En la Asamblea de la Naciones Unidas del 11 de noviembre, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución en favor de los derechos de los pueblos indígenas presentada por Bolivia, Venezuela, Dominica, Ecuador, Liberia, México y Paraguay el 22 de octubre.
Es la primera votación del nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein, luego del desplazamiento de Diana Mondino por votar en contra del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. El ex embajador en Estados Unidos quiso dejar claro el cambio en la política exterior del gobierno de Javier Milei con una posición racista y colonialista, que fue incluso más lejos que los países con los que quiere congraciarse. Estados Unidos votó a favor de la resolución y el estado de Israel estuvo ausente. Otros seis países se abstuvieron: Francia, Lao, Lituania, Mali, Rumania y Eslovaquia.
El documento no estipula nuevos alcances en materia de derecho para los pueblos indígenas sino que reafirma derechos concedidos y reconocidos hasta el momento en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e insta a los Estados a cumplirlos, reconociendo implícitamente el avasallamiento sobre los pueblos originarios.
En particular se hace énfasis en el reconocimiento del “Consentimiento Libre, Previo e Informado”, en la “protección contra el Desplazamiento Forzoso”, en la “participación en proyectos de desarrollo” y en la “toma de decisiones”. Sin embargo, se establece que estos derechos e pueden cumplir de la mano de las mismas empresas que avasallan los territorios de las comunidades indígenas. Contra el desplazamiento forzoso, se sugiere una “ indemnización justa y equitativa”, y la opción de regresar, como si comunidades y empresas negociaran en igualdad de condiciones. Así también se destaca la “participación plena, igualitaria y significativa” de las comunidades sin dar cuenta de las relaciones asimétricas de poder.
Respecto al “desarrollo”, se alienta a los estados y al sector privada a “garantizar prácticas empresariales sostenibles y responsables que aborden el impacto ambiental adverso de ciertas actividades en las tierras y territorios de los Pueblos Indígenas”, los mismos sectores que solo priorizan su rentabilidad por sobre cualquier otra valoración socioambiental.
Como es habitual en este tipo de Asambleas, no se discute los verdaderos alcances sustanciales de las políticas formales y está claro que esta declaración no va a cambiar la situación de resistencia de innumerables comunidades en todo el mundo. Pero el rechazo del gobierno de Milei muestra la intención de avanzar sobre los territorios indígenas sin ningún escrúpulo al servicio del capital transnacional para hacer extractivismo recargado, destruyendo el ambiente y habilitando aún más el saqueo de nuestros bienes comunes naturales. Debemos enfrentarlo en cada territorio y coordinando todas las luchas.
Un artículo original de Lihuen Eugenia Antonelli para La Izquierda Diario
