En España, la lucha por la regularización de las personas migrantes está más viva que nunca. En febrero de 2022, se inició una campaña liderada por organizaciones, colectivos y activistas migrantes para recoger medio millón de firmas y llevar una iniciativa popular de ley (ILP) al Congreso que permitiera una regularización extraordinaria de las personas que estuvieran en territorio español antes de diciembre de 2021.
La iniciativa tenía el objetivo de hacer llegar su propuesta, un solo artículo, que permitiera a las personas migrantes regularizar su situación. Y lo consiguieron con creces: más de 700.000 firmas fueron entregadas en el Congreso el pasado diciembre.
El pasado miércoles 22 de febrero, los representantes de los partidos políticos presentes en el Congreso se reunieron con la plataforma Regularización Ya para discutir la iniciativa. La mesa para abordar la ILP se calificó el día anterior, y para bien: en lugar de ir a la Comisión de Interior, el tránsito parlamentario de la ILP pasará por la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Esta noticia fue ampliamente celebrada por las personas presentes.
La ILP supone una oportunidad para que las personas migrantes puedan regularizar su situación en España. A pesar de que la Ley de Extranjería ha facilitado en algunos casos la regularización a través de la formación, presenta grandes límites, como no alcanzar para regularizar a niños que heredan la irregularidad de sus padres, o de personas que no pueden acceder a cursos de formación.
Además, refuerza el marco de la contratación en origen cuando en el Estado hay personas que ya trabajan en situación de trata, precariedad y semi esclavitud porque la Ley de Extranjería condena a los sin papeles a aceptar condiciones de trabajo denigrantes.
La lucha por la regularización es una lucha por los derechos humanos. Niñxs que no son escolarizadxs por miedo a que una orden de expulsión para sus madres y padres, que no pueden mantener vínculos con sus familias en el país de origen porque no se les permite salir del país durante años, que si se enferman, temen pedir asistencia médica, al exponerse de nuevo a la expulsión.
Trabajadores y trabajadoras que no pueden manifestarse por sus derechos, mujeres que, si denuncian violencia de género, pueden acabar en un Centro de Internamiento de Extranjeros.
La ILP es una oportunidad que no se puede perder. La clave será si todos aquellos que decimos que defendemos valores progresistas y todos aquellos que nos llenamos la boca diciendo que respetamos los derechos humanos, somos capaces también de defender esta posición, de defender que todas las personas somos iguales.
Esperamos que los parlamentarios actúen con responsabilidad absoluta y dedicación durante los próximos meses, generando el debate y la exigencia que han demostrado en otras causas. Si las vidas migrantes importan, ahora tienen la ocasión de demostrarlo.
Fuente: El Salto Diario
