El verdadero antirracismo es y será incómodo siempre. La participación de personas racializadas y migrantes en las esferas de poder no garantiza la honestidad de pertenencia a esta lucha.
El pasado 1 de abril tuvo lugar la cuarta edición Escuela de Ciudadanía para Inmigrantes en la Comunidad Valenciana, bajo el lema Migrantes en Política Ya. El acto, con la presencia de Yaissel Sánchez Orta, Candidata del PSPV-PSOE a las Corts por Alicante y de Luc André Diouf, Diputado del PSOE en el Congreso, fue conducido por Boutaina El Hadri, del colectivo Jovesólides, desde cuyas redes sociales se difundieron algunas claves del debate a las que conviene regresar.
Luc André Diouf perdió la ocasión de demostrar dos cosas. La primera, que había hecho los deberes; que contaba con información veraz y contrastada de aquello por lo que inevitablemente sería preguntado. La segunda, que dentro de su desempeño como diputado, secretario de Políticas de Migraciones y Refugiados y activista por vocación, como se define en su cuenta de Twitter, la regularización de las personas migrantes que viven y trabajan en España era una verdadera prioridad.
Sin embargo, acabó haciendo lo contrario y, de paso, cometió dos de las peores faltas que se pueden reprochar a un político: mentir o ignorar aquello que le compete, lo que forma parte indisoluble de su cargo, sobre lo que legisla o regula, se presupone, con diligencia infatigable.
Desafortunadamente, al ser preguntado por las razones del PSOE para oponerse a la aprobación de la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de personas migrantes, con más de 700.000 firmas de aval ciudadano, casi cincuenta mociones de apoyo, y que actualmente se encuentra a la espera de proseguir el trámite parlamentario en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad social y Migraciones, el diputado socialista contestó:
“Desde el año 2008 hay una directiva europea que impide que se hagan regularizaciones en masa. Estamos haciendo cosas. Hemos reformado el reglamento de extranjería y eso va a permitir que la regularización por arraigo de formación obtengan el permiso de residencia”.
El PSOE miente cuando afirma que no tiene capacidad legislativa para solucionar la irregularidad administrativa de medio millón de personas
La reacción del Movimiento Estatal Regularización Ya no se hizo esperar demasiado, aportando la prueba documental que Diouf parece desconocer o querer ocultar, y que no es otra que la respuesta escrita de Ylva Johansson, en nombre de la Comisión Europea, donde confirma que España tiene plenas facultades para legislar en la materia1.
La consulta formulada a la Comisaria Europea de Asuntos de Interior a principios de 2021 por Sira Rego, Eurodiputada por Unidas Podemos y Vicepresidenta de The Left, planteaba lo siguiente:
Durante la pandemia de covid‑19, las personas migrantes han realizado trabajos esenciales para la sociedad, y también ha quedado demostrada su vulnerabilidad como consecuencia de la precariedad y falta de acceso a derechos generada por la situación administrativa en la que se encuentran muchas de ellas. Por este motivo, multitud de organizaciones en defensa de los derechos humanos han solicitado la regularización de estas personas para garantizar su seguridad y acceso a servicios públicos, así como asegurar que se respeten sus derechos.
- ¿Cuál es la posición de la Comisión ante la posibilidad de que los Estados miembros impulsen procesos de regularización? ¿Existe alguna obligación vinculante para los Estados al respecto?
- Esta pandemia también ha demostrado que los centros de detención para personas migrantes, que se han cerrado en muchos Estados miembros, son innecesarios. La reapertura de estos centros opacos, donde además se incumple en muchos casos el derecho a la salud, no tiene sentido y pone en riesgo a las personas internas. ¿Piensa la Comisión elaborar directrices para los Estados miembros sobre las alternativas existentes a la detención de personas migrantes?
A lo que Johansson contestaba:
La regularización de los migrantes irregulares es una cuestión cubierta por la legislación nacional. Hasta ahora, los Estados miembros se han opuesto al desarrollo de soluciones armonizadas a escala de la UE en este ámbito. No obstante, la Comisión reconoce que, en contextos específicos, la regularización puede ser una respuesta política adecuada, y precisó una serie de criterios de evaluación que los Estados miembros podrían tener en cuenta caso por caso.
En el contexto específico de la pandemia de COVID-19, la Comisión recordó que los Estados miembros disfrutan de una amplia facultad discrecional para conceder un permiso de residencia u otra autorización que otorgue un derecho de estancia a los migrantes irregulares por razones humanitarias o de otro tipo.
La aplicación efectiva de los procedimientos de migración depende en parte de la capacidad de prevenir y responder con éxito a los movimientos no autorizados y a la fuga de solicitantes de protección internacional y migrantes irregulares. El acervo vigente de la UE en materia de asilo y retorno establece que los Estados miembros solo puedan recurrir a la detención en determinadas circunstancias bien definidas y exhaustivas y como medida de último recurso, si no pueden aplicarse eficazmente otras medidas alternativas a la detención menos coercitivas.
Por lo tanto, las alternativas a la detención son instrumentos cruciales para los Estados miembros a este respecto, y estos deben considerar alternativas antes de aplicar la detención. Por otra parte, el acervo de la UE establece que toda detención debe ser lo más corta posible y, por regla general, en centros especializados, siempre sobre la base de una evaluación individual.
A través de la Red Europea de Migración, la Comisión colabora con los Estados miembros, la sociedad civil y las organizaciones internacionales para desarrollar conocimientos y aumentar la disponibilidad y el uso de alternativas eficaces a la detención.
Teniendo en cuenta la contestación de Ylva Johansson no queda otra salida de asumir que Luc André mintió, del mismo modo que miente el PSOE cuando afirma que no tiene capacidad legislativa para solucionar la irregularidad administrativa de medio millón de personas, un tercio de las cuáles son menores de edad absolutamente vulnerabilizados, según datos de la Fundación PorCausa.
Durante el acto en Valencia, la economista Katherine Trujillo reivindicó la demanda de los movimientos antirracistas respecto al doble rasero aplicado en el caso de la población ucraniana. A lo que André repuso: “Esperamos que lo que pasó en Ucrania siente un precedente”, sin ser capaz de responder de qué modo piensan articular esa esperanza ni hacerse cargo de la indiferencia del gobierno ante la solicitud de refugio y asilo de ciudadanos de Siria, Afganistán o cualquier otra nación del continente africano.
La regularización implicaría que las personas migrantes puedan salir a trabajar cada día sin miedo de acabar en un CIE
Pero el problema no termina aquí. El 31 de marzo Podemos entregaba, desde las manos del diputado Serigne Mbaye, el premio Lince Antirracista a Hanan Alcalde, cuyas palabras para justificarse merecedora del galardón solo se pueden calificar de esperpento, por el nivel tan profundo de violencia y regodeo en el privilegio racial desde el que esta señora hizo gala. Este caso constituye una terrible falta de respeto a las trayectorias y logros de distintos movimientos e individuos que se han ganado ese lugar por méritos propios. Otra vez, este gravísimo error solo puede deberse a dos razones: O Podemos desconoce estas figuras –y, por tanto, la lucha antirracista que se desarrolla en el país que gobiernan– o las conoce e intenta boicotearlas.
Es curioso. Apenas unos días antes, en el marco de la Semana Antirracista y previo al acto de la Dirección General para la Igualdad de Trato y la Diversidad Étnico Racial donde se silenció, con la manida técnica de cortar el streaming, las intervenciones de los colectivos que se preveían más críticos con la gestión de dicho gabinete, integrantes del movimiento y la asamblea antirracista de Madrid realizaron un acto de repudio a las puertas del evento. En su comunicado pedían la dimisión de Irene Montero a raíz de su complicidad con la permanencia de Grande Marlaska, cuyo cese como Ministro de Interior tras la Masacre de Melilla no debería generar controversia, excepto si se piensa que la vida de una persona negra vale menos que la de una persona blanca.
También criticaban la dejadez con respecto a la Ley Antirracista, acción en línea de continuidad con el comunicado lanzado desde la Red AfroFem después del 8 de marzo, que pedía igualmente la dimisión de la Ministra de Igualdad y de Rita Bosaho por la Masacre de Melilla, por su indiferencia ante el asesinato de una joven en su tránsito desde Marruecos, y por la reapertura del módulo de mujeres en el CIE de Barcelona, donde encerraron a doce compañeras migrantes.
Por descontado, la activación del teléfono 012 para denuncias racistas durante esa misma semana parecía una broma de pésimo gusto en medio de esta tormenta política donde nadie se considera responsable. De momento, igual que con los reclamos de las trabajadoras sexuales para que no se legisle sobre su existencia sin escucharlas, cosa que no harían con ningún otro colectivo, Montero y Bosaho parecen sordas. Podrían ser la puerta de entrada y demostrar con la lucha antirracista el mismo compromiso que con otras luchas, pero han preferido ponerse del otro lado.
La regularización implicaría que las personas migrantes puedan salir a trabajar cada día sin miedo de acabar en un CIE. Que los hombres y mujeres que recogen la fruta y la verdura que comemos tengan un techo y un hábitat en condiciones salubres; con derechos laborales regulados por convenios igualitarios y no por acuerdos de semiesclavitud alcanzados entre capataces. Que nadie sea obligado a malvivir con un cáncer sin tratamiento ni derecho a una prestación por incapacidad, como ocurrió a Smahia Benjafel, temporera contratada desde 2007 en los campos de Huelva bajo los acuerdos de migración circular, fallecida el 22 de marzo pasado de manera prematura.
La regularización permitiría que los menores de edad puedan ser escolarizados sin que sus familiares corran riesgo de expulsión mientras tramitan una sencilla matrícula de enseñanza primaria. Dejaría a esa infancia crecer sin la amenaza de que los Servicios Sociales los acaben apartando de sus madres, quienes probablemente trabajarán sin contrato ni derechos en casas de familias españolas, mujeres a las que el sistema de denuncias de violencia de género les queda vedado.
Uno de los problemas fundamentales que encontramos en esta falsa encrucijada, donde quienes intervienen se lavan las manos después de lamentarse de su poco margen de maniobra y señalar al partido de al lado, es que ciertas figuras políticas vinculadas inevitablemente al antirracismo parecen no haber comprendido algo fundamental en esta lucha, y su error se está propagando a las bases. El verdadero antirracismo es y será incómodo siempre. El anticolonialismo y el antirracismo son las disputas de poder más importantes desde una perspectiva histórica, más relevantes en sus consecuencias, más determinantes de un mundo mínimamente posible en términos humanos para el futuro de todas.
La participación de personas racializadas y migrantes en las esferas de poder no garantiza la honestidad de pertenencia a esta lucha, más bien está sirviendo para que los partidos de gobierno los utilicen de escudo y voceros de sus falacias. La regularización administrativa de medio millón de personas excluidas de los derechos elementales depende únicamente de la voluntad de los dos partidos de gobierno PSOE y UP. Mantener a medio millón de personas migrantes condenadas a la más absoluta exclusión es racismo de Estado.
Un artículo de Vivi Alfonsín, Militante en el movimiento Regularización Ya, publicado en El Salto Diario.
