La prohibición de la marihuana en Estados Unidos no fue el resultado de estudios científicos sobre sus efectos en la salud pública. Fue, más bien, una herramienta de persecución racial impulsada por la desinformación y el racismo institucional. En el centro de esta historia se encuentra Harry Anslinger, el primer director de la Oficina Federal de Narcóticos, quien convirtió la guerra contra la marihuana en un arma contra afrodescendientes, migrantes y músicos de jazz.
Desde los años 30, Anslinger impulsó una narrativa basada en el miedo y la xenofobia. Alegaba que la marihuana hacía que las personas mexicanas se volvieran violentas y que convertía a los hombres negros en “asesinos y violadores”. También testificó ante el Congreso que el consumo de cannabis llevaba a las mujeres blancas a “buscar relaciones sexuales con negros, artistas y otros”. En su cruzada moral, Anslinger también calificó la música jazz como “satánica” y promovió la idea de que los músicos negros estaban propagando “música degenerada” bajo los efectos de la marihuana.
Para reforzar su campaña, utilizó historias sensacionalistas sin fundamentos. Se propagaron informes que describían a los consumidores de marihuana como personas que perdían la razón y se convertían en asesinos implacables. Se hablaba de soldados y prisioneros mexicanos volviéndose “más salvajes que las bestias” después de fumar marihuana. Estas mentiras fueron el pretexto perfecto para que en 1937 se aprobara la Marijuana Tax Act, una ley que criminalizó el cannabis y sentó las bases para décadas de encarcelamiento masivo, principalmente de comunidades racializadas.
De una guerra anti negra a una guerra anti comunista.
Lo que comenzó como una política doméstica de persecución racial pronto se convirtió en una herramienta de influencia geopolítica. La prohibición de la marihuana no solo fue una estrategia interna de control social en EE.UU., sino que también se expandió a nivel global, en gran parte gracias a la Doctrina Monroe y a la política intervencionista de Washington en América Latina y otras regiones del mundo.
Desde el siglo XIX, la Doctrina Monroe estableció la idea de que el hemisferio occidental era una zona de influencia exclusiva de Estados Unidos, justificando así su intervención en los asuntos internos de los países latinoamericanos. Con la llegada de la Guerra Fría, EE.UU. reforzó su control sobre la región bajo el pretexto de combatir el comunismo, y dentro de esa estrategia, el narcotráfico —incluyendo la marihuana— se convirtió en una excusa perfecta para militarizar gobiernos, fortalecer dictaduras afines y justificar intervenciones.
Anslinger, quien ya había logrado criminalizar la marihuana en EE.UU, llevó su cruzada a la esfera internacional. En la década de 1940 fue un actor clave en la redacción de tratados internacionales sobre drogas y en la creación de convenciones de la ONU que impusieron las políticas prohibicionistas en todo el mundo. Países de América Latina y el Caribe, bajo presión estadounidense, comenzaron a replicar leyes antidrogas que castigaban severamente el consumo y la producción de marihuana, impactando de manera desproporcionada a personas campesinas e indígenas, quienes habían usado la planta con fines medicinales y culturales durante siglos.
En los años 70, con la Guerra contra las Drogas declarada por Richard Nixon y la consolidación de la DEA (Drug Enforcement Administration), Estados Unidos reforzó su presencia en América Latina con operaciones como el Plan Cóndor y, posteriormente, el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, que convirtieron la lucha contra el narcotráfico en una estrategia militarizada de control territorial y político. Países como México, Colombia y Bolivia sufrieron las consecuencias de esta guerra, con comunidades enteras criminalizadas y economías locales desestabilizadas, mientras que el consumo de marihuana seguía aumentando en EE.UU.
En conclusión
Estados Unidos sigue lidiando con las consecuencias de esta política hasta hoy en día : encarcelamientos desproporcionados de afrodescendientes y latinos, una industria del cannabis legal que excluye a las comunidades más afectadas por la prohibición, y una crisis carcelaria que sigue beneficiando a empresas privadas.
A nivel internacional, la prohibición de la marihuana sigue siendo un instrumento de dominación. Aunque algunos países han comenzado a legalizarla, la influencia de Estados Unidos en organismos como la ONU y la OEA ha dificultado cambios más profundos en la legislación global sobre drogas. Mientras en EE.UU empresas blancas multimillonarias lucran con la venta de cannabis legal, en América Latina miles de personas campesinas, negras e indígenas siguen siendo perseguidas y encarceladas por su cultivo.
La criminalización de la marihuana nunca tuvo que ver con la salud pública. Desde sus inicios, fue un proyecto racista e imperialista diseñado para controlar poblaciones específicas dentro y fuera de EE.UU. Y aunque la narrativa ha cambiado, sus efectos aún persisten en el sistema de justicia, la economía y las relaciones internacionales.
Una reflexión de Jackson Jean
