La falta de datos desagregados a nivel étnico-racial ha tenido consecuencias devastadoras dentro de la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Tal fenómeno –al que se le ha denominado invisibilidad estadística– ha afectado, en especial, al ámbito educativo. En Colombia, resulta difícil conocer la cantidad de infancias negras que no asisten a la escuela y requieren políticas de acceso a la educación. Asimismo, se carece de información sobre el número de niñes afro que sí están en las escuelas y requieren políticas educativas de permanencia y calidad.
El Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2018 mostró una reducción del 30,8% en la población afrocolombiana en comparación con el Censo General de 2005, una disminución inexplicable desde un punto de vista demográfico. Aunque no hubo una masacre sistemática en términos literales, sí fuimos víctimas de un genocidio estadístico. Organizaciones sociales interpusieron una acción de tutela para reclamar al DANE lo sucedido y continúan la batalla en el marco de la Sentencia T-276 de 2022.
Es curioso que el año del genocidio estadístico coincida con una caída de más del 90% en la matrícula de la población afrocolombiana en preescolar, básica y media. Además, en los años siguientes a 2018, el descenso se mantiene, sin un impacto significativo en el total de la matrícula. Es decir, después de 2017, un gran número de estudiantes afrodescendientes dejó de estar matriculado, mientras que la matrícula de estudiantes sin pertenencia étnica afro presentaron un aumento considerable. Lo anterior representa un escenario catastrófico, pero poco probable. Ante ello, se puede presumir que existe un problema en la captación de información sobre pertenencia étnico-racial en la población estudiantil.
La Asociación Colombiana de Economistas Negras – Mano Cambiada, Ilex-Acción Jurídica y representantes de colectivos estudiantiles como lo fueron: el colectivo afro estudiantil Chambakú; el colectivo afrocolombiano de la Universidad del Rosario (AfroUR), el colectivo de estudiantes afrocolombianos de la Universidad Externado de Colombia (Ubuntu), el colectivo de estudiantes afrocolombianos de la Universidad Nacional (AfroUN), la mesa afro de la Universidad Tecnológica de Pereira, el Colectivo Djembe Afram de la Universidad Pedagógica Nacional, el Semillero de investigación Harambee Usawa y la Clínica Étnico Racial de la Fundación Universitaria los Libertadores; se unieron en una ardua labor investigativa sobre la desagregación étnico-racial en datos del sector educativo, encontrando varios puntos críticos :
- En el caso de la educación inicial privada, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) no cuenta con datos desagregados por grupo étnico-racial.
- El Sistema Nacional de Información sobre Educación Superior (SNIES) presenta un alto nivel de subreporte e inconsistencias por parte de las Instituciones de Educación Superior (IES).
- Tanto en el caso de SNIES como en el de los datos del Icfes, se argumenta que la baja proporción de estudiantes con pertenencia étnico-racial permitiría su identificación dentro de las bases de datos, perjudicando la reserva estadística, por lo que se decide no publicar la información desagregada.
- El MEN no cuenta con información sobre deserción y repitencia desagregada en términos étnico-raciales. Lo mismo ocurre en relación con la información del personal docente.
- El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) no tuvo una respuesta efectiva a solicitudes de información con desagregación étnico-racial.
- En el ICETEX, algunos programas no incluyen la información de pertenencia étnico-racial, y para los casos en que pudieran tenerla, se ha argumentado que no pueden difundir información sobre características étnicas de las personas beneficiarias.
El trabajo conjunto de las organizaciones resultó en una acción de tutela interpuesta el 25 de marzo de 2024 contra entidades del sector educativo por vulnerar los derechos fundamentales de la población afrocolombiana. El 5 de abril de 2024, el Juzgado declaró improcedente la acción de tutela. A través de un escrito de impugnación, las accionantes solicitaron que el fallo de primera instancia fuera revocado. A pesar de que el auto que concede impugnación fue notificado, el 9 de mayo de 2024 el juez de segunda instancia confirmó la decisión de primera instancia.
Aunque quedan alternativas en el litigio, el camino venidero será difícil de recorrer. Sin embargo, es urgente y necesario proteger el derecho a la información, así como los demás que están siendo amenazados. Necesitamos políticas públicas diferenciales en el sistema educativo, pero la ausencia de datos desagregados impide proponer e implementar tales políticas. Por ello, ante la falta de agencia por parte del gobierno, son las organizaciones sociales quienes han velado por la defensa de los derechos.
Una reflexión de María Camila Estacio
