Dentro del derecho internacional, la desaparición forzada constituye una grave violación a los derechos humanos. El reciente caso de #Los4deGuayaquil representa una coyuntura urgente para reflexionar en torno a la desaparición forzada de infancias y adolescencias afrodescendientes en América Latina. Este es un recorrido sobre algunos casos emblemáticos de la región, donde infancias y adolescencias afrodescendientes han perdido la vida en contextos de militarización, desaparición forzada y violencia policial. Desde el Cono Sur, la zona andina hasta el norte, los casos recopilados en este reportaje proporcionan un panorama sobre la delicada situación de riesgo a la que están expuestas las infancias y adolescencias afrodescendientes de nuestra región.
El racismo es, entre muchas otras cosas, una cultura permanente de odio orientada a la aniquilación de los cuerpos. Es un odio histórico e incompresible que moldea los imaginarios y determina las conductas donde se cultiva, minuciosamente, el deseo de suprimir la vida. Algunas veces no se odia por conocimiento, sino por preconcepto. El racismo mantiene su vigencia gracias a su maleabilidad. En las coyunturas actuales, los argumentos de securitización permiten elaborar permisividades siniestras: desaparecer, torturar y matar, por ejemplo. Las comisiones de delito en las que incurren los aparatos estatales siguen revelando el aspiracionismo civilizatorio de los gobiernos capitalistas.
#Los4deGuayaquil, el más reciente caso de desaparición forzada que involucra infancias y adolescencias afrodescendientes con violencia militar abre una discusión imperiosa que ha estado marcada por el silencio estratégico del racismo estructural y estadístico. Se trata de los infanticidios y juvenicidios afrodescendientes ocurridos en contextos de militarismo, crimen organizado, pobreza, desplazamiento, entre otros. Toda vez que los asesinatos, los tratos crueles y torturantes, así como las desapariciones, intensifiquen la revictimización no sólo de las identidades individuales, sino también colectivas y políticas, se hace preciso indagar en los impactos psicosociales de la violencia racista. Ningún esencialismo puede justificar la crueldad y el terror al que son sometidos los cuerpos racializados. Ninguno.
A continuación, los casos que se revisarán tienen como hilo conductor cuestiones etarias, étnicas, violencia sistémica y omisiones institucionales con un desenlace trágico: muertes, masacres; impunidad. Hablar de infanticidios y juvenicidios afrodescendientes se coloca una responsabilidad ineludible ante el papel de estado como principal garante del derecho a una vida libre de violencia. Es un atajo pues, para reducir las posibilidades de que lo “estructural” absorba los principios de intolerancia y guerra sobre los que se erige la imaginación política racista del estado.
Ecuador (2024)
El 2024 estaba culminando. En el último mes del año, cuando la hiper circulación de narrativas sobre el amor, el agradecimiento y la esperanza de que algo mejor puede depararnos, cuatro niños afrodescendientes desaparecieron en Guayaquil, Ecuador. El 8 de diciembre de 2024 fue la última vez en que se vio con vida a Ismael y José Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, cuando fueron arbitrariamente detenidos por agentes militares que les acusaron de robo.
A partir de ahí se perdió comunicación con los cuatro menores de edad, dificultando su localización. Ante la exigencia por la presentación con vida de Ismael, José, Nehemías y Steven, las instancias competentes dieron una respuesta apática: Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas declaró que la Fuerza Pública no estaba involucrada en ninguna operación, luego, Gian Carlo Loffredo, ministró de Defensa de Ecuador no sólo rechazó la participación directa e indirecta de las fuerzas armadas, sino que además, calificó el caso como una “instrumentalización política” para desprestigiar la labor del Ejército en la lucha contra el crimen organizado.
Tras 18 días de angustia y exigencias al estado para la aparición con vida de los cuatro muchachos, el 24 de diciembre en las proximidades de la Base Aérea De Taura, se confirmó el hallazgo de unos cuerpos quemados. Eran los de Ismael, José, Nehemías y Steven.
Además, los familiares de las víctimas declararon que el proceso de reconocimiento de los cuerpos fue doblemente doloroso, dado que presentaban signos de tortura. Algunos, incluso, fueron desmembrados y cercenados. Hasta el momento, 16 militares se encuentran en prisión preventiva y el esclarecimiento de los hechos es, aún, inconcluso. El 2 de enero de 2025, durante una rueda de prensa, el primer ministro de Gobierno, José de la Gasga, solicitó que no se calificara este hecho como un “crimen de Estado” ni de “lessa humanidad”, dado que la fiscalía general ha comenzado con la investigación correspondiente por el delito de desaparición forzada. En su argumento, el primer ministro del Gobierno insistió en que el estado ecuatoriano versa su respuesta en el marco de la agenda por la no impunidad y la justicia.
La respuesta del estado ha sido, además de indolente, negligente y en buena medida, el hecho de que no exista un posicionamiento más sólido se debe a que eso significaría un cuestionamiento frontal a la política militarista impulsada por el actual primer mandatario, Daniel Noboa. No existirá reparación efectiva, mientras se mantengan los sesgos militaristas y de empobrecimiento sistemático.
Colombia, (2020)
Era el primer año de la pandemia. Medidas como el toque de queda, el aislamiento y la prohibición de conglomeraciones habían aparecido como las acciones más inmediatas para detener la propagación del virus. No era difícil atestiguar cómo esos planes de gestión sanitaria fácilmente dieron margen a abusos de poder y violaciones de derechos humanos que se expresaban mediante amedrentamientos, extorsiones, acoso o persecuciones constantes, siempre en nombre de la salud y el “cuidado” colectivo.
El 11 de agosto de 2020, cinco adolescentes entre los 14 y los 16 años, fueron torturados y masacrados, sus cuerpos aparecieron en unos cañizales del Barrio de Llano Grande en Cali, de donde eran originarios. Pertenecían, además, a familias que habían sido desplazadas por el conflicto armado.
Las primeras elucubraciones, apelaron al estereotipo y la revictimización para decir que los menores estaban involucrados con el crimen organizado. No era verdad. Con la exigencia social enardecida, la investigación en dar respuestas. Se concluyó que Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas fueron asesinados por una persona que no tenía vínculos con la policía, pero, sí un historial criminal nada loable.
#Los5deLlanoVerde reactivaron la discusión sobre la violencia que enfrenta el pueblo afrocolombiano ante la presencia de grupos armados y de crimen organizado. No hay inocencia en un estado incapaz de evitar los asesinatos contra niños y jóvenes cuyas condiciones de vulnerabilidad se ven exacerbadas por la incapacidad de pacificar, mediar y, en un plano utópico, erradicar la presencia de micropolíticas de terror. Ningún niño merece crecer entre la guerra, mucho menos morir a causa de ella.
Brasil, (2021)
El 27 de diciembre del 2020, Alexandre da Silva, Lucas Matheus y Fernando Henrique, de 10, 8 y 11 años, respectivamente, desaparecieron en la favela de Castelar, em Belford Roxo, Rio de Janeiro. Salieron a jugar fútbol y no regresaron. Los familiares relataron que los niños solían salir a jugar y regresar a la hora del almuerzo, por lo que prontamente se preocuparon una vez que nos los vieron llegaron en el horario habitual. Comenzaron a buscarlos sin tener éxito. Se acercaron a la policía para solicitar la activación de los protocolos correspondientes que permitieran su pronta localización con vida, tampoco tuvieron éxito.
De acuerdo con Fransergio Goulartm, miembro de la Coordinación Ejecutiva de la Iniciativa Derecho a la Memoria y la Justicia Racial- Baixada, la Baixada Fluminense es una de las regiones de Rio de Janeiro con más índices de desaparición de personas, además de que la mayoría de la población es negra.
Ante la resistencia del estado brasileño para proporcionar una atención oportuna a las familias de los niños desaparecidos, diversas organizaciones se sumaron a la búsqueda e, incluso, realizaron una protesta frente a la iglesia de Belford Roxo.
Aunque la polícia había declarado la apertura de una investigación, el proceso de esclarecimiento fue bastante lento y plagado de omisiones e inconsistencias. La más preocupante, fue que desde el inicio las familias habían solicitado la revisión de distintas cámaras de seguridad con la intención de identificar si habían sido captados por una o varias y, con ello, trazar rutas de búsqueda y convocar las comparecencias necesarias de posibles responsables, sin embargo, obtuvieron una respuesta negativa. No fue sino hasta marzo del 2021, cuando la policía incluyó, como parte de un avance de investigación, la captura de una cámara de seguridad. Luego de que la Delegación de Homicidios de Baixada Fluminense (DHBF) hubiera declarado la revisión de aproximadamente 40 dispositivos de seguridad sin que alguno arrojara alguna prueba útil para el esclarecimiento del caso. Habían pasado tres meses y la única respuesta que las familias tenían era una imagen que había llegado tarde, muy tarde.
En julio del 2021, la policía civil de Rio de Janeiro concluyó el caso con un hipótesis poco contundente: los niños habían sido secuestrados por traficantes de drogas, quienes los ejecutaron. A uno de ellos le infringieron actos de tortura. Los resultados determinaron la aprehensión de un presunto responsable, identificado por Wesley Rodrigues Freitas, también conocido como “Poca Pierna”, a quien detuvieron gracias al testimonio de Jonathan dos Santos de Paula. La versión que se dio a conocer fue que los niños habían robado una jaula de pájaros y, por ello, habían sido raptados por “Poca Pierna” para luego ser asesinados. Empero, los cuerpos de los niños nunca aparecieron.
La resolución del caso de las #CriançasDeBelfordRoxo no representa ningún mérito toda vez que el proceso de búsqueda y esclarecimiento estuvo permeado por una respuesta estatal deficiente. Hay cierto carácter de reiteración en lo que a la presencia de las fuerzas policiales y militares respecta: o terminan involucrados en la comisión de delitos con agravantes o bien, entorpecen y ralentizan los procesos de investigación. ¿Qué otra prueba necesitamos para entender que la militarización y la securitización son políticas de la crueldad explícitamente anti-negras?
Venezuela, (2016)
El 15 de octubre del 2016, durante un despliegue de la “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) en el municipio de Miranda, elementos del Batallón Caribe del Ejército ejecutaron detenciones arbitrarias contra al menos 40 hombres, entre los 15 y 30 años. Afrodescendientes, campesinos y cabezas de familias.
Inmediatamente, sus familiares comenzaron la búsqueda sin tener respuestas. La OLP es una estrategia de seguridad nacional enfocada para combatir los índices de criminalidad, sin embargo, desde su implementación, ha estado vinculada con diversos casos de violaciones graves de derechos humanos caracterizados por la desaparición forzada, la detención arbitraria, la criminalización y la tortura.
De acuerdo con la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la falta de causales y evidencia exponían el carácter arbitrario de las detenciones ejecutadas por los elementos militares.
Seis días después, el 21 de octubre, 8 jóvenes fueron liberados, presentando signos de tortura y habiendo firmado documentos en contra de su voluntad. Aún se desconocía el paradero de los otros implicados.
Gracias al posicionamiento del Secretario Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), emitida el 7 de noviembre, las autoridades venezolanas fueron instadas a tomar cartas en el asunto para dar con el paradero de los desaparecidos por la “OLP”. Pero no fue sino hasta el 25 de noviembre cuando el hallazgo de fosas comunes en Barlovento por la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar dio una respuesta poco esperanzadora: los desaparecidos ahora estaban muertos.
Con el reconocimiento de los cuerpos, se concluyó que las víctimas habían sido asesinadas. La versión oficial sostuvo que la OLP no tenía ninguna relación con los hechos, dado que la masacre había sido por causa del paramilitarismo colombiano y el crimen organizado; en contraste, diversos testimonios apuntaban que la OLP había irrumpido en los domicilios y había actuado en total detrimento de los derechos.
El 16 de septiembre de 2020, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, documentó “Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieron arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaba el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.”
La #MasacredeBarlovento se suma a los casos de impunidad donde ni fuerzas armadas ni titulares de dependencias de gobierno, son sometidos a procesos de enjuiciamiento para esclarecer sus niveles de participación y responsabilidad.
El racismo anti-negro, por lo tanto, continúa manifestándose mediante la institucionalización de la tortura y el odio racial. La eficacia de los estereotipos, así como el empobrecimiento y la criminalización dan lugar a que las prácticas privativas de la libertad, de castigo público y de sufrimiento sean focalizadas contras personas, pueblos y comunidades afrodescendientes. Para víctimas y sobrevivientes, los efectos psicosociales de estas violencias merman las posibilidades de acceder a la justicia y, sobre todo, a la reparación del daño.
Estados Unidos, (2014)
El servicio de emergencia 911 de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, recibió una llamada alertando sobre la presencia de un joven con una pistola en el Cudell Recreation Center. Los agentes Timothy Loehmann y Frank Garmback, acudieron al lugar referido. Timothy jaló el gatillo de su arma para matar a Tamir Rice, un niño afroamericano de 12 años que portaba una pistola de juguete.
En sus declaraciones, los policías mencionaron que previamente le habían hecho tres llamados de atención al niño, pidiéndole que dejara el arma. Ante la desobediencia, Timothy disparó. Después de eso se percataron de que se trataba de un juguete.
Desde luego, la familia de Tamir Rice junto con otras organizaciones se manifestaron en contra del actuar policial. Aunque se intentó llevar el caso ante un juicio por el delito de homicidio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró la improcedencia en la imputación de cargos contra los dos policías blancos involucrados en el asesinato de Tamir Rice. Aun cuando las circunstancias apuntaban a un caso de perfilamiento racial, la División de Delitos Civiles y la Fiscalía de Estados Unidos declararon que, de acuerdo con los estatutos federales, no existían pruebas suficientes para tipificar una violación perseguible.
Activistas y defensores de derechos humanos cuestionaron el sesgo racial en la impartición de justicia, subrayando en cómo pese a que los protocolos de seguridad blindaban las prácticas de perfilamiento racial, ejecutadas por agentes policiales, haciendo énfasis en el extremismo que significaba haber optado por no emplear otras alternativas para mediar la situación con Tamir Rice.
Ebony Alert: reconocer la desaparición forzada de infancias y adolescencias negras
En junio del 2024 diversos miembros del Legislative Black Caucus, promovió un paquete de 14 acciones de reparación como una propuesta para mitigar las disparidades raciales en el acceso a la justicia, una de ellas fue la Alerta de Ébano o “Ebony Alert”, que fue implementada tras la aprobación del Proyecto de Ley Senatorial 673 en 2024. Se trata de un recurso que prioriza la atención a casos de desaparición de niños y adolescentes negrxs en el rango etario de los 12 y los 25 años. Esta propuesta se propone reducir las asimetrías en los índices de atención para casos de desaparición de la comunidad negra. A diferencia de la Alerta Ámber, ésta contempla factores de vulnerabilidad como discapacidad, riesgo antes posibles casos de tráfico de personas o explotación sexual. Surgió como respuesta para paliar el racismo institucional y mediático que restringen la cobertura e investigación en los casos de desaparición de personas negras en Estados Unidos.
Seguridad nacional: cuando la antinegritud y el odio racial se convierten en modelos de gobernanza
Una de las demandas más sostenidas del activismo afrodescendiente, apunta a la creación de datos desagregados para el análisis de las desigualdades, con el fin último de sistematizar evidencia para el diseño e implementación tanto de políticas públicas como de medidas de reparación que reduzcan las brechas de violencia estructural.
En México, por ejemplo, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), ha documentado que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador 7,837 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en México, un aumento aproximado del 10% sobre los casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante los dos sexenios previos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, respectivamente. Sin embargo, esta información no cuenta con un análisis desde la variable de pertenencia étnica.
En estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la zona norte fronteriza, la presencia de grupos armados y de crimen organizado no ha pasado desapercibida. Aunque no existen cifras oficiales, en los territorios se han sabido de casos sobre reclutamiento forzado, secuestros, extorsiones y desapariciones donde personas afromexicanas y afrodescendientes que habitan y transitan por esos territorios sufren las afectaciones directas.
En contraste, para el 2021, en Brasil, la Fundación para la Infancia y la Adolescencia (FIA) identificó “solo en el estado de Rio de Janeiro el número de infancias desaparecidas era de 579, de las cuales el 20.03% eran negrxs.
Otro ejemplo paradigmático fue la investigación conjunta entre City Bureau e Invisible Institute, de Chicago, Illinois. “El análisis muestra que de los aproximadamente 340.000 casos en este período de tiempo, los niños negros representan el 57% de los casos. Las niñas negras de entre 10 y 20 años constituyen casi un tercio de todos los casos de personas desaparecidas en la ciudad, según datos policiales, a pesar de que sólo representan el 2% de la población de la ciudad a partir de 2020.” Otro hallazgo importante de este estudio, demostró que los casos de jóvenes desaparecidos eran desestimados por considerarlas “runaways”, es decir, personas fugitivas que no quieren ser encontradas. Este prejuicio afecta los procesos de localización e investigación, creando lagunas en el acceso a la justicia de las familias negras.
Dicho de otro modo, la falta de información socioestadística desagregada tiene un efecto retroactivo en términos de derechos humanos, que va más allá de invisibilidad o la subrepresentación política, se trata de cómo los estados diseñan estructuras para no asumir responsabilidades de cuidado, garantía y protección específica.
Sin datos, la violencia racial sigue operando de forma sistemática. La militarización de fronteras, y comunidades, así como la implementación de estrategias de seguridad con presencia de cuerpos policiales y militares, deben entenderse como parte de una política de violencia racial, sencillmanente porque la desaparición forzada también es perfilamiento racial, tortura y brutalidad.
Las ideas de seguridad nacional refuerzan estereotipos raciales, criminalizan cuerpos y prácticas que encubren actos de inconstitucionalidad y normalizan violaciones como la privación de la libertad o los tratos crueles. Ninguna política puede ser tolerante ante la desaparición física y estadística de las infancias y las adolescencias racializadas, o negras, para este caso. En suma, podemos observar que los casos de desaparición forzada, perfilamiento racial y brutalidad policial contra infancias y adolescencias afrodescendientes son menos documentados y reportados que otros. Las operaciones militares y policiales continuarán asediando a las personas racializadas hasta que la justicia sea entendida en términos restaurativos más que punitivos.
Desde Afrocolectiva nos sumamos a la demanda de justicia para esclarecer lo ocurrido con los #4deGuayaquil. Repudiamos la corrupción, el racismo institucional y la impunidad. Desde nuestro trabajo como personas activistas, comunicadoras, investigadoras y periodistas refrendamos nuestro compromiso por la denuncia sistemática de estos casos. Merecemos existir.
Una reflexión de Ana Hurtado
