Las familias de cuatro niños afroecuatorianos exigen justicia luego de que fueran detenidos, golpeados y desaparecidos por militares. Organizaciones de la sociedad civil denuncian una violación grave a los derechos humanos y un patrón de racismo institucional.
El caso de la desaparición de cuatro menores afroecuatorianos en Guayaquil ha puesto al descubierto una nueva tragedia de violencia, perfilamiento racial y abuso de poder en el país. Los niños, quienes fueron detenidos, golpeados y posteriormente desaparecidos por miembros de las Fuerzas Armadas, se desconoce su paradero desde el 8 de diciembre, a pesar de las denuncias presentadas por las familias y las organizaciones de derechos humanos. Este caso ha desatado una ola de protestas y llamados a la justicia, mientras expertos en derechos humanos aseguran que lo ocurrido constituye una desaparición forzada, un crimen de lesa humanidad.
Según el testimonio de la familia y los informes disponibles, los cuatro niños, de entre 11 y 14 años, fueron detenidos por militares el 8 de diciembre mientras jugaban al fútbol cerca del Mall del Sur en Guayaquil. Después de ir a una panadería a comprar, fueron interceptados por soldados que realizaban un operativo en el barrio. Los militares dispararon al aire para intimidarlos, los golpearon y los subieron a una camioneta antes de llevárselos a la Base Militar de Taura, donde los abandonaron más tarde, golpeados y desnudos, alrededor de las 10 de la noche, según la denuncia del padre de uno de los menores.
En videos difundidos por Ecu 911, se puede observar cómo los niños fueron golpeados y tratados de manera violenta por los uniformados. Ismael, uno de los menores, le comentó a su padre en su última llamada: “Papá, los militares nos cogieron en el Mall del Sur. No estábamos haciendo nada. Se bajaron como locos, nos persiguieron, hicieron disparos al aire. Nos maltrataron y nos dejaron botados por allá desnudos.”
Tras la liberación de los menores, la familia se enteró por una llamada anónima que los niños habían sido dejados cerca de la Base Militar de Taura. Sin embargo, el relato del padre señala que alguien le advirtió que si había contactado a la policía, las “mafias” se habrían llevado a los niños. Esta desaparición forzada es precisamente lo que el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil, junto con las familias, ha denunciado ante organismos internacionales. Las familias presentaron una demanda de habeas corpus y solicitaron una acción urgente al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU.
De acuerdo con la definición de la ONU, una desaparición forzada es un acto en el que agentes del Estado (o personas con su respaldo) detienen a una persona sin reconocer oficialmente su detención o sin revelar su paradero, impidiendo que la víctima pueda ser protegida por la ley. Este es un crimen grave que no prescribe y debe ser castigado por la justicia internacional.
Las organizaciones sociales y activistas de derechos humanos han señalado que este caso no es aislado, sino que forma parte de un patrón de violencia racial que afecta a las comunidades afrodescendientes. Los operativos militares y policiales frecuentemente están marcados por un perfilamiento racial, que coloca en mayor riesgo a las personas afroecuatorianas, sobre todo en barrios empobrecidos. Este caso expone una vez más el racismo estructural, y el perfilamiento racial, que persiste en las políticas de seguridad pública del gobierno ecuatoriano, especialmente en las zonas de mayor concentración afroecuatoriana.
A pesar de las demandas de justicia, los principales funcionarios del gobierno han restado importancia al caso. Jaime Vela, jefe de las Fuerzas Armadas, Víctor Zárate, comandante de la Policía, y otros altos cargos, se pronunciaron sobre el incidente calificándolo como una situación “lamentable” pero “no vinculada al crimen organizado”, minimizando así la gravedad de lo sucedido. Esta postura ha sido rechazada tanto por las familias de los menores como por organizaciones de la sociedad civil, quienes sostienen que esta es una clara violación de derechos humanos y un caso de desaparición forzada por parte de agentes del Estado.A
A su vez, diversas organizaciones sociales y movimientos de derechos humanos han convocado plantones en varias ciudades, exigiendo respuestas inmediatas del gobierno. Los plantones se realizarán bajo la consigna “Vivos los Queremos”, buscando visibilizar la situación de los niños y presionar para que el gobierno tome cartas en el asunto. Hoy, 23 de diciembre, se llevarán a cabo estas manifestaciones en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato, y se esperan miles de personas demandando justicia y visibilidad para el caso.
La desaparición de estos cuatro menores no sólo representa una tragedia para sus familias, sino un recordatorio urgente de cómo las políticas de seguridad pública afectan diferencialmente a las personas negras mediante el perfilamiento racial, y desconocen los derechos humanos y la no discriminación.
“Este caso no es un accidente ni un hecho aislado. Es un reflejo de un sistema que oprime y margina a las comunidades afrodescendientes. ¡Exigimos justicia y la aparición con vida de los niños!” concluyó uno de los activistas en la última manifestación.
