En su más reciente informe, la Corporación Caribe Afirmativo revela la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia durante 2023. Estos son algunos de sus hallazgos.
Falta de información y claridad en las cifras de las instituciones estatales, disparidad en los datos reportados, ineficiencia de los procesos de denuncia, deficiencias en la administración de la justicia, impunidad, ausencia de medidas que permitan cambios estructurales y un aumento en la violencia contra personas LGBTIQ+; todos son hallazgos preocupantes que consignó la Corporación Caribe Afirmativo en su informe “Incontables: sin registro no hay memoria”, presentado en Cartagena este miércoles 20 de marzo.
La corporación analizó la situación de los derechos humanos de las personas LGBTIQ+ en Colombia durante 2023 y encontró que durante el año se registraron 156 homicidios y/o feminicidios de personas con orientación, identidad o expresión de género disidente. Esto equivale a que cada 56 horas, poco más de dos días, se cometió un asesinato a personas LGBTIQ+. De estos casos, apenas 20 se encuentran etapa de juicio, es decir, sólo el 13.28% han avanzado hacia el esclarecimiento de los hechos. Además, la cifra aumentó con relación a los 145 casos que fueron reportados en 2022.
Es frustrante constatar que, pese a los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y la comunidad internacional por garantizarle una vida digna a las personas LGBTIQ+, en Colombia su visibilidad sigue suponiendo un riesgo mortal para ellas, así lo asegura la corporación en el informe. Además, hay otras violencias que no cesan, como las amenazas, agresiones verbales y violencia física, que si bien disminuyeron con relación a 2022, la cifra de 2.333 casos registrados sigue siendo alarmante.
Aunque los datos puedan parecer abstractos y lejanos, son fundamentales en términos de la construcción de un futuro diferente para las personas LGBTIQ+. Así lo asegura Cristian De la Rosa Russo, abogado y coordinador del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo.
“Esta información es necesaria para poder crear políticas públicas que ayuden a prevenir y erradicar la violencia hacia personas LGBTIQ+. Si no existen estos datos, la posibilidad de que el Estado realice intervenciones reales y efectivas que garanticen la vida, la seguridad y los derechos de las personas LGBTIQ+ será muy limitada”, le explicó el abogado a El Espectador.
Pese a eso, según Caribe Afirmativo, la desprotección del Estado se ve reflejada en la ausencia de datos que den cuenta de las violencias que sufrieron las personas LGBTIQ+ durante el año. Wilson Castañeda, director de la corporación, le dijo a El Espectador que hay un problema estructural en las bases de datos de instituciones como la Fiscalía y Medicina Legal, que no son claras a la hora de recoger la información que permita reconocer realmente a las víctimas.
“Encontramos muchos datos mal formulados. Personas trans que eran presentadas como hombres gays, orientaciones sexuales invisibilizadas, confusión u omisión de las categorías de orientación sexual, identidad o expresión de género de las víctimas. No tenemos una institucionalidad que se haya sensibilizado y que forme a sus funcionarios para que puedan hacer una recolección precisa de los datos de las víctimas LGBTIQ+”, indica Castañeda.
Valeria Bonilla Ruiz, mujer trans, activista y defensora de los derechos humanos, explica que es fundamental que las instituciones “se pongan la camiseta” para recoger esta información, que históricamente ha llevado la sociedad civil. “Nosotras tenemos que llevar las cuentas porque al Estado no le interesa. Han invisibilizado nuestras identidades y, como somos invisibles, no nos cuentan, no nos protegen, no escuchan nuestras denuncias, minimizan nuestros casos y la justicia termina siendo inoperante”.
De allí el nombre del informe “Sin registro no hay memoria”, que busca denunciar esta indiferencia del Estado. Según le dijo Castañeda a El Espectador, son los datos y la información los que permiten construir memoria de las víctimas e insumos, que lleven a las autoridades y a la sociedad en su conjunto a tomar decisiones que permitan prevenir estas violencias.
“Queremos que el informe sirva de denuncia pública sobre la responsabilidad que tiene el Estado, en representación de instituciones como Fiscalía, Defensoría, Procuraduría, Policía y demás instituciones. Es una denuncia que va desde esta deficiencia de los sistemas de información, hasta las pocas garantías que tienen las personas LGBTIQ+ en el país para la resolución de todas las violencias de las que son víctimas”, asegura De la Rosa.
Así lo dice el texto en una de sus 232 páginas: “Las personas LGBTIQ+ seguiremos denunciando la indiferencia del Estado a nuestra lucha por la identidad y el reconocimiento. Resistimos a vivir en la invisibilización, a que nos impongan cómo vivir, a que destruyan nuestros cuerpos, a que no nos cuenten. Nosotres contamos”.
Fuente:: El Espectador
