El mundo ha visto nuevamente como turbas racistas actúan impunemente en la República Dominicana, esta vez en la comunidad El Minero, en Constanza, el pasado 18 de noviembre. La horda racista atacó a decenas de personas trabajadoras haitianas, quemando sus viviendas y sus pertenencias y destruyendo sus herramientas de trabajo bajo la mirada complaciente de la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, la Policía y la Procuraduría General de la República. En videos se registra, con sus propias palabras, la intención criminal de los atacantes: “que no quede ni un haitiano en la zona”. Circularon versiones no confirmadas de que habían fallecido personas haitianas producto de la violencia. Llamamos a las autoridades a investigar los hechos y establecer las responsabilidades del lugar.
Las acciones de corte terrorista en Constanza se realizaron luego de que resultara herida una comerciante del lugar durante un robo. Se esparció el rumor de que el victimario era haitiano y se desató la venganza linchadora. Lamentamos cualquier hecho de violencia delictiva y nos solidarizamos con sus víctimas, al tiempo que recordamos que, como han señalado diferentes referentes de la academia y expertos dominicanos como Daniel Pou, quien fuera hasta hace poco director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), la incidencia de las personas extranjeras, incluyendo las personas haitianas, en la criminalidad en República Dominicana es muy baja.
Lamentablemente se intenta construir una imagen diferente a la que ofrecen las estadísticas oficiales, atribuyendo un supuesto carácter amenazador y peligroso a una comunidad que en su absoluta mayoría es trabajadora y se gana la vida honestamente. El propio gobierno califica a nuestra comunidad como una amenaza a la seguridad nacional y a la soberanía, como parte de una campaña violenta de expulsiones masivas. En ese contexto, cualquier acusación, verdadera o falsa, que recaiga sobre una persona haitiana, puede desencadenar hechos de violencia tumultuaria contra la comunidad entera sólo por compartir el mismo origen.
Esto ha llevado a que incluso en casos en los que se atribuye falsamente a personas haitianas un delito, la consecuencia sea también la acción de turbas racistas con apoyo de las autoridades, tal como ocurrió en Dajabón. Allí, el 04 de septiembre de 2023 se cometió un cuádruple homicidio, atribuido falsamente a personas haitianas, lo que derivó en quemas de viviendas y expulsiones violentas y agresiones. Pero posteriormente la Policía Nacional publicó que los asesinatos habían sido perpetrados por el dominicano Pacheco Beltrán y que la banda era encabezada por el también dominicano David Cruz Jiménez.
Cuando un delito es cometido por una persona de nacionalidad rusa, estadounidense, italiana, venezolana, cubana o francesa, no se generan acciones xenófobas contra toda una comunidad, es algo que sólo ocurre cuando se trata de la comunidad haitiana.
Otro incidente que revela esta tendencia preocupante a endosar colectivamente a la comunidad haitiana cualquier hecho de violencia, es el lamentable suceso ocurrido en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este, donde se presentó un altercado entre dos personas y el personal médico, con amplia repercusión en los medios, especiaalmente el director del Hospital, Dr. César Roque, se refirió al hecho, mencionando que el paciente presuntamente haitiano, respondía al nombre de Wilson Gabriel.
La comunicación oficial del hospital repudiando lo que calificó como una agresión de los pacientes, publicada el lunes 18 de noviembre en una red social (@dariocontrerasrd), menciona que el hecho ocurrió el domingo 17. Afortunadamente no hubo personas heridas en el incidente según lo declarado por el subdirector Gabriel Ravelo, lo que evidencia que la discusión del caso en los medios y por parte de las autoridades ha sido desproporcionada. Incluso, ha intervenido la vicepresidenta y se ha militarizado el hospital.
Desde el colectivo #HaitianosRD, condenamos cualquier agresión a profesionales de la salud. Resaltamos la Carta Compromiso del Hospital Darío Contreras (Agosto 2024-Agosto 2026) que declara que las personas que procuran atención médica tienen derecho a no ser discriminadas “por razones de etnia, edad, religión, condición social, política, sexo, estado legal, situación económica, limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales o cualquier otra, apegados a la Ley General de Salud…”.
El Dr. Ravelo ha declarado en relación con este y otros casos similares que los conflictos son recurrentes debido al tiempo de espera en los hospitales: “los pacientes se desesperan, muchos pacientes terminan yéndose, muchos pacientes se incomodan y realmente se tornan un poco agresivos…”. Tal es la situación que el Colegio Médico Dominicano ha solicitado en el pasado que se implementen protocolos frente a ese tipo de incidentes. Apoyamos esta exigencia del gremio y llamamos a conducir la discusión pública enfocándola en lo fundamental, en los diversos aspectos de la crisis de la salud pública, sus causas y posibles soluciones, sin poner en riesgo el derecho a la salud de la comunidad migrante.
Finalmente, llamamos a la Procuraduría General de la República a implementar mecanismos para hacer respetar las garantías legales de todas las personas, sin discriminación racial, para prevenir y erradicar los linchamientos racistas en la República Dominicana.
Un comunicado de #HaitianosRD
