La comunidad trans peruana está en alerta. El Ministerio de Salud (MINSA) emitió el 10 de mayo un decreto que considera a la identidad trans como un padecimiento mental. De esta manera, dicen, podrán pedir cobertura de salud. Esto contradice la nueva clasificación de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, CIE-11 (2018), que reemplazó a la CIE-10. de 1990.
“Esta medida del MINSA lo que tiene detrás es toda una política de exterminio de las personas trans. Buscan clasificarnos como enfermas para no darnos ciudadanía en este país. No darnos cambio de nombre, no darnos derecho al trabajo, no darnos derecho a la identidad. Esto que ha hecho el Ministerio de Salud fomenta la violencia hacia las personas trans, porque quiere contribuir con la narrativa de que no somos personas sujetas de derecho, quiere colocarnos como personas enfermas”, explica Leyla Huerta, presidenta de la organización de mujeres trans, Féminas Perú.
La comunidad LGBTIQ+ exige acciones concretas
La polémica desatada el pasado viernes, 10 de mayo, hizo que diversas organizaciones LGBTI+ se pronunciaran a través de redes sociales. El Ministerio de Salud contestó con este comunicado al día siguiente:
Sin embargo, Manuel Siccha, abogado e integrante de la comunidad LGBT, hace hincapié en que esta expresión de rechazo a la estigmatización de la diversidad de género y sexualidad debe respaldarse con acciones concretas que protejan los derechos y la dignidad de las personas LGBTIQ+.
“Instamos al Congreso de la República a ejercer su función fiscalizadora y requerir al Despacho Ministerial de Salud información detallada sobre las salvaguardas implementadas para evitar la patologización y garantizar una atención integral y respetuosa para las personas LGBTI en el sistema de salud peruano. Además, cabe la propuesta para que desde la Comisión de Salud del Congreso se abra un espacio de evaluación y debate sobre esta normativa con actores importantes tanto del lado técnico, político como del lado de sociedad civil que debió ser convocada y consultada”, detalla Manuel.
Acciones a futuro
Los diferentes colectivos, organizaciones y activistas de la comunidad se han reunido y han determinado dos acciones. Primero, pedir la derogación de este documento oficial. Segundo, pedir que el Sistema Nacional de Salud se actualice e implemente el CIE-11, acciones que irán acompañadas de movilizaciones en las calles.
“Es imperativo que se considere la actualización del sistema de clasificación al CIE-11, que se alinee con estándares internacionales y refleje de manera precisa y no estigmatizante la diversidad de experiencias de género y sexualidad”, puntualiza Manuel Siccha.
Estas acciones se suman a las que actualmente pide la comunidad trans, como una Ley de Identidad de Género o el acceso a Salud Integral Trans.
¿Este decreto supremo beneficia a las personas trans?
Diferentes especialistas de la salud peruanes han comentado a través de redes sociales que el contenido detallado del Decreto Supremo Nº 009-2024-SA es beneficioso para la comunidad trans, ya que ahora podrán recibir tratamiento hormonal gratuito. Sin embargo, esta aparente acción positiva tiene un gran costo legal y social, puesto que le da a los antiderechos LGBT un argumento oficial para decir que las personas trans sufren un trastorno mental debido a su identidad de género.
De esta manera se verían truncados los procesos judiciales de cambio de sexo y nombres en el Documento Nacional de Identidad. Tendrían problemas para acceder a un trabajo formal, además de exponerlas a maltrato por parte de los profesionales de la salud que atienden en los centros médicos a nivel nacional.
Más preocupante aún es que esta acción por parte del Estado le ha abierto la puerta a las llamadas ‘terapias de conversión’. Ya que bajo la excusa de que “necesitan ser curadas”, las personas trans podrían ser sometidas a tratamientos violentos y deshumanizantes que en la actualidad son considerados como tortura por los organismos internacionales de derechos humanos.
Fuente: Presentes LATAM
