Este macabro negocio atenta contra toda ética y evidencia la necesidad de reforzar protocolos de manejo de cuerpos.
La Policía Nacional de España ha destapado un macabro entramado delictivo, dedicado al robo y venta ilegal de cadáveres en la ciudad de Valencia.
Según informaron las autoridades, una organización criminal operaba infiltrándose en hospitales y morgues para sustraer los cuerpos de personas migrantes fallecidas y otras personas socialmente vulneradas, con el fin de venderlos a universidades para fines académicos sin mediar consentimiento familiar.
Este indignante caso no sólo constituye un lucrativo negocio que atenta contra la ética y los derechos humanos, sino que también evidencia la urgente necesidad de reforzar los protocolos de control, trazabilidad y consentimiento en el manejo de cadáveres en España.
Según detallaron las autoridades en rueda de prensa, este tétrico entramado operaba en Valencia, infiltrándose en hospitales y residencias de personas mayores para acceder a las morgues y así sustraer los cadáveres de los depósitos, para luego venderlos a centros educativos por aproximadamente 1.200 euros cada uno. Lo hacían sin mediar consentimiento, aviso o conocimiento alguno de los familiares de las personas fallecidas.
Tras ello, falsificaban registros y documentación médica para sortear los controles administrativos de los centros de salud. De esta forma lograban acallar cualquier alerta en el sistema sanitario sobre la sustracción de los cuerpos.
Luego, procedían a transferir clandestinamente los cadáveres a las universidades, bajo la apariencia de una donación voluntaria destinada a fines de estudio e investigación científica. Este perturbador modus operandi violaba de forma flagrante toda normativa ética y legal vinculada a la donación y manejo de cuerpos de personas fallecidas.
Personas socialmente vulneradas, principales víctimas de esta red ilegal en Valencia
Respecto al perfil de las víctimas, las autoridades confirmaron que no se trataba de una selección al azar. Por el contrario, la organización criminal focalizaba específicamente su búsqueda en los casos más vulnerables y con menor probabilidad de investigación: personas migrantes fallecidas en situación irregular y otras personas sin familiares directos ni redes de apoyo en la sociedad que pudieran reclamar por elles o exigir una investigación.
Esta perversa selección intencional tenía el claro propósito de actuar impunemente, con la certeza de que al no haber personas allegadas cercanas que pudieran reportar su desaparición ni reclamar por sus cuerpos, los casos nunca saldrían a la luz pública ni trascenderían en la prensa.
Pero esto no era todo. Según confirmó la policía, no sólo manejaban ilegalmente los cadáveres y falsificaban documentos. También estafaban a universidades de Valencia, llegando a facturar miles de euros por supuestas incineraciones de restos, que en realidad nunca se realizaron. Era un negocio redondo y altamente lucrativo, que aprovechaba vacíos legales y la indefensión de las víctimas.
No es la primera vez: vacíos legales facilitan las prácticas fraudulentas de cadáveres
Ante esta dolorosa situación, que vulnera aspectos esenciales de la ética y los derechos humanos, debemos preguntarnos como individuos y como sociedad, ¿acaso las medidas actuales son suficientes para prevenir y evitar que se repitan hechos gravísimos de esta naturaleza?
Es evidente que existen brechas legales en los procesos de manejo de cadáveres. Urge la creación de protocolos claros y rigurosos que cierren cualquier resquicio a potenciales abusos. Asimismo, es imprescindible garantizar el consentimiento informado de les familiares antes de cualquier transferencia.
Lamentablemente, este no ha sido el único caso de irregularidades y faltas de ética en el manejo de cadáveres con fines de lucro. Recientemente salió a la luz un fraude organizado durante décadas en instalaciones funerarias de Castilla y León. Según consignan los informes policiales, al menos 5.973 cuerpos fueron extraídos de sus ataúdes antes de la incineración para reutilizar los féretros con otros difuntos, generando ganancias ilícitas por más de 4 millones de euros.
Este funesto procedimiento fue documentado por un extrabajador chantajista, cuyas pruebas destaparon este indignante negocio. El implicado registró cada cambio de ataúd durante años, llegando a almacenar más de 400 fotografías y videos como evidencia.
Estos casos evidencian la urgente necesidad de reforzar los protocolos de control y trazabilidad en el manejo de cadáveres. Asimismo, resalta lo fundamental de garantizar la transparencia y ética en todas las instancias vinculadas.
Resulta también alarmante la desprotección de ciertos grupos sociales frente a estas redes delictivas, como el caso de personas migrantes que no pudieron regularizar su estatus migratorio o personas sin ningún tipo de respaldo. Se trata justamente de algunos de los eslabones más vulnerados y precarizados por la sociedad, por lo que las instituciones y políticas públicas deben priorizar su amparo y resguardo.
En definitiva, estos indignantes casos nos deben interpelar profundamente, tanto personalmente así como sociedad en su conjunto. Ningún beneficio económico nunca puede estar por encima de la ética, la dignidad y el respeto a los derechos humanos. Quienes lucran con las personas más indefensas, muestran la peor cara del ser humano.
Fuente: Poder Migrante
