El Ministerio de Finanzas ghanés advierte de las posibles pérdidas millonarias tras la aprobación de esta controvertida ley
La semana pasada, el Parlamento de Ghana aprobó una controvertida legislación que prohíbe la promoción, defensa y financiación del colectivo LGBTIQ+. Esta normativa, que cuenta con el respaldo de los dos principales partidos políticos del país, impone condenas desde seis meses a tres años de prisión para aquellas personas que se identifiquen como miembros del colectivo, y de tres a cinco años de cárcel para promotores o patrocinadores de cualquier tipo de actividad LGBTIQ+.
La noticia ha generado un rechazo inmediato por parte del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien condenó la legislación por discriminar a personas LGBTIQ+ “simplemente por ser quienes son“.
La aprobación de la ley anti-LGBTIQ+ en Ghana ha suscitado una respuesta contundente a nivel internacional, con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos liderando las críticas. En un comunicado oficial, Volker Turk ha expresado su fuerte oposición a la legislación, señalando que condena a personas LGBTIQ+ por existir.
Sus palabras resonaron en el ámbito internacional al denunciar que la ley viola normas y estándares internacionales, exponiendo a las personas afectadas al odio, abuso policial, torturas y discriminación.
Otras organizaciones de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, también se unieron a la condena para expresar su profunda preocupación por las implicaciones de la nueva normativa. La ley, que representa un retroceso en los derechos y la inclusión, ha generado una ola de solidaridad en defensa de los derechos LGBTIQ+ en todo el mundo.
La reacción internacional destaca la importancia de los valores universales de derechos humanos y la necesidad de abordar la discriminación basada en la orientación sexual e identidad o expresión de género.
Este repudio global subraya la presión que enfrenta el gobierno de Ghana no solo desde el ámbito económico, sino también desde la perspectiva de los derechos humanos en el ámito internacional.
Sin embargo, este lunes 4 de marzo, el Ministerio de Finanzas de Ghana ha emitido un comunicado que podría cambiar el rumbo de esta situación. En el mismo, se exige al presidente Nana Akufo-Addo que no ratifique la ley, argumentando que la aprobación ha generado reacciones negativas de socios de desarrollo, poniendo en riesgo hasta 3.800 millones de dólares en financiación del Banco Mundial en los próximos cinco años.
Advierten que esto afectaría las reservas en divisas extranjeras y la estabilidad de la tasa de cambio, impactando negativamente en la capacidad del Gobierno para alcanzar los objetivos presupuestarios de 2024.
Además, el Ministerio de Finanzas también ha instado a la Presidencia a entablar conversaciones estructuradas con fuerzas conservadoras locales, incluyendo organismos religiosos y organizaciones de fe, para comunicar las implicaciones económicas de la ley y construir una coalición más fuerte. Proponen también dialogar con países conservadores para obtener recursos y llenar posibles vacíos de financiación.
En este contexto, el Ministerio sugiere que el presidente podría tener que aplazar su consentimiento hasta que los tribunales se pronuncien sobre las apelaciones. Aun así, la noticia ha intensificado la tensión entre las decisiones políticas y las implicaciones económicas, dejando en evidencia la complejidad de la situación en Ghana en relación con los derechos LGBTQ.
