El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, vuelve este miércoles al Congreso de los Diputados para dar de nuevo explicaciones sobre la gestión que hizo su departamento durante la tragedia de la valla de Melilla en la que murieron, al menos, 23 inmigrantes.
Lo hará con la gran mayoría del hemiciclo –a excepción del PSOE– en su contra: por un lado, los socios parlamentarios habituales del Gobierno le pedirán más explicaciones ante las supuestas contradicciones del ministro durante los cinco meses que han transcurrido desde el suceso; por el otro lado, la oposición pide directamente su “inmediata” dimisión.
Fuentes ministeriales aseguran que Marlaska acude preparado –con el mismo discurso que viene manteniendo– para el envite que le espera al término de la sesión de control al Gobierno. Ni el documental de la BBC que volvió a sacar a relucir el caso, ni las primeras conclusiones del Defensor del Pueblo y ni un nuevo trabajo periodístico conocido hoy han hecho cambiar un ápice la versión de Interior.
Y esta es: la actuación de la Guardia Civil para neutralizar el salto masivo “violento” fue “absolutamente proporcional, profesional y ajustada a derecho”, el trabajo de los agentes “no tuvo ninguna incidencia” en los fallecimientos y “ninguna muerte tuvo lugar en territorio nacional”.
Así lo ha mantenido y así lo seguirá haciendo, según explican las mismas fuentes consultadas este martes después de que, primero, la comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa haya afeado la falta de vías seguras para el acceso al asilo en Melilla y, horas más tarde, varios medios de comunicación bajo el consorcio de Lighthouse Reports hayan puesto en duda la versión oficial de la tragedia.
A lo primero, Interior ha respondido diciendo que el pasado año registró y tramitó 1.999 solicitudes de asilo presentadas fuera de territorio nacional. Con respecto a lo segundo, el departamento que dirige Marlaska ha lamentado que “se difundan hipótesis y conjeturas que carecen de cualquier base probatoria seria”.
Lo más novedoso del trabajo periodístico es que sitúa a un migrante fallecido en suelo español. Una afirmación a la que llega el consorcio tras las declaraciones de uno de los 35 testigos entrevistados.
Esta persona identifica a un amigo como el fallecido que se ve en el vídeo, en el que se muestra a los agentes gendarmes arrastrándolo a suelo marroquí desde la zona en la que se produjo la avalancha. Dicha zona está identificada por el documental como español, en consonancia con el de la BBC. Interior la llama “zona operacional conjunta”.
“Este artículo no desvirtúa en ningún momento la realidad de los hechos”, han trasladado desde Interior, desde donde volvieron a criticar que “determinados partidos políticos traten de instrumentalizar” la tragedia “recurriendo a especulaciones periodísticas”.
El PP asegura que “todas las vías” están abiertas si finalmente el ministro no dimite
Ha sido desde el Partido Popular desde donde se han mostrado más virulentos contra el ministro del Interior, a quien han exigido dimitir antes de medianoche.
Y si no lo hace, han instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cesarlo. Las últimas palabras que el líder del Ejecutivo pronunció sobre este asunto fueron para realizar un cierre de filas en torno a su ministro que, tal y como verbalizó, cuenta con su “absoluta confianza”.
En rueda de prensa en la sede nacional de los populares, el vicesecretario de Institucional, Esteban González Pons, ha insistido en que no cree que “la democracia española se encuentre tan débil después de lo conocido” –en referencia a la publicación del consorcio–.
Desde el PP dicen que “todas las vías” están abiertas si finalmente el ministro no dimite. Entre ellas, una comisión de investigación en el Congreso. La semana pasada, junto al PSOE y Vox, bloquearon la que estaba registrada.
Fuente: La Vanguardia
