Donald Trump firmó el pasado 04 de junio una nueva orden ejecutiva que restringe severamente el ingreso de personas de origen extranjero al país. La medida prohíbe por completo la entrada de personas provenientes de 12 países, todos ellos del Sur Global y con poblaciones mayoritariamente negras o racializadas, además de aplicar restricciones parciales a otros siete. El decreto, que entrará en vigor el próximo 09 de junio, ha sido duramente criticado por organizaciones de derechos humanos, gobiernos afectados y activistas migrantes.
Los países incluidos en la prohibición total son Afganistán, Birmania (Myanmar), Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Por su parte, Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela se enfrentan a restricciones parciales, que limitan el otorgamiento de ciertos tipos de visados, estancias prolongadas o procesos de reunificación familiar.
Aunque el gobierno estadounidense justifica esta decisión como una medida de seguridad frente a posibles amenazas terroristas, diversas voces han denunciado que se trata de una política profundamente discriminatoria, xenófoba y racista, con consecuencias devastadoras para millones de personas.
Una política migratoria basada en el racismo
Esta nueva prohibición recuerda al tristemente célebre “muslim ban” (veto musulmán) implementado por Trump durante su primer mandato, que también utilizó la excusa de la seguridad nacional para excluir del país a personas musulmanas. La medida fue entonces cuestionada legalmente y señalada como una vulneración flagrante del derecho internacional y de los principios más fundamentales de no discriminación.
La decisión actual profundiza esa misma lógica de exclusión, apuntando de forma desproporcionada a naciones africanas, caribeñas y de mayoría musulmana. No es casualidad: los cuerpos migrantes que se ven más afectados por estas políticas son, sistemáticamente, cuerpos racializados. Son personas negras, musulmanas e indígenas quienes enfrentan las peores consecuencias de este tipo de restricciones, tanto en sus intentos por entrar a Estados Unidos, como en la violencia y las distintas barreras burocráticas que enfrentan quienes ya están dentro del país.
La criminalización de la migración tiene una larga historia en Estados Unidos, pero bajo la administración Trump ha cobrado nuevas formas. La narrativa que asocia la migración con la criminalidad, la inseguridad o el terrorismo no sólo es falsa sino que también es peligrosa, pues alimenta la xenofobia y legitima políticas que vulneran tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconoce el derecho de toda persona a salir de su país y buscar asilo.
Migrar es un derecho, no un privilegio
Detrás de cada caso hay vidas concretas: familias separadas, personas refugiadas que huyen de la guerra o la persecución, jóvenes que buscan oportunidades educativas o profesionales, trabajadoras que sostienen economías enteras con su labor. Esta nueva orden ejecutiva ignora por completo estas realidad. No sólo vulnera el principio de igualdad ante la ley, sino que refuerza un sistema global profundamente desigual en el que la movilidad humana está reservada para quienes nacen en el Norte Global.
Desde los movimientos antirracistas y por la justicia migratoria, esta decisión ha sido calificada como una “política inhumana, racista y selectiva”. Activistas denuncian que la administración Trump está institucionalizando la xenofobia como una doctrina de gobierno, generando un impacto directo sobre colectividades migrantes ya históricamente violentadas en el exilio: como la haitiana, la somalí o la venezolana.
En un contexto donde la migración forzada se intensifica por el avance de la crisis climática, los conflictos armados y las crisis económicas, cerrar fronteras a quienes más necesitan protección es una decisión que sólo puede entenderse desde la deshumanización sistemática de quienes habitan el Sur Global.
¿Qué implica esta medida?
Aunque la orden entra en vigor el próximo 09 de junio, ya se reportan cancelaciones de entrevistas en embajadas, demoras en procesos consulares y un clima generalizado de incertidumbre entre las comunidades migrantes. Algunas universidades y empresas también han comenzado a evaluar el impacto que estas restricciones pueden tener sobre sus estudiantes o trabajadores internacionales, especialmente en campos como la salud, la ciencia y la tecnología.
Además, la medida podría afectar la participación de atletas, delegaciones y visitantes de los países vetados en eventos internacionales programados en Estados Unidos, como la Copa Mundial de Fútbol 2026 o los Juegos Olímpicos de 2028.
Desde Afrocolectiva reafirmamos una convicción innegociable: migrar es un derecho humano. Ni las fronteras, ni las políticas migratorias, deben ser mecanismos de exclusión racial.
Fuente: Página 12
