Muchos de los abusos sexuales a las mujeres temporeras marroquíes de la fresa siguen impunes

Tras denunciar a la empresa onubense Doñana 1998 SL por impago, malas condiciones laborales, abusos y agresiones sexuales, una decena de jornaleras marroquíes de la fresa siguen exigiendo justicia. Sostienen que los juzgados de Palma del Condado, en Huelva, no quieren investigar los hechos y señalan irregularidades en las actuaciones de miembros de la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo. 

Cuando Fátima llegó a la empresa Doñana 1998 SL, productora de fresas y frutos rojos de Almonte (Huelva), nadie le dio tarea alguna. A pesar de haber sido contratada en origen (Marruecos) como temporera de la fresa, Fátima –nombre ficticio porque prefiere mantenerse en el anonimato–, tampoco recibió dinero para su manutención, ni le proporcionaron comida. Por eso, tras vivir varios días en un contenedor dentro de la finca agraria de la productora junto a otras mujeres en su misma situación y una vez agotados los víveres que traía consigo desde Marruecos,  tuvo que rebuscar alimentos «por la basura», tal como relata a Fátima a Público.

Pero además de los incumplimientos sobre las condiciones de trabajo que le prometieron cuando fue seleccionada para ir a trabajar a España a través de ANAPEC, la Agencia Nacional de Promoción del Empleo y Competencias de Marruecos, Fátima relata episodios todavía peores, que incluyen situaciones de acoso sexual. De acuerdo con la entrevistada, este tipo de prácticas se llevaban a cabo a través de la intermediación de las llamadas «alcahuetas”, trabajadoras marroquíes con mayor antigüedad al servicio de la empresa y quienes, ante la situación de extrema vulnerabilidad que vivían las temporeras recién llegadas, les ofrecían la posibilidad de ganarse el pan haciendo “algo” diferente. Luego, hacia las cuatro de la tarde, la finca parecía un “puticlub”, relata la trabajadora en relación al trasiego de los hombres que apostaban los coches en la entrada y las mujeres que entraban y salían del recinto.

Aunque Fátima afirma no haber sucumbido a la presión que se ejercía sobre ellas para que mantuvieran relaciones íntimas con terceros, muchas de sus compañeras sí que padecieron este tipo de situaciones y al menos una, de acuerdo con las declaraciones recogidas en un atestado policial (referenciado 399/2018 en los procesos judiciales relativos al caso), fue agredida sexualmente. Esta temporera denunció que uno de los propietarios de la empresa le tocó los genitales y los pechos contra su voluntad, unos hechos que el comandante del Puesto de El Rocío (Huelva) de la Guardia Civil, firmante del documento policial en cuestión, calificó como “insinuaciones sexuales”.

Pese a que Fátima tampoco llegó a sufrir este tipo de agresiones, cuando su marido se enteró de lo que allí había sucedido, no quiso saber nada más de su mujer y se divorció. Ahora, dice ella, «mi vida es una ruina” y está lejos de su hijo, que vive en Marruecos con la abuela.

Aunque no es la primera vez que los productores de Huelva son juzgados por casos de este tipo, nunca hasta 2018 esta realidad había ocupado tanto espacio en los medios de comunicación y había llegado tan lejos en los juzgados. Los hechos, denunciados por Fátima y otras temporeras que también estaban contratadas por Doñana 1998 sucedieron entre marzo y junio de 2018 y ahora están en manos de los juzgados de instrucción 1 y 3 de La Palma del Condado, Huelva. En el caso del número 3, el juez acaba de archivar por segunda vez la instrucción de la causa centrada en las denuncias por acoso y agresiones sexuales que presentaron cuatro compañeras de Fátima.

El sobreseimiento se dictó después de que las mujeres no acudieran a declarar, una decisión que se debe, de acuerdo con su abogada Belén Luján, “al estrés postraumático” que sufren las denunciantes y en base al cual la letrada solicitó sin éxito un aplazamiento de las comparecencias en cuestión. El mismo día de la declaración, precisa, las mujeres fueron atendidas en urgencias por “ansiedad y pérdida de conocimiento por estrés”, tal y como corrobora a Público Esther Sanguiao, la psicóloga que las ha atendido a lo largo de los procesos judiciales.

Fuente: Público

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