Serunion y Albie reciben más de 30 millones de euros públicos desde 2014 por el suministro de alimentos de estos centros mientras persisten las denuncias por comida en mal estado.
Una investigación de la ONG Refugee Action conmociona estos días Reino Unido: personas refugiadas bajo tutela del Estado y que se encuentran hacinadas reciben amenazas directas del personal que las atiende cuando critican las pésimas condiciones de vida o la calidad de la comida que reciben, tal y como recoge The Guardian. En España este es un asunto poco conocido que también denuncian muchas personas privadas de libertad en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) repartidos por todo el país.
Poder elegir qué comer durante la semana o elegir menú del día pueden parecer asuntos nimios. Esta no es una decisión posible para las más de 1.800 personas privadas de su libertad en los nueve CIE que hay en España, donde las violaciones de derechos humanos son habituales, tal y como denuncian el Servicio Jesuita Migrante, el Centre IRIDIA y el Defensor del Pueblo, entre otros. Estos abusos eclipsan otros problemas del día a día, como los relacionados con la alimentación.
Comida en mal estado, ausencia de una dieta equilibrada, escasez de agua en plena ola de calor y tiempos ínfimos para comer. Alexander, Gabriel y Mohammed migraron a España para buscar una vida mejor y terminaron privados de libertad en un CIE. Los tres recuerdan la falta de condiciones básicas para su bienestar cuando piensan en su estancia en las cárceles para migrantes de Aluche (Madrid) y Zapadores (Valencia). Todas las personas migrantes que prestan testimonio para este reportaje coinciden en que las condiciones de los centros de internamiento pueden ser peores que las de la cárcel.
No todos los CIE respetan la dieta halal y a menudo los internos no tienen tiempo suficiente para comer.
“Carencia”. Es un término recurrente que usa Christian Orgaz, doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid e investigador en la Fundación Indaga, para definir los espacios de reclusión de personas migrantes en España. Orgaz enumera que los migrantes recluidos en los CIEs no pueden acceder a revisiones médica periódicas, se encuentran privados de libertad de movimiento sin haber cometido ningún delito y no disponen intérpretes en distintas lenguas. Este experto también destaca otros aspectos que también vulneran la integridad de las personas: por ejemplo, no todos los CIEs respetan la dieta halal y a menudo los internos no tienen tiempo suficiente para comer.
La otra cara de esta moneda es un reducido número de empresas que se lucran con fondos públicos a cambio de servicios de alimentación deficientes e incluso negligentes. Serunion y Albie, las dos encargadas desde 2014 de proveer y preparar comida en los CIE, han facturado más de 30 millones de euros por estos servicios, según el análisis de los contratos que les adjudicó el Estado. Serunion suministra alimentos en los CIE de Valencia, Madrid, Algeciras, Murcia, Barcelona y Tarifa, así como a los extranjeros y solicitantes de asilo retenidos en los aeropuertos de Barajas (Madrid) y El Prat (Barcelona). Albie se ocupa de un centro de Tenerife (Hoya Fría) y otro en Gran Canaria (Barranco Seco). Los siete centros que gestiona Serunion suponen como mínimo un contrato de 2,2 millones de euros anuales, sin tener en cuenta el nivel de ocupación o el número de menús que se sirven, mientras que Albie factura casi medio millón de euros anuales por los dos centros en islas. El pliego de estos contratos detalla que las empresas deben recibir un ingreso mínimo al mes mientras, sin considerar que el número de personas internadas en estos centros fluctúa constantemente.
Periodistas e investigadores tienen prohibido el acceso a estas cárceles de migrantes, por lo que la información fluye a cuentagotas
En septiembre de 2022, la organización CIEs NO reveló que 13 internos del CIE de Zapadores en Valencia habían iniciado una huelga de hambre tras denunciar –sin éxito– el trato al que estaban siendo sometidos al encontrar gusanos en su comida. No era la primera vez. “En el centro de Zapadores la mala calidad de la comida ha sido una denuncia constante de las personas que están en su interior”, explica Claudia Parreño, de CIES No. Periodistas e investigadores tienen prohibido el acceso a estas cárceles de migrantes, por lo que la información fluye a cuentagotas. Una excepción fue el vídeo de una ración de pescado en mal estado con gusanos que viralizó en redes sociales en septiembre de 2022.
¡ATENCIÓN! Los internos del CIE de Zapadores (València) están en huelga de hambre por las condiciones del centro. Concretamente por la falta de agua para beber y por la comida en mal estado. Este vídeo es de una ración de comida grabado hoy desde el CIE de València#CIEsNO#CIEpic.twitter.com/hkpzVxEl0P
Otro de los motivos tras esa huelga de hambre fue la falta de agua fría para los internos durante las olas de calor que vivió España el verano pasado. Las empresas encargadas de estos suministros entregan una botella de dos litros que deben compartir cuatro internos, afirman Parreño. Este dato fue corroborado por varios migrantes que acceden a hablar bajo anonimato. La Organización Mundial de la Salud señala que una persona adulta debe beber al menos 1,5 litros de agua al día. Tras enviar quejas a la dirección del centro, la Consejería de Salud de la Comunidad Valenciana puso en marcha una inspección. El organismo público no responde a ninguna de las preguntas formuladas por este medio.
Desde CIEs NO advierten que estas visitas de control son habituales pero que no se traducen en consecuencias o cambios. En respuesta a El Salto, Serunion asegura que “en nuestra exigencia de calidad figura la obligación de no servir ningún producto en mal estado, cómo resulta lógico”. La empresa niega tener constancia de ningún caso de intoxicación alimentaria en los centros citados.
Los CIEs no son los únicos centros públicos de los que ha recibido quejas Serunion por su suministro alimentos. Esta empresa también prepara comidas en colegios, hospitales y cárceles. Estos centros tampoco se libran de los problemas. A finales de octubre pasado, la dirección del Complejo Asistencial Universitario de León abrió un expediente informativo a Serunion debido a la insalubridad en la comida del personal médico, que encontró gusanos en una sopa. Esta empresa protagonizó otros episodios similares en el pasado, como la aparición de larvas de gusanos en los menús de seis colegios de Castilla y León –cinco en la provincia leonesa y uno en Segovia– por una partida de pasta en mal estado.
Escasez de comida y agua
Alexander es un joven brasileño que ronda la treintena y pide anonimato para hablar. En noviembre salió del CIE de Aluche, uno de los más grandes de España. Antes de perder la libertad, trabajaba como cocinero en diferentes restaurantes. Ahora se sorprende cuando recuerda las comidas mientras estuvo recluido en ese centro. Alexander asegura que varios compañeros terminaron más de una vez en el médico con problemas digestivos tras ingerir “tortilla agria, pescado con mal olor y hamburguesas con un color extraño”, explica por teléfono. Las condiciones que describen esta y otras personas tras salir de un CIE son contrarias a las que establece el pliego de condiciones del contrato para suministro de alimentos adjudicado por el Ministerio de Interior, del que dependen estos centros. Dichos pliegos establecen que la empresa se compromete a proporcionar frutas, legumbres, carnes y pescados de primera categoría, y que los vehículos de transporte de comidas deberán estar equipados con un dispositivo apropiado de medida y registro de la temperatura adecuada interior.
Alexander afirma que en dos meses pasó de 93 kilos a 81 por la escasez de los platos y la pérdida del apetito El CIE de Aluche (Madrid) está compuesto por un edificio de hormigón de un naranja pálido que poco a poco ha ido perdiendo color. Contrastan las ventanas de un azul intenso que intentan dar al CIE cierto aspecto inocente, casi de escuela infantil, museo de arte moderno o una biblioteca municipal. Esa primera sensación se desvanece ante las cámaras de vigilancia que cubren todos los ángulos del primer muro, la alambrada que lo rodea y las ventanas cubiertas que ocultan el interior de las habitaciones. En el lateral izquierdo cinco internos comparten un cigarrillo en el patio, y un poco más lejos, hay una cancha de baloncesto vacía. A través del megáfono, los responsables de este CIE llaman uno a uno de los internos por números: “celda 419; 4, 1, 9, acuda al comedor”. Alexander no lo ha olvidado. El joven brasileño recuerda los turnos sin apenas tiempo para comer y con “demasiada gente” llenando las mesas. “Si yo quisiera comer todo el menú no me daría tiempo, porque tengo problemas en un diente, por lo que tengo que masticar despacio”, explica.
Este joven brasileño afirma que en dos meses pasó de 93 kilos a 81 por la escasez de los platos y la pérdida del apetito. A su parecer, las autoridades no tienen en cuenta las condiciones específicas de quien está dentro ni sus dolencias o enfermedades. Otro antiguo interno, Mohammed, de origen marroquí, suscribe que no se tienen en cuenta las necesidades de cada persona. Mohammed es musulmán y recuerda que a menudo se quedaba sin probar el segundo plato porque le servían cerdo. Mohamed es una de las personas que firmaron un manifiesto suscrito por un centenar de internos que denunciaba las condiciones en las que les servían la comida.
La experiencia de Gabriel con la comida de los CIEs va en la misma línea. Dejó su trabajo de oficial de pintura en Medellín (Colombia) y llegó a Valencia huyendo de la violencia criminal que amenazaba a su mujer y a su hija. Gabriel destaca la pésima calidad de la comida que les ofrecían en el CIE de Zapadores (Valencia) y el de Aluche. Asegura que tras mucho tiempo quejándose de la alimentación, consiguieron pequeñas mejoras, aunque siguieron con el mismo menú low-cost: “un día sí y al otro también ofrecían papas, arroz y pasta en el menú”, lejos del menú variado que exigen los pliegos de los contratos públicos y cuyo valor nutricional debe ser de 2.500 calorías diarias. Gabriel no había cometido ningún delito pero estuvo 60 días privado de libertad en un CIE, tiempo máximo que permite la legislación española.
Un negocio sin comensales: el CIE de Fuerteventura Albie, empresa especializada en servicios de restauración social, catering y vending, es la encargada de suministrar el servicio de alimentación en los CIES de Santa Cruz de Tenerife y las Palmas de Gran Canaria, y hasta 2021 en el resto de CIES del territorio nacional. Al igual que Serunion, Albie ha protagonizado múltiples escándalos en relación con su servicio de alimentación en los CIEs. El ejemplo más flagrante es el que tuvo en el CIE de El Matorral (Fuerteventura). Albie siguió recibiendo grandes sumas de dinero del Estado supuestamente para suministrar comidas al CIE de El Matorral, con la particularidad de que este CIE estaba cerrado desde 2012 y no tenía ningún interno. En otras palabras: Interior transfirió al menos 525.000 euros a Albie entre 2014 y 2017 a cambio de nada, según reveló una investigación de la Fundación Porcausa y El Confidencial. Interior puso fin a ese contrato a raíz de la información publicada, pero desde entonces Albie ha facturado más de 13 millones de euros por el suministro de comidas en otros CIEs, principalmente en Canarias. Interior no responde a las preguntas formuladas por este medio.
Que el CIE de El Matorral estuviera vacío no supuso inconvenientes para tener una partida destinada a la alimentación durante al menos tres años
En la última memoria de la Dirección General de la Policía consta que en caso de cierre temporal del CIE, se abonará a la empresa el precio mínimo garantizado por la Administración durante los seis meses siguientes y, en caso de cierre definitivo, el mínimo garantizado dejará de abonarse desde el mismo día que se acuerde dicha clausura. Sin embargo, que el CIE de El Matorral estuviera vacío no supuso inconvenientes para tener una partida destinada a la alimentación durante al menos tres años. Albie no ha accedido a responder a ninguna de las preguntas enviadas por este medio.
Actualmente Alexander, Gabriel y Mohammed se encuentran fuera de las dependencias de los CIEs de Madrid y Valencia. Cada uno sigue con su vida y ninguno de los tres ha corrido la misma suerte, pero los tres coinciden en algo y es que jamás querrían volver a pasar por un CIE y tampoco querrían volver a probar la comida en mal estado que habitualmente les sirvieron. Alexander ahora es chef y tiene que volver todos los meses al CIE para firmar, hasta que obtenga permiso de residencia. Mohammed fue expulsado a Marruecos y Gabriel fue deportado a Colombia y separado de su mujer e hija, que permanecen en España. Otras personas que pasaron por un CIE piden que no se publiquen detalles sobre su situación actual.
