa casa no tenía sillas, no tenía luz, ducha y el colchón de la cama estaba sucio, era una condición inhumana. No tenía las condiciones mínimas para vivir”.
Más encima, dijo a los detectives, “trabajaba en el agua, estaba estresado, no podía comer. Me sentía frustrado y desesperado… en Haití estudiaba, trabajaba, tenía casa, cama. En Natales no tenía nada. Yo pensé que sería mejor, fue al contrario”. I.J.B., por su parte, afirmó que decidió viajar cuando “vi por Facebook que no era necesario visa para viajar a Chile. Chile abrió la puerta y aproveché de migrar”, pero –al igual que los demás– se encontró con que el sueño americano que había imaginado era, en realidad, una pesadilla: “Esa casa era inhumana porque estaba hecha con madera y plástico y hacía mucho frío. No había baño ni ducha, ni condiciones para vivir. Solo había un sistema de horno para cocinar, como el jefe compró un saco de papas, bolsas de arroz y porotos, eso cocinábamos y comíamos. No era una casa habitable, no tenía un baño para hacer sus necesidades. Debía ir lejos para hacer mis cosas”. Además, denunció que “nos hostigaban y presionaban para que rindiéramos más. Nos exigían mucho. Me decían que si no trabajaba no me harían contrato”.
Mientras que Jaime Cabrera, como reportó La Prensa Austral, negó las acusaciones, asegurando en el inicio del juicio que “no soy un delincuente, no soy un aprovechador, ni abusador, ni un montón de cosas que se me imputan. Y voy a estar acá todos los días porque tengo la convicción de que no he hecho nada”.
La seguridad con la cual hablaba se basaba en un precedente y es que, además de la denuncia penal, los ciudadanos haitianos iniciaron también una acción ante la justicia laboral, donde acusaron a Cabrera de infracción a sus derechos fundamentales. Y el empresario ganó allí.
La importancia del fallo
No obstante, en lo penal, los jueces tuvieron una opinión muy distinta y decidieron condenarlo a 5 años y un día por trata de personas con fines de trabajos forzados, decisión que fue impugnada por medio de un recurso de nulidad, el que ya fue alegado ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, la que dará a conocer su veredicto el próximo sábado 1 de julio, ocasión en la cual el tribunal de alzada podría confirmar la pena, pero también reducirla o incluso dejarla sin efecto, ordenando un nuevo juicio, en caso de que estimen que el primero es nulo. Ante ello, la abogada Carolina Rudnick, de la fundación Libera, indicó que la sentencia de primera instancia “es una señal positiva de la política pública contra la trata de personas en Chile, por cuanto es un caso bastante excepcional de la aplicación de una condena alta que incluye un cumplimiento efectivo; es decir, la persona condenada efectivamente debería cumplir la condena con cárcel, cuestión que era muy excepcional en los casos chilenos”.
Asimismo, explicó que “esto es importante también porque en el informe sobre trata de personas que acaba de emitir el Departamento de Estado de Estados Unidos, que evalúa a los países en sus niveles de implementación de políticas de prevención protección y asistencia a víctimas, tradicionalmente hemos sido indicados como un país de sentencias bajas, muy leves, que no se condicen con la gravedad de la conducta”, en referencia al demoledor reporte emitido el 15 de junio recién pasado.
Rudnick agregó que “esperamos que sentencias de esta naturaleza permitan efectivamente abrir conciencia en los operadores de los sistemas de justicia de la realidad de la ocurrencia de trata con fines de trabajo forzado”, y que lo ocurrido “se conecta sin lugar a dudas con el descubrimiento del ciudadano chileno en Argentina sometido a trabajo forzado y a un sistema de semiesclavitud, porque ese tipo de situaciones ocurren en Chile y han ocurrido y ocurren con ciudadanos migrantes indocumentados, pero también con ciudadanos chilenos en otros países”, recordando el caso de Juan Mansilla Alvarado, oriundo de Chiloé, quien estuvo durante 20 años sometido a trabajo esclavizado en una chanchería argentina en Río Gallegos, ciudad también ubicada en la Patagonia, a unos 300 kilómetros de Puerto Natales.
Fuente: El Mostrador
