Comienzo con una visión del conflicto entre la comunidad de Wimbí y la empresa palmicultora Energy & Palma por 1200 hectáreas de territorio.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de afectaciones sociales y ambientales producidas por la explotación de la minería aurífera. Agroindustria de palma aceitera y extracción maderera, Wimbí es una parroquia rural (el nombre oficial es Parroquia 5 de Junio) en el cantón San Lorenzo de la provincia de Esmeraldas. La parroquia tiene 416 habitantes pertenecientes al pueblo Afroecuatoriano, parte de su territorio se encuentra en la Comuna Rio Santiago Cayapas y es, por lo tanto, territorio comunal inalienable; otra parte se encuentra fuera de la comuna, en territorios de posesión ancestral sin titulación en donde se encuentran los terrenos en disputa con la Compañía palmicultora.
Respecto al conflicto, se remonta a una adjudicación irregular de tierras de posesión ancestral (reconocidas como tales desde la Constitución de 1998) a un comunero de Wimbí, quien vendió las mismas a un inversionista de Quito. Posteriormente las tierras pasaron rápidamente a manos de la empresa Energy & Palma, que actualmente tiene el título de propiedad de las 1200 hectáreas en disputa. Los conflictos se iniciaron a poco tiempo de la adjudicación y venta ilegal de las tierras, pues los wimbiseños que habían utilizado tradicionalmente estos territorios siguieron haciéndolo. Ya en 2015, el inversionista quiteño realizó una denuncia para que se procediera al desalojo de las tierras, pero Wimbí recurrió a una acción de protección que lo impidió.
En 2016, la empresa Energy & Palma interpuso un juicio contra cuatro líderes de la Junta Parroquial de Wimbí por cargos de uso ilegal y tráfico de tierra. El conflicto escaló de nivel cuando en noviembre de ese año se produjo un intento de desalojo. Un piquete de policías armados entró a las tierras con una retroexcavadora que destruyó plantaciones y cercas de les comuneres que utilizaban las mismas. Varias personas de la comunidad salieron a enfrentar al piquete y parar la maquinaria. Lograron detener el desalojo y se tomaron la retroexcavadora como medida de retaliación. Ante esto, la empresa demandó por robo de maquinaria a les líderes parroquiales (incluso a líderes que no se encontraban presentes el día de los acontecimientos). En agosto de 2017, la empresa y los líderes de Wimbí llegaron a un acuerdo para la devolución de la maquinaria y el retiro del juicio por robo. Sin embargo, el juicio por uso ilegal de tierra continúa y la comunidad no acepta los términos que propone la empresa, que pretende entregarles 100 hectáreas y ofrecerles trabajo en la plantación:
“No vamos a volver a ser esclavizados”, comentó uno de los líderes locales. Los líderes de Wimbí presentaron medidas cautelares y de protección que fueron denegadas por las autoridades de la Unidad Judicial Multicompetente de San Lorenzo. Les líderes han sido judicializades y criminalizades como ladrones e invasores de su propio territorio y reclaman su derecho ancestral al mismo. Esta lucha comprende no solamente la acción de los pobladores de Wimbí, sino que implica una serie de aliades, en especial la Pastoral Social de Esmeraldas y también organizaciones ambientalistas como Acción Ecológica. Desde la Pastoral se han emprendido acciones que agrupan a varias comunidades, incluida Wimbi, en procesos de protesta por las afectaciones sociales y ambientales de la minería en la zona. En 2011, Comunidades de Esmeraldas con la Defensoría del Pueblo lograron interponer medidas cautelares en relación con el derecho al agua y medio ambiente sano, La Pastoral Social trabajó con la PUCE-SE en una serie de investigaciones sobre la calidad del agua en fuentes afectadas por 15 frentes mineros tanto ilegales como estatales (Rebolledo y Jiménez 2012).
Estos estudios respaldaron las denuncias presentadas para obtener las medidas cautelares. A pesar de ello, las actividades mineras y de la agroindustria continúan. Como parte de los derechos colectivos de pueblos y nacionalidades, la Constitución de la República del Ecuador (2008) reconoce en su artículo 57 el derecho a mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales (art. 57.5); a no ser desplazades de sus tierras ancestrales (art. 57.11); y a la consulta previa, libre e informada (art. 57.7). El artículo 58 reconoce claramente al pueblo Afroecuatoriano los mismos derechos colectivos establecidos en el artículo 57.
La lucha antirracista en Wimbí y en otras comunidades del norte de Esmeraldas se da a partir de la reivindicación del territorio ancestral. En Ecuador, como en otras partes de América Latina, se producen, junto con los discursos sobre multiculturalismo e inclusión, fuertes luchas racializadas por la tierra y los recursos. En el norte de Esmeraldas, como en la zona del Pacífico colombiano, pueblos afrodescendientes que han ocupado históricamente territorios ricos en madera, oro, tierras con potencial para el cultivo y biodiversidad, son desplazados de manera violenta por intereses nacionales y transnacionales (Escobar 2003). En el caso de Wimbí, la empresa Energy & Palma intentó un desalojo de las 1200 hectáreas. En esta zona no se encuentra el asentamiento como tal, pero sí los sembríos de algunas familias de la comunidad de Wimbí.
En 2016, la presencia del piquete policial y las máquinas retroexcavadoras tomaron por sorpresa a les residentes de la comunidad. Ante la acción violenta del desalojo, les wimbiseñes reaccionaron también con violencia. Muches salieron con machetes a enfrentar a la Policía y lograron repeler el desalojo y tomar una de las retroexcavadoras que había destruido los cultivos, fue el despliegue de una acción de hecho ante la arremetida de la empresa sobre el territorio.
Las familias que ocupan las tierras han vuelto a sembrar y en agosto de 2016 con el apoyo de la ONG Acción Ecológica, realizaron una “plantatón” (maratón de plantación) de matas de cacao en los terrenos cuyos cultivos habían sido destruidos durante el desalojo. Fue una acción a la vez simbólica y concreta de posesión del territorio. La estrategia de la comunidad ha sido permanecer en el territorio en disputa y fortalecer su posesión efectiva frente a las lógicas de acumulación palmicultoras y mineras, que racializan a la población y geografía del Norte de Esmeraldas como inadecuadas, y legitiman a quienes acaparan la tierra para proyectos de supuesto desarrollo y modernidad. Según aliados de la lucha de Wimbi, “Elles han vivido ahí siempre. No se imaginan que les puedan quitar”. “Ellos están conscientes de que sus tierras les pertenecen, de que el derecho les asiste” (entrevista con aliado de la Pastoral Social 1, octubre de 2017).
Los pobladores de Wimbí, en el conflicto por tierras con la empresa palmicultora, así como los pobladores del norte de Esmeraldas en sus luchas contra la minería, apelan a los derechos colectivos de las comunidades afroecuatorianas como grupo étnico (como pueblos y nacionalidades en el lenguaje de la Constitución ecuatoriana). Aunque la comunidad no tenía título de propiedad de los terrenos en disputa, la posesión de los mismos ha sido por presencia histórica y por uso, como terrenos de cultivo y cacería. Debido a la criminalización de cuatro líderes de la Junta Parroquial por uso ilegal de tierras, necesariamente la lucha en Wimbí también se ha dado en el terreno de las acciones jurídicas. Mediante esta estrategia, se consiguieron medidas de protección. Sin embargo, la abogada que estuvo encargada del caso, no realizó dos procesos de apelación a tiempo. Algunes wimbiseñes sospechan que la actuación de la abogada pudo haber estado comprometida por la presión de la empresa, por lo que a finales de 2017, y con apoyo de la Pastoral Social de Esmeraldas,Wimbí organizó una nueva estrategia jurídica.
El objetivo era ambicioso: la revocación de la orden de desalojo y lograr la nulidad de los títulos de propiedad que tiene la empresa, fruto en primer término de una adjudicación irregular. Como uno de los pasos para sustanciar el argumento legal, se está trabajando en los elementos necesarios que probarían la ancestralidad de los pobladores afroecuatorianos en los terrenos en disputa. Por un lado, se ha contactado a un perito antropólogo para que documente la presencia histórica en el territorio y la concepción que del mismo tienen los habitantes de Wimbí. Por otro, el
Vicariato de Esmeraldas se encuentra recopilando documentos de sacramentos que respaldan la presencia de población en la zona al menos desde principios de 1800.
Para visibilizar el tema, pobladores de Wimbí junto con la Pastoral Social viajaron a Quito en noviembre de 2016 para realizar un plantón para pedir una audiencia al expresidente Rafael Correa. Su petición fue derivada hacia la Subsecretaría de Ambiente. Expusieron su caso, pero no encontraron una buena recepción para sus demandas. Sin embargo, la estrategia también aspiraba a visibilizar la problemática del norte de Esmeraldas. La Pastoral logró que el programa de televisión nacional investigación periodística Visión 360, realizara un reportaje sobre la afectación minera. También apareció un reportaje detallado sobre el conflicto en Wimbí en la revista digital de periodismo investigativo Plan.
El caso de Wimbí es un caso concreto, pero se enmarca en una lucha mayor en el norte de Esmeraldas. Wimbí es una de las 89 comunidades que formaron un frente por el agua y lograron, junto con la Defensoría del Pueblo, que se dictaran medidas cautelares en 2011 y se pidiera una moratoria de las actividades mineras. Además de los derechos colectivos, la Pastoral Social apela a una reparación integral a las comunidades que incluye el derecho a un medio ambiente sano y el derecho al agua. La encíclica Laudato si de 2015 ha dado un mayor impulso al trabajo del Vicariato de Esmeraldas que realiza campañas de visibilización de la contaminación del agua (con folletos y trípticos informativos) e información sobre los derechos ambientales. El frente por el agua considera que el Estado es el responsable en gran medida por la degradación ambiental: “El Estado ordenó a esas personas hacer minería, entonces deben reparar el daño ambiental. Queremos reparaciones integrales” (entrevista a miembro de la comunidad 1, septiembre de 2017).
Las comunidades y la Pastoral han interpuesto una demanda en la Corte
Constitucional por el incumplimiento de las medidas cautelares de 2011.
La demanda lleva más de un año en la Corte sin tener respuesta. Aquí el
Estado se muestra indolente y los habitantes del norte de Esmeraldas, pasan de ciudadanos a ser “pacientes” del Estado, como sugieren Decesare
y Auyero (2017). El Estado sí ha actuado, pero más bien para acallar e invisibilizar el daño ambiental causado por la minería en Esmeraldas: “En el Gobierno anterior tuvimos una dictadura ambiental. Sectores Estratégicos maquilló que todo [la minería] era un gran negocio, que todo se hacía bien” (entrevista a Eduardo Rebolledo, octubre de 2017). Sectores Estratégicos no permitió, por ejemplo, que salieran a la luz algunos de los informes sobre minería realizados por la PUCE-SE.
Al momento (marzo de 2019) Wimbí y la Pastoral continúan planeando la nueva estrategia jurídica. Los pobladores de Wimbí no se han resignado y más bien el apoyo de la Pastoral les ha dado esperanzas y un nuevo impulso en su lucha. Esta lucha apela, por un lado, a la pertenencia al pueblo Afroecuatoriano y al reconocimiento de los derechos al territorio que se derivan de este sujeto jurídico y, por otro, a los derechos de la naturaleza y de los pueblos a un medio ambiente sano y al agua limpia. Ambos discursos además, se articulan frente a la falta de un Estado garante de derechos.
Un texto de Verónica Porozo
