El fuego ha arrasado 200 chabolas, algunas aún en construcción, tras el incendio registrado el pasado mayo en la misma zona. Se trata de una situación endémica de vulneración de Derechos Humanos aún sin solución por parte de las instituciones.
Un nuevo incendio ha arrasado en la noche de este domingo, 25 de septiembre, un asentamiento de jornaleras de los campos de fresa cercano al Polígono San Jorge de Palos de la Frontera (Huelva). El siniestro sucede pocos meses después del último caso similar en la misma zona el pasado mayo.
El fuego ha calcinado 200 chabolas, muchas de ellas en proceso de construcción tras el incendio de hace cuatro meses, y varias personas han sufrido lesiones leves, según informa el 112. El incendio del pasado mayo, según comentó el subdirector de Operaciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva, Joaquín Marfil, “calcinó el 80% de las chabolas”, por lo que este nuevo incidente vuelve a mermar el asentamiento donde viven cientos de trabajadoras del sector agrícola onubense.
El Ayuntamiento de Palos de la Frontera, presidido por el PP, ha achacado este caso a “una riña” entre habitantes del asentamiento. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha anunciado la mañana del lunes la detención de una mujer como presunta autora de los hechos. Lejos de ser un caso aislado, los incendios en los asentamientos han devenido un problema endémico, derivado de la situación de falta de acceso a la vivienda de las personas que trabajan en el campo onubense. Anualmente se dan en los más de 30 asentamientos que se encuentran en la provincia relacionados con el cultivo de la fresa varios incidentes de este tipo a consecuencia de los materiales inflamables con los que se construyen las chabolas y la situación de desamparo en el que se encuentra esta población.
Según el informe Asentamientos 2022, realizado por la federación Andalucía Acoge, el 90% de las personas que viven en este tipo de agrupaciones de infravivienda “tienen enormes dificultades para acceder a un alojamiento” por cuestiones de discriminación. Esta situación de vulneración de los Derechos Humanos compone “una parte parte de un modelo de negocio de algunas explotaciones agrícolas basado en la explotación de trabajadores y trabajadoras para maximizar los beneficios”. “Sin ser la mayoría”, continúa el texto, “sí supone un número importante que hace que miles de personas vivan en unas condiciones de semiesclavitud”.
Instituciones y colectivos en favor de los Derechos Humanos llevan años denunciando la situación en los campos de fresa de Huelva sin encontrar una respuesta por parte de las instituciones locales, andaluzas y nacionales. El pasado junio, el consejo Europeo, a través del Grupo de Expertos en Acción contra la Trata de Seres Humanos (GRETA), denunciaba esta inacción de las administraciones e insistía en alertar de que los “trabajadores inmigrantes del asentamiento podrían considerarse víctimas de explotación laboral e incluso de trata de seres humanos”.
“A menudo trabajan por encima del límite legal español de horas de trabajo y cobran por debajo del salario mínimo, o a veces no cobran nada”, añadía.
Las Jornaleras de Huelva en Lucha, que llevan desde 2020 denunciado la situación de las trabajadoras de las fresas, se han preguntado en sus redes sociales: “¿Qué tiene que pasar para que se le dé solución habitacional a lxs trabajadorxs del fruto rojo?”
Fuente: Aurora Báez Boza para El Salto Diario
