Georgia, EE. UU. – El caso de Adriana Smith, una mujer afroestadounidense de 26 años, ha reabierto un debate urgente en torno al racismo estructural, la violencia institucional y sobre todo, la violencia obstétrica, que enfrentan las mujeres negras en Estados Unidos. En enero de 2024, Adriana fue declarada con muerte cerebral tras una emergencia médica durante el primer trimestre de su embarazo. Aunque ya no había posibilidad de recuperación, el hospital se negó a retirarle el soporte vital debido a la ley antiaborto vigente en Georgia, que prohíbe la interrupción del embarazo desde la concepción sin excepciones claras, incluso en casos de muerte cerebral.
Durante más de tres meses, el cuerpo de Adriana fue mantenido artificialmente con vida contra la voluntad de su familia, que veía cómo el sistema médico y legal negaba su humanidad, su autonomía y su dignidad, incluso en un caso tan extremo y doloroso como este.
Este caso no es una excepción, sino un síntoma de un sistema que niega permanentemente la agencia y el consentimiento de las personas negras. Tal como denunció la organización Reproductive Freedom for All, esta situación constituye una “pesadilla legal” que refleja cómo las leyes antiaborto extremas no solo criminalizan decisiones médicas, sino que también anulan la voluntad de familias enteras, instrumentalizan cuerpos y despojan a las mujeres más vulneradas de su derecho a morir con dignidad.
En un país donde la mortalidad materna afecta desproporcionadamente a las mujeres negras —quienes tienen tres veces más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo que las mujeres blancas—, esta situación no puede analizarse si no es desde un enfoque interseccional. Adriana Smith no sólo fue víctima de una legislación misógina, sino también de un sistema de salud y justicia que históricamente ha marginado, patologizado, controlado y medicado los cuerpos negros.
Las leyes antiaborto en EE. UU., recrudecidas tras la anulación de Roe v. Wade en 2022, no se aplican de forma neutral. Sus consecuencias más devastadoras las sufren mujeres negras, migrantes, de bajos recursos y de comunidades rurales. Este caso es un llamado de atención sobre cómo el racismo institucional se entrelaza con el fundamentalismo conservador para perpetuar formas contemporáneas de violencia obstétrica y reproductiva.
Para los feminismos negros, la historia de Adriana representa un grito de denuncia y una demanda urgente: la justicia reproductiva para las mujeres negras está muy lejos del panorama. Por eso, abogamos por una justicia que garantice no solo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, sino también el derecho a vivir —y a morir— con dignidad.
Fuente: Reproductive Freedom for All
