Miles de profesionales migrantes están a la espera de las homologaciones que les permitan ejercer como médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeros, ingenieros, entre otros.Hace unos días decenas de ellos se concentraron frente alMinisterio de Universidades para denunciar los retrasos en la resolución de las homologaciones. Aunque el real decreto vigente establece un plazo máximo de nueve meses, la falta de personal y las deficiencias en el sistema informático impiden que los plazos se cumplan.
A esto se suma que el proceso de homologaciones presenta diferentes trabas y exigencias en función de cada carrera universitaria, así como las barreras para conseguir un empleo por la falta del título y la ausencia de respuestas de parte del Ministerio de Universidades liderado por Joan Subirats.
El despacho HT abogados, especialistas en la homologación de títulos extranjeros, resume los problemas en cuatro aristas: poco personal, un sistema informático en malas condiciones, mala organización y “oscurantismo” porque “no reciben” a los afectados ni se comunican con ellos.
“El sistema está hecho de tal manera que si el ciudadano tiene dudas no tiene un teléfono para llamar porque nadie le atiende. Puede enviar un email y nadie responde o te envían una especie de cuestionario farragoso que no te da información en absoluto. Hay oscurantismo. La gente se siente totalmente desamparada”, sostienen.
En octubre de 2021, durante la gestión de Manuel Castells, se presentó el borrador de un real decreto en el que se establecen las condiciones y los procedimientos de homologación y equivalencias de títulos y de convalidación de enseñanzas universitarias de sistemas educativos extranjeros. El objetivo es limitar a un plazo máximo de seis meses este proceso. Sin embargo, deja fuera los expedientes actualmente en tramitación por haberse realizado bajo otra normativa. Un año después de este anuncio, el borrador todavía se encuentra en el Consejo de Estado para su dictamen.
Pese al convenio que existe entre España y países de América Latina como Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Panamá y Perú para el reconocimiento de los títulos profesionales y grados académicos, las demoras siguen perjudicando a profesionales que viven en este país.
La falta de respuestas, la pérdida de documentación, el pago doble de las tasas y la inexistencia de notificaciones electrónicas son solo algunos de los problemas que resaltan los afectados, que piden acabar con las trabas burocráticas para tener la posibilidad de trabajar en la profesión para la que están formados.
Fuente: Poder migrante
