El pasado martes 22 de octubre siete organizaciones de derechos humanos, feministas, antirracistas y de izquierda se dirigieron mediante una carta a la Procuradora General, Miriam Germán, emplazando a la institución bajo su dirección a informar a la sociedad dominicana sobre qué acciones se han tomado para investigar y someter a la justicia a los responsables de las sistemáticas violaciones a las garantías constitucionales y de la legalidad nacional e internacional, en el marco de lo que calificaron como una “política migratoria abiertamente discriminatoria”. También solicitaron información sobre los sometimientos de los responsables por delitos de odio racial.
Las organizaciones explican en el documento consignado ante la Procuraduría General de la República (PGR) que la situación de los derechos humanos de la comunidad migrante haitiana, dominicana de ascendencia haitiana y de sectores vulnerables socioeconómicamente de la población negra dominicana ha empeorado en el país en los últimos dos años, luego de la reunión sostenida por varias de las organizaciones firmantes y las máximas autoridades de la PGR, el 2 de diciembre de 2022. “La situación actual constituye un virtual estado de excepción promovido desde el poder ejecutivo, en el cual se ha suspendido de hecho la aplicación de las garantías constitucionales que protegen a la ciudadanía de detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, discriminación y violencia por parte del Estado”, dejaron constar.
“La Convención Americana de Derechos Humanos, de la cual el Estado dominicano es signatario, en su artículo 22 prohíbe taxativamente las expulsiones masivas, sumarias o colectivas, ya que laceran el derecho de protección personal que asiste a toda persona, sin importar su origen nacional. La Ley General de Migración 285-04 ordena el respeto al debido proceso en las detenciones migratorias. El Reglamento 631-11 de Aplicación de la Ley 285-04, en su artículo 134-Párrafo establece que la detención migratoria debe ser el último recurso a usar por las autoridades migratorias, “cuando se estimen insuficientes los demás recursos” reglamentarios, pero la ejecución de detenciones migratorias masivas desde hace tres años contradice ese criterio”, explicaron.
“En los hechos existe una suspensión de los derechos constitucionales consagrados en los artículos 37, 38 y 39, referentes al derecho a la vida, a la dignidad humana y a la igualdad, así como los derechos relacionados a la libertad y seguridad personal, a la integridad personal, a la intimidad y el honor personal, y libertad de tránsito, consignados en los artículos 40, 42, 44, 46 respectivamente”, denunciaron, agregando que la detención de menores de edad viola el artículo 56 de la Constitución que ordena que la familia, la sociedad y el Estado harán primar el interés superior del niño, niña y adolescente, así como la propia Ley de Migración.
“Es público y notorio que tanto los agentes de la DGM como los efectivos policiales y militares se cubren el rostro con pasamontañas y no portan identificación visible. Esta práctica institucional ilegal facilita y propicia la comisión de delitos tales como robos, detenciones arbitrarias con fines extorsivos, torturas, asesinatos y violaciones sexuales”, agregaron.
Sobre la expulsión de personas dominicanas de ascendencia haitiana, consideran que “la Constitución prohíbe en su artículo 46 la expulsión de personas dominicanas del territorio nacional, salvo que medien procesos de extradición”, razón por la cual exigen que se tomen medidas para impedir que continúen las detenciones arbitrarias y expulsiones de personas dominicanas.
Reiterando las peticiones contenidas en las comunicaciones anteriores a la PGR durante 6 años, las organizaciones solicitan información sobre los sometimientos a la justicia de personas involucradas en numerosos linchamientos racistas, asesinatos, ejecuciones en procedimientos de interdicción migratoria, amenazas de muerte perpetradas por organizaciones de ultraderecha, detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial, perfilamiento racial, detenciones ilegales de mujeres embarazadas, infantes y personas mayores, y otros delitos cometidos en el marco de los procesos de interdicción migratoria. También se solicita información sobre el sometimiento de personas involucradas en el ataque a la sede de la organización Mosctha en octubre de este año por parte de ultraderechistas y en la detención arbitraria del dirigente del Movimiento Reconocido, Franklin Dinol.
Sobre los hechos del día 17 de octubre en el centro de detención migratoria de Haina, en los que según reportes de prensa y de activistas de derechos humanos hubo una fuerte represión a una protesta de personas detenidas, igualmente se solicita información sobre la existencia de una investigación.
Las organizaciones que suscriben la carta gozan de amplio prestigio y reconocimiento nacional e internacional por su abnegada defensa de los derechos humanos. Se trata del Colectivo #HaitianosRD, el Movimiento Reconocido, el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, Heartland Alliance International, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, Mosctha y el Colectivo Junta de Prietas.
Un comunicado de prensa por el Colectivo #HaitianosRD, el Movimiento Reconocido, el Movimiento de Mujeres Domínico-Haitianas, Heartland Alliance International, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, Mosctha y el Colectivo Junta de Prietas.
