La recién nombrada responsable del organismo ha mantenido un perfil abiertamente tránsfobo en sus redes sociales y se ha mostrado públicamente contraria a la autodeterminación de género, así como a la ‘ley trans’ impulsada por el anterior gabinete del Ministerio de Igualdad.
El nombramiento de Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres parece materializar el cambio de rumbo que el ala feminista del PSOE lleva tiempo queriendo acometer en el Ministerio de Igualdad, ahora bajo su mando, tras la salida de Irene Montero. Un volantazo que ha llevado a ocupar un cargo de máxima responsabilidad a esta militante del feminismo transexcluyente, algo que ha generado una enorme indignación y preocupación entre buena parte de la sociedad, temerosa de que se retroceda “todo lo avanzado”, tras años de lucha.
García ha mantenido un perfil abiertamente tránsfobo en sus redes sociales y se ha mostrado públicamente contraria a la autodeterminación de género (concepto por el cual el género de una persona debe determinarse por la identidad que declare, sin necesidad de requisitos médicos o judiciales), así como a la ley trans impulsada por el anterior gabinete.
También es reticente con la idea de “feminismo interseccional”, entendida como aquella perspectiva que defiende que la violencia que producen los imperativos de género, la etnia, la clase o la orientación sexual, están interrelacionadas. Además, emplea términos que habitualmente utiliza la extrema derecha, como “ideología de género” o “lobby trans”.
De hecho, en su cuenta de X (antiguo Twitter) se pueden leer publicaciones de este mismo año donde García afirma que las mujeres trans “no existen” o que “no son mujeres”. En definitiva, esta politóloga se revela como una activista verdaderamente preocupada por el “borrado de las mujeres”, si bien solo de un tipo de mujer muy concreto: la mujer heterosexual, como ella misma ha señalado.
Unas declaraciones por las que se ha visto forzada a disculparse, sin hacer alusión alguna a una posible dimisión. “Ante las opiniones de las últimas horas sobre mi nombramiento, lamento si alguno de mis comentarios personales hubieran podido causar alguna ofensa“, ha señalado a última hora de este viernes.
Un Gobierno progresista que pierde credibilidad entre los feminismos y el colectivo LGTBQ+
Precisamente esa idea tan constreñida de lo que significa ser mujer que tanto García como el feminismo transexcluyente defienden es lo que preocupa al resto de feministas, activistas LGTBQ+ y familias en defensa de las infancias trans. Que un organismo que tiene como objetivo impulsar y desarrollar la aplicación del principio de igualdad de trato y de oportunidades esté dirigido por una persona que niega a las mujeres trans y ejerce “violencia” contra ellas con sus comentarios y actitud, les inspira una gran “inquietud”.
“Con Isabel [García] hemos tenido relación durante los últimos años y hemos tenido enfrentamientos, no solamente en Twitter o en Facebook. Ha habido conversaciones donde ha hecho afirmaciones que para mí son violencia“, ha afirmado a Público Natalia Aventín, presidenta de la asociación EUFORIA. Familias Trans-Aliadas.
“Cuando cuestiona las infancias trans, diciendo que lo que supuestamente hacemos las familias es que cuando una niña nos dice que le gustan las niñas le decimos que es niño… Primero, nos está infantilizando, está teniendo una actitud paternalista con las familias, sobre todo con las madres, que son en el imaginario colectivo las responsables de la educación”, ha aseverado la activista.
Lo que más llama la atención a Aventín, que asegura estar “muy cabreada” con el nombramiento, es la actitud “beligerante” de García: “No es decir, ‘bueno, yo opino esto pero desde el respeto’. Ella no solamente es tránsfoba, sino que es activista de la transfobia“. Para las familias trans se trata de la gota que ha colmado el vaso de su confianza hacia el ministerio, por no hablar del Gobierno de coalición en su conjunto.
“Es la segunda legislatura donde un Gobierno supuestamente progresista nos está cuestionando”
Natalia Aventín
“Ya es la segunda legislatura donde un Gobierno supuestamente progresista nos está cuestionando. Antes fue Carmen Calvo. Espero que rectifiquen. No puede estar ahí, es completamente contraria a los derechos fundamentales. Es un altavoz para la violencia y, aunque ni ella misma sea consciente, legitima discursos como el de ‘Hazte Oír’. Con estos postulados, ¿qué más da que gobierne la extrema derecha?“, ha expresado Aventín.
En caso de que no se la revoque del cargo, aun con todas las críticas que ha suscitado, desde EUFORIA se preguntan con qué asociaciones de la sociedad civil trabajará el nuevo gabinete de Igualdad. “Si todas nos sentimos defraudadas y no tenemos confianza en la nueva ministra (Ana Redondo), ¿van a trabajar de espaldas a los movimientos sociales?“, se pregunta la asociación.
En la misma línea, Mar Cambrollé, histórica activista y presidenta de la Federación Plataforma Trans insiste en que “el mensaje que un Gobierno de progreso debe lanzar a la sociedad es que los discursos de odio hacia las personas trans no son tolerables, ni compatibles con el ejercicio de un cargo público”.
Igual de claro y contundente que la sociedad e instituciones han reaccionado con el caso Rubiales —señala Cambrollé— “se ha de actuar con quien se ha ensañado con uno de los colectivos más vulnerables, como es el de las personas trans”.
“Este mismo viernes, hemos comenzado una recogida de firmas para pedir exigir dicha revocación en la que en sólo una hora, hemos conseguido más de 1.000 adhesiones. De no ser atendida esta petición, el Gobierno pierde mucha de su credibilidad como muro de contención contra la ultraderecha y triunfará la involución“, ha añadido.
Por su parte, desde la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid aseguran “no comprender” el nombramiento de García:
“No lo entendemos después de todas las movilizaciones que ha habido en las que se ha mostrado que una parte importante de la sociedad apoya las reivindicaciones del movimiento feminista, que incluyen, como no podría ser de otra forma, los derechos de todas las mujeres”.
“Seguiremos en las calles, luchando contra todos los discursos que nos niegan, vengan de donde vengan, y vigilantes sobre cualquier intento de dar un paso atrás en nuestros derechos y en los derechos de las personas trans, concretamente”, ha declarado la organización.
Presión pública o acciones legales
Para Saúl Castro, abogado especialista en derechos LGTBQ+, el nombramiento de García no es sino una declaración de principios que establece cuáles son las líneas rojas del nuevo ministerio y “trata de atraer a ese potencial electorado tránsfobo del PSOE que en el último año se ha ido desplazando hacia el PP”.
Pero no se trata de una maniobra “alarmante” solo a nivel simbólico, sino que también tendrá una “enorme” trascendencia material, a juicio de Castro. Al fin y al cabo, García deberá encargarse de tutelar los estudios, medidas y creación de políticas públicas dirigidas a analizar la situación de las mujeres en todos los ámbitos para paliar las discriminaciones.
“Poner a una persona que niega la existencia de las mujeres trans, que niega la legitimidad que tienen las mujeres trans para ser sujetos políticos en esta sociedad y para poder recibir una atención y una garantía como mujeres, me preocupa; pues eso implica que todas las acciones que va a llevar a cabo no van a contemplar a las mujeres trans como posibles el sujetos en las políticas públicas contra esa discriminación”, ha lamentado Castro.
Aunque no pierde la esperanza de que la presión pública sea escuchada y García sea cesada de la dirección del Instituto de las Mujeres, Castro apunta que existe una opción legal que podría forzar su salida.
“¿Qué se puede hacer? Interponer un recurso contencioso administrativo contra su nombramiento por infringir el artículo 2 de la Ley 3/2015. Este artículo establece que los altos cargos nombrados por el Consejo de Ministros tienen que reunir honorabilidad y debida formación y experiencia. Su idoneidad, además, ha de valorarse en relación con la función que ha de desempeñar”, ha detallado el experto.
Se trata de un recurso que solo pueden interponer asociaciones legítimamente interesadas y disponen de un plazo de dos meses para presentarlo. “Yo creo que es una opción que no se puede descartar y que no deberíamos de descartar. Obligaría a los tribunales a posicionarse sobre si una persona que mantiene un discurso así contra las personas trans puede ser una persona óptima e idónea para estar en organismos de lucha por la igualdad“, ha concluido Castro.
Fuente: Público
