SAT Almería y Activistas Níjar denuncian la agresión por parte de la policía local de Níjar a un joven migrante durante las fiestas de San Isidro
El pasado sábado 8 de julio Abdul (nombre ficticio, ya que el agredido prefiere salvaguardar su identidad), un joven magrebí que reside en el municipio de Níjar (Almería) pretendía disfrutar, como tantos otros jóvenes, de las fiestas patronales de la localidad de San Isidro. Sin embargo, como denuncia el sindicato SAT de Almería y el colectivo Activistas de Níjar, el joven fue agredido por parte de la Policía Local.
Todo comenzó cuando este joven y su amigo pretendían entrar en uno de los establecimientos de la fiesta. “Quería entrar a la fiesta y el guardia no nos dejó ir a mi amigo”, relata Abdul. “Empezaron a empujarnos y cuando le dije que no me empujara, quisieron pelear conmigo y traer a la policía que me llevó detrás de los baños”. Una vez allí, el joven denuncia agresiones por parte de la policía:
“Me esposaron y empezaron a golpearme, me pegaron como a un animal, unos 15 policías”.
En la agresión, según narra Abdul, no solo participó la policía “el portero de la fiesta volvió cuando la policía me tenía atrapado y me pegó un puñetazo en la cara mientras la policía lo miraba y no hacía nada”. Los hechos ocurrieron entre las 1:00 h y las 4:00 h de la madrugada del pasado sábado, y desde el SAT además añade que el joven “fue expuesto a un registro y como no encontraron nada, le golpearon y fue abandonado en un descampado”. El joven reitera: “que él no ha hecho nada en contra de la ley”.
“Sentí opresión, e incapacidad para defenderme”. Abdul insiste en no comprender cómo le ha podido pasar eso “en la tierra de los libres y lejos de su familia”.
Abdul tiene miedo a que su relato pueda “meterle en problemas” por ello prefiere no revelar su auténtico nombre. El joven llegó a Níjar el pasado febrero con el objetivo de trabajar en los campos, además de estudiar y no entiende por qué le ha pasado esta situación “¿Por qué este racismo si yo no he hecho nada?”, a esta pregunta desesperada además añade “Sentí opresión, e incapacidad para defenderme” e insiste en no comprender cómo le ha podido pasar eso “en la tierra de los libres y lejos de su familia”. Abdul además expone que no encuentra ningún modo de poder denunciar la situación: “Si fueron los policías los que hicieron eso, ¿a quién se lo voy a decir?”.
Níjar es uno de los municipios almerienses centrales en la producción agrícola sostenida por la mano de obra migrante. No es la primera vez que la policía local es acusada de abusos a la población migrante. En 2014, la Audiencia provincial de Almería llevó a juicio a cuatro agentes de la policía local de Níjar acusados de presuntos abusos policiales, también en 2002 el defensor del pueblo andaluz, ONG como Almería Acoge y sindicatos como CCOO denunciaron a la policía local por agresiones a la población migrante.
El último informe de la ONG Andalucía Acoge publicado en marzo de 2023, señalaba que en Níjar hay 44 asentamientos chabolistas en el que habitan más de 1200 personas migrantes que trabajan en el entorno agrícola de la provincia. El pasado enero de 2023 las fuerzas de seguridad locales ejecutaron el desalojo por parte de la alcaldía del municipio de el Walili un asentamiento chabolista que acogía a más de 450 jornaleros y jornaleras del campo almeriense migrantes sin darles alternativa habitacional.
Las pasadas elecciones municipales cambiaron el signo político de la localidad de un gobierno socialista a uno del PP con la ultraderecha. A finales de junio, ambas formaciones anunciaban su pacto para gobernar en el municipio, alegando que: “Vamos a acabar con el socialismo en Níjar, Vamos a cambiar el municipio sin ningún tipo de complejos”. Por ahora, entre las medidas que el partido de ultraderecha pretende implantar en la localidad es la “Conversión del Área de Igualdad en el Área de Familia, eliminando las políticas basadas en ideología de género, limitándose a aplicar la legalidad” y la creación de una ordenanza “contra la ocupación”.
Racismo institucional
El SAT Almería también ha informado del acoso de un policía nacional a un menor magrebí en el barrio de El Puche en la capital de la provincia hace unas semanas: “le rompieron el monopatín y no había hecho nada”. El racismo institucional es el reflejo de las actitudes e ideas de parte de la sociedad española, hace unos días el ministerio de interior daba a conocer el ‘Informe sobre la evolución de los delitos de odio en España 2022’ que expone que durante el año 2022 los delitos de odio crecieron un 3,7% siendo los relacionados con cuestiones racistas los más numerosos.
Estos delitos de odio se reflejan en distintas acciones sociales como la que ha ocurrido también en la provincia de Almería. A finales de junio se celebraba la vista oral del juicio en la Audiencia Provincial de Almería a un grupo de vecinos de la localidad del poniente almeriense de Antas que habían creado un grupo llamado Antas Klan. Una agrupación inspirada en el Ku Klus Klan y que ha sido denunciada por delitos de odio racistas, a pesar de autodenominarse “una patrulla ciudadana para evitar robos”.
El auge de la derecha está provocando un aumento de discursos de odio racistas en todo el estado español que se refleja a lo largo del territorio con diversas estrategias, desde las políticas institucionales hasta los comentarios de la ciudadanía.
Fuente: El Salto