La violencia en el Chocó se intensifica: cinco jóvenes indígenas embera desaparecieron tras ser retenidas por el Clan del Golfo. Organizaciones feministas exigen acciones urgentes para frenar el abuso y proteger a las mujeres.
La situación humanitaria en el departamento del Chocó ha alcanzado niveles alarmantes, particularmente en las comunidades indígenas y rurales. La violencia sistemática, la precariedad y la constante intimidación por parte de grupos armados ilegales han puesto en riesgo la vida de cientos de personas, especialmente mujeres y niñas.
El 11 de septiembre, organizaciones de mujeres y colectivos feministas denunciaron un caso escalofriante que subraya el deterioro de los derechos humanos en la región.
Según las denuncias, miembros del Clan del Golfo irrumpieron en una comunidad indígena embera, obligando a las mujeres a bailar para ellos como un acto de intimidación y abuso de poder. Lo que comenzó como una situación humillante, pronto se tornó en un horror absoluto.
Cinco mujeres, cuyas edades oscilan entre los 14 y 19 años, fueron retenidas mientras intentaban escapar en la oscuridad de la noche. Las víctimas, identificadas como Merina Forastero Isarama, de 14 años; Yamilda Forastero Isarama, de 18; Enerita Forastero, de 14 años; Clara Chamorro Morroco, de 19; y Yorleydi Chamorro Morroco, de 15 años, permanecen desaparecidas, y su paradero es incierto.
Estos actos de violencia no son casos aislados. Las organizaciones feministas señalaron que el departamento ha sido escenario de un creciente deterioro social y humanitario.
En lo que va de 2024, se han registrado 108 homicidios en el Chocó, todos atribuidos a grupos armados ilegales y, en su mayoría, al Clan del Golfo. Esta alarmante cifra ha generado preocupación en todos los sectores sociales y políticos. Incluso, el alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños Pino, se vio obligado a trasladarse a Bogotá para solicitar intervención urgente por parte del Gobierno nacional, ya que las acciones locales han resultado insuficientes ante el poder de las bandas delincuenciales.
La Defensoría del Pueblo ha emitido repetidas alertas sobre la situación de las mujeres en el Chocó. Tras varias visitas a comunidades afectadas, como Río Uva, Nuevo Olivo y Alto Río Bojayá, la Defensoría destacó la grave situación que enfrentan las mujeres en esta región, víctimas de extorsión, acoso sexual y otros ultrajes. El patrón de abuso parece ser constante y generalizado, y en muchos casos, las mujeres temen incluso hablar de los hechos, pues saben que sus vidas correrían peligro.
Frente a este panorama, las organizaciones denunciantes han solicitado acciones concretas y urgentes. Exigen la reactivación de los acuerdos humanitarios, un cese al fuego inmediato y el establecimiento de mesas de diálogo entre el Gobierno y los actores armados. Entre sus demandas más destacadas está el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, especialmente en lo que respecta a la protección de las mujeres y niñas.
Además, las organizaciones han instado al Gobierno a priorizar al Chocó dentro de su política contra la violencia de género, tal como establece el Plan Nacional de Desarrollo. Según las denunciantes, es urgente que se implementen medidas para prevenir, judicializar y sancionar los crímenes basados en género, para garantizar la seguridad y protección de las mujeres en todo el departamento.
Otro de los puntos claves es la creación de un canal de diálogo directo entre los colectivos de mujeres y el Gobierno nacional, con el fin de integrar sus voces en los procesos de negociación para la paz. “Las mujeres somos titulares del derecho a la paz, nuestras voces son necesarias para la construcción de una paz duradera y una verdadera democracia”, destacaron en su comunicado.
No solo las mujeres han alzado la voz en Chocó. Los jóvenes de Quibdó también han protagonizado movilizaciones, clamando por su derecho a vivir en paz y construir un futuro sin violencia. En sus manifestaciones, han dejado claro que no quieren ser etiquetados como “la generación del futuro”, ya que el presente les pertenece, y su derecho a una vida sin guerra es innegociable.
Las organizaciones feministas y de derechos humanos aseguran que “La Paz Total es el horizonte”. Esta consigna, que refleja el anhelo de una solución integral y definitiva al conflicto armado, subraya que la paz no es solo un acuerdo entre actores armados, sino un derecho fundamental de toda la población civil, en especial de las mujeres y niñas que han soportado décadas de violencia e impunidad.
El llamado a la acción por parte de las organizaciones feministas es claro: se necesita la intervención decidida del Gobierno nacional y la comunidad internacional para poner fin a la tragedia que se vive en Chocó.
Fuente: El Colombiano
