Giovani tenía 17 años, era afroargentino y jugador del Volei Federado. Su cuerpo fue encontrado el pasado jueves debajo de las escalinatas del Parque España, cerca de Avenida del Huerto y Salta en Rosario, provincia de Santa Fe.

La última vez que lo vieron con vida, según un vecino de su barrio Puente Gallegos, Giovani fue detenido por la policía en un operativo de “averiguación de antecedentes”. La versión oficial dice que su muerte se trató de un suicidio, aunque activistas antirracistas de Rosario señalan que su cuerpo no tenía indicios de suicidio. Si viste o sabés algo podés comunicarte al +54 3413878287.

La familia busca testigos de su muerte. Según medios locales, jóvenes cercanos a Giovani aseguraron haber recibido un audio de Whatsapp de un testigo que describía una pelea donde el joven habría quedado malherido en el suelo. Posteriormente habría llegado un móvil policial.

La fiscal a cargo de la investigación es Mariana Prunotto, de la Fiscalía de Homicidios dolosos del Ministerio Público de la Acusación, donde la causa está caratulada como “muerte dudosa”. El informe preliminar presentado por el Instituto Médico Legal indica que Giovani sufrió un traumatismo de cráneo.

Luego de buscarlo toda la noche, la familia encontró el cuerpo del joven en la comisaría 2°, donde los uniformados trataron de explicarles que el muchacho, que unas horas antes salió a pasear al parque que frecuentaba, habría decidido quitarse la vida allí.

Andrea Cima, entrenadora del Club de vóley Central Córdoba, donde jugaba Gio, fue una de las personas que reconoció su cuerpo. Ella indicó al medio “La Capital” que el cuerpo del joven estaba mojado cuando ingresaron al reconocimiento, y que la policía no supo explicar dónde está el celular del joven.

Tanto la familia de Giovani, como activistas y espacios antirracistas de Rosario y la Argentina, insistimos en el esclarecimiento de los hechos que llevaron a su fallecimiento. Tal como señaló Andrea Cima, entrenadora de voley del club donde jugaba Giovani desde pequeño, para un medio local: “Queremos saber dónde está el celular y por qué el cuerpo estaba mojado cuando ingresamos a reconocerlo junto con su papá y mi hijo”, señaló en diálogo con el medio local.

Fuente: ANRed

Algunas de sus canciones más famosas son ‘Mi Buenaventura’, ‘Yo me llamo cumbia’, ‘El alegre pescador’ y ‘A la mina’.

Hay luto en la música colombiana, luego de que se diera a conocer este miércoles el fallecimiento de Leonor González Mina, inmortalizada en el país como ‘La Negra Grande de Colombia’, a los 90 años de edad, según su mánager, María del Socorro Vallejo.

La cantante y actriz afrocolombiana oriunda de la vereda de Robles, en Jamundí (Valle del Cauca) estaba viviendo en un hogar geriátrico en Pance, desde hace dos años, lugar donde se produjo su muerte a las 11:00 a.m. “Esta mañana, se levantó, se bañó, charló con sus cuidadores y se volvió a acostar. Ahí murió, muy tranquila y sin dolor, como ella se lo merecía“, contó a EL TIEMPO su mánager.

‘La Negra Grande de Colombia’ es recordada con cariño por su participación en canciones icónicas del repertorio musical colombiano tales como ‘Mi Buenaventura’, ‘El alegre pescador’, ‘A la mina’, ‘Mi peregoyo’, ‘Borrachera’, ‘Velo qué bonito’, ‘Navidad negra’, ‘Niño de color’, ‘La canoa ranchá’, ‘Maximina’, ‘Chocoanita’, ‘Mi cafetal’ y ‘Tío Guachupecito’, así como de la inmortal composición de Mario Gareña, ‘Yo me llamo cumbia’.

Vida y obra

Nacida en la vereda de Robles, en Jamundí (Valle del Cauca), el 16 de junio de 1934, fue una de las voces icónicas del folclor nacional. Su debut se dio ante un auditorio en París, cuando integraba el Ballet Folclórico de Delia y Manuel Zapata Olivella, a donde se unió seis meses después de haber dejado de su casa, cuando tenía 18 años de edad. Allí, Leonor pudo presentarse en países como China, Alemania y la Unión Soviética.

Al regresar a Colombia, grabó su primer álbum de estudio de larga duración, titulado ‘Cantos de mi tierra y de mi raza’, que sería el primero de más de una treinta de discos. Entre esta amplia discografía se destaca ‘Campesino de Ciudad’, el cual interpreto en su totalidad en el Festival OTI de 1975.

Además de la música, también ha sabido hacerse un nombre en la televisión colombiana como actriz. Fue merecedora de múltiples homenajes y reconocimientos, tanto públicos como privados. Uno de los más recientes fue el galardón ‘Vida y Obra’, del Ministerio de Cultura.

“Jamás pensé que me lo fueran a dar, porque nunca me he hecho ilusiones ni he esperado reconocimientos. Mi meta es hacer siempre bien las cosas para que la gente quede contenta, que cada uno de mis conciertos sea distinto y mejor que el otro, estar siempre en ascenso”, dijo al recibir el reconocimiento.

La ‘Negra Grande de Colombia’ también incursionó en la política. En 1998 fue elegida como representante a la Cámara de Representantes por Bogotá, con el partido Liberal. En el 2006 también aspiró a una curul, pero no logró ser elegida.

Hoy, toda Colombia lamenta su muerte, y al mismo tiempo honra su arte y enaltece sus enormes contribuciones a la música y cultura del país, así como de la región. Leonor, “La Negra Grande”, permanece hoy más que nunca en nuestras memorias y en el enorme legado de la herencia afrocolombiana.

Fuente: Portafolio

El mundo ha visto nuevamente como turbas racistas actúan impunemente en la República Dominicana, esta vez en la comunidad El Minero, en Constanza, el pasado 18 de noviembre. La horda racista atacó a decenas de personas trabajadoras haitianas, quemando sus viviendas y sus pertenencias y destruyendo sus herramientas de trabajo bajo la mirada complaciente de la Policía Nacional, el Ministerio de Interior, la Policía y la Procuraduría General de la República. En videos se registra, con sus propias palabras, la intención criminal de los atacantes: “que no quede ni un haitiano en la zona”. Circularon versiones no confirmadas de que habían fallecido personas haitianas producto de la violencia. Llamamos a las autoridades a investigar los hechos y establecer las responsabilidades del lugar.

Las acciones de corte terrorista en Constanza se realizaron luego de que resultara herida una comerciante del lugar durante un robo. Se esparció el rumor de que el victimario era haitiano y se desató la venganza linchadora. Lamentamos cualquier hecho de violencia delictiva y nos solidarizamos con sus víctimas, al tiempo que recordamos que, como han señalado diferentes referentes de la academia y expertos dominicanos como Daniel Pou, quien fuera hasta hace poco director del Centro de Análisis de Datos de la Seguridad Ciudadana (CADSECI), la incidencia de las personas extranjeras, incluyendo las personas haitianas, en la criminalidad en República Dominicana es muy baja.

Lamentablemente se intenta construir una imagen diferente a la que ofrecen las estadísticas oficiales, atribuyendo un supuesto carácter amenazador y peligroso a una comunidad que en su absoluta mayoría es trabajadora y se gana la vida honestamente. El propio gobierno califica a nuestra comunidad como una amenaza a la seguridad nacional y a la soberanía, como parte de una campaña violenta de expulsiones masivas. En ese contexto, cualquier acusación, verdadera o falsa, que recaiga sobre una persona haitiana, puede desencadenar hechos de violencia tumultuaria contra la comunidad entera sólo por compartir el mismo origen.

Esto ha llevado a que incluso en casos en los que se atribuye falsamente a personas haitianas un delito, la consecuencia sea también la acción de turbas racistas con apoyo de las autoridades, tal como ocurrió en Dajabón. Allí, el 04 de septiembre de 2023 se cometió un cuádruple homicidio, atribuido falsamente a personas haitianas, lo que derivó en quemas de viviendas y expulsiones violentas y agresiones. Pero posteriormente la Policía Nacional publicó que los asesinatos habían sido perpetrados por el dominicano Pacheco Beltrán y que la banda era encabezada por el también dominicano David Cruz Jiménez.

Cuando un delito es cometido por una persona de nacionalidad rusa, estadounidense, italiana, venezolana, cubana o francesa, no se generan acciones xenófobas contra toda una comunidad, es algo que sólo ocurre cuando se trata de la comunidad haitiana.

Otro incidente que revela esta tendencia preocupante a endosar colectivamente a la comunidad haitiana cualquier hecho de violencia, es el lamentable suceso ocurrido en el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, en Santo Domingo Este, donde se presentó un altercado entre dos personas y el personal médico, con amplia repercusión en los medios, especiaalmente el director del Hospital, Dr. César Roque, se refirió al hecho, mencionando que el paciente presuntamente haitiano, respondía al nombre de Wilson Gabriel.

La comunicación oficial del hospital repudiando lo que calificó como una agresión de los pacientes, publicada el lunes 18 de noviembre en una red social (@dariocontrerasrd), menciona que el hecho ocurrió el domingo 17. Afortunadamente no hubo personas heridas en el incidente según lo declarado por el subdirector Gabriel Ravelo, lo que evidencia que la discusión del caso en los medios y por parte de las autoridades ha sido desproporcionada. Incluso, ha intervenido la vicepresidenta y se ha militarizado el hospital.

Desde el colectivo #HaitianosRD, condenamos cualquier agresión a profesionales de la salud. Resaltamos la Carta Compromiso del Hospital Darío Contreras (Agosto 2024-Agosto 2026) que declara que las personas que procuran atención médica tienen derecho a no ser discriminadas “por razones de etnia, edad, religión, condición social, política, sexo, estado legal, situación económica, limitaciones físicas, intelectuales, sensoriales o cualquier otra, apegados a la Ley General de Salud…”. 

El Dr. Ravelo ha declarado en relación con este y otros casos similares que los conflictos son recurrentes debido al tiempo de espera en los hospitales: “los pacientes se desesperan, muchos pacientes terminan yéndose, muchos pacientes se incomodan y realmente se tornan un poco agresivos…”. Tal es la situación que el Colegio Médico Dominicano ha solicitado en el pasado que se implementen protocolos frente a ese tipo de incidentes. Apoyamos esta exigencia del gremio y llamamos a conducir la discusión pública enfocándola en lo fundamental, en los diversos aspectos de la crisis de la salud pública, sus causas y posibles soluciones, sin poner en riesgo el derecho a la salud de la comunidad migrante.

Finalmente, llamamos a la Procuraduría General de la República a implementar mecanismos para hacer respetar las garantías legales de todas las personas, sin discriminación racial, para prevenir y erradicar los linchamientos racistas en la República Dominicana.

Un comunicado de #HaitianosRD

Juristas expertos en derecho internacional explicaron a elDiario.es su valoración de esta medida, la primera en la historia que afecta a un mandatario israelí, ante las amenazas desde EEUU de aplicar sanciones contra la Corte.

Es la primera vez en la historia que la Corte Penal Internacional (CPI) emite órdenes de arresto contra un primer ministro israelí, tras la solicitud presentada en mayo por el fiscal jefe de dicho organismo, Karim Khan.

Las presiones a la Corte Penal Internacional

Han transcurrido seis meses desde aquella petición, durante los cuales la propia oficina del fiscal jefe ha denunciado presiones y amenazas: “Esta Corte fue construida para África y para matones como Putin’, me dijo un destacado dirigente. Nosotros no lo vemos así. Este Tribunal es legado de Núremberg, esta Corte debería ser el triunfo de la ley sobre el poder y la fuerza bruta. No vamos a ser disuadidos por amenazas”, contó el propio fiscal Khan en mayo, en la CNN.

Ahora, a pesar de las presiones, la Corte señala que hay motivos razonables para considerar a Netanyahu y Gallant responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, como “inanición como método de guerra”, “asesinato, persecución y otros actos inhumanos” contra la población de Gaza. Los tres jueces del panel que ha adoptado esta decisión consideran que Netanyahu y Gallant “privaron de modo intencionado y a sabiendas a la población civil de Gaza de objetos indispensables para su supervivencia”.

Desde hace años Israel ha estado vigilando a altos funcionarios de la Corte y a trabajadores de derechos humanos de origen palestino, “como parte de una operación secreta para frustrar la investigación sobre presuntos crímenes de guerra”, según desveló el pasado mes de mayo la publicación israelí +972 Magazine.

De qué depende el cumplimiento de la orden

El ex fiscal jefe fundador de la Corte Penal, Luis Moreno Ocampo -en el cargo entre 2003 y 2012- contó recientemente, en una entrevista en elDiario.es, que Estados Unidos le pidió cerrar la investigación preliminar sobre Palestina en varias ocasiones, algo que detalla en su reciente libro.

Este jueves, en conversación con este medio, Moreno Ocampo subrayaba que estas órdenes de arresto “limitarán a Netanyahu, no va a poder viajar a 124 Estados”, en referencia a los países que forman parte del Estatuto de Roma.

La Corte no cuenta con policía propia ni con otros mecanismos para el cumplimiento, pero la importancia de estas órdenes es notable. Nunca antes se habían emitido mandatos de detención contra líderes israelíes.

“Hay una Corte Internacional existente que dictamina que Israel está cometiendo un crimen. Acá el tema central es qué hacemos con esa información, qué pasa con los demás líderes del mundo, qué van a hacer Trump, Biden, Alemania, España, etc”, señala Moreno Ocampo a este diario.

“Donald Trump ya sancionó a Fatu Bensouda [exfiscal jefe del Tribunal cuando Trump era presidente] como si fuera una terrorista por investigar a EEUU, ¿España y otros países van a dejar que pase eso? Este es el tema central. No es cuándo lo arrestan, sino cómo reacciona el mundo cuando el Tribunal Penal Internacional dice que esto que está haciendo Netanyahu es un crimen”, añade el exfiscal jefe fundador de esta Corte.

Reed Brody, abogado estadounidense especializado en derechos humanos -con un papel importante en los juicios contra los exdictadores de Chad o de Haití, Habré y Duvalier- indica a elDiario.es que “estas órdenes refuerzan el creciente consenso internacional en torno a la naturaleza criminal de la guerra de Israel contra el pueblo de Gaza”.

“Suponen que el mundo de Netanyahu y Gallant se limita ahora a los países que no han ratificado el Tratado de la Corte Penal Internacional”, añade.

El profesor en Princeton y exdirector de Human Rights Watch, Keneth Roth, lo expone así: “Los países miembros de la CPI están obligados a detener a Netanyahu y Gallant si se atreven a poner un pie en su territorio. De repente, el mundo se ha vuelto mucho más pequeño para estos dos altos mandatarios israelíes”.

El doble rasero y los obstáculos

En Israel, tanto los partidos que integran el Gobierno como los de la mayoría de la oposición han criticado duramente las órdenes de arresto de la CPI. “La decisión antisemita de la Corte Internacional de La Haya es un moderno juicio Dreyfus y terminará de la misma manera”, afirmó el primer ministro Netanyahu en la noche de este jueves.

Además de Israel, otros cinco países han criticado el anuncio del tribunal: Austria, República Checa, Estados Unidos, la Argentina de Milei y la Hungría de Orbán.

Washington defiende una la ley internacional de quita y pon, aplicada solo para sus adversarios, y no reconoce la jurisdicción de la Corte en el caso israelí. Así lo ha vuelto a resaltar este jueves el Gobierno estadounidense, a través de varios portavoces y del propio Biden, quien ha tachado de “escandalosa” la orden de la CPI.

El pasado 30 de abril el portavoz del Secretario de Estado de EEUU afirmó que Washington no cree que esta Corte Internacional “tenga jurisdicción sobre este asunto”, pero que sí trabaja “en estrecha colaboración con dicha Corte en una serie de áreas claves: Ucrania, Sudán, Darfur”. Estados Unidos acogió con celebración la orden de arresto contra Vladimir Putin en marzo de 2023.

Las presiones y este doble rasero afectan a la credibilidad de Washington en el escenario global y generan preocupación ante los intentos de debilitar la imagen de la Corte Penal. El mundo presencia un pulso entre la defensa del derecho internacional y el ataque de EEUU al papel de los tribunales de La Haya.

Ya en mayo, cuando el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó estas órdenes de detención, el presidente Joe Biden calificó de “indignante” esa petición, y el Secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, planteó la posibilidad de sancionar al Tribunal de la Haya.

Michael Waltz, futuro asesor de Trump en Seguridad Nacional, anunció este jueves “una fuerte respuesta en enero (cuando Trump asuma la presidencia) al sesgo antisemita de la Corte Penal Internacional y de Naciones Unidas”, en referencia a posibles sanciones contra ese tribunal.

Además de las medidas contra Netanyahu y Gallant, la CPI también ha emitido una orden contra el comandante de Hamás Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Deif, cuya muerte fue anunciada por Tel Aviv pero no ha podido ser comprobada por el tribunal. La solicitud de órdenes de arresto contra otros dos líderes de Hamás, Ismail Haniya y Yahia Sinwar, no ha prosperado, porque ambos fueron asesinados por el Ejército israelí. Para ejercer la jurisdicción de la Corte no hace falta ni la autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel.

Almudena Bernabeu, abogada internacional

El abogado Joan Garcés, impulsor del juicio contra el dictador chileno Augusto Pinochet, explicó a elDiario que los 124 países que han ratificado el Estatuto de Roma tienen el deber de cumplir la orden del Tribunal si el primer ministro israelí o su exministro de Defensa pisan el territorio de alguno de ellos.

A su vez, Garcés reconoce las dificultades de la aplicación “frente a presuntos infractores que controlan los recursos de un Estado, que desafían la credibilidad de los tribunales nacionales e internacionales,”.

En sus veintidós años de existencia -con órdenes de arresto contra 59 personas-, la Corte Penal Internacional nunca había acusado a un líder aliado de la comunidad occidental. “De hecho, ningún tribunal internacional lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Es un hito en la historia de la justicia internacional, tan inédito como justificado y tardío”, señala Reed Brody.

Con ello, el abogado hace referencia al uso de los instrumentos de la justicia internacional usados casi exclusivamente “para abordar crímenes de enemigos derrotados, como en los tribunales de Núremberg y Tokio, parias sin poder, especialmente de África, u opositores a Occidente como Putin o Milošević.”

En conversación con elDiario, la abogada especializada en derecho internacional Almudena Bernabeu, destaca la importancia “de la legitimidad de la Corte Internacional” y señala que, “para ejercer la jurisdicción del Tribunal, no hace falta ni la autorización, ni el permiso, ni el visto bueno de Israel”.

Los dos tribunales de La Haya están dando herramientas a los Estados de la ONU para que apliquen el derecho internacional, en un momento en el que el Comité Especial de Naciones Unidas acaba de concluir que los métodos de Israel en Gaza son compatibles con las características de genocidio.

Las órdenes de arresto de la CPI refuerzan a su vez el marco de la otra Corte Internacional, la de Justicia, que en enero ordenó a Israel que no bloqueara la entrada a Gaza de la ayuda humanitaria necesaria, algo que Tel Aviv ha incumplido, como confirman ahora los jueces de la Corte Penal.

Organizaciones internacionales de derechos humanos, como Amnistía Internacional, destacan que las órdenes de arresto de la Corte de La Haya representan “un avance histórico para la justicia y deben señalar el comienzo del fin de la impunidad persistente y generalizada que está en el corazón de la crisis de derechos humanos en Israel y el territorio palestino ocupado”.

“Estas órdenes rompen con la percepción de que ciertas personas están fuera del alcance de la ley”, ha subrayado la organización internacional Human Rights Watch.

A última hora de este jueves, el propio fiscal jefe de la Corte Internacional, Karim Khan, emitió un comunicado en el que anuncia que su oficina está impulsando “líneas de investigación adicionales en zonas bajo la jurisdicción del Tribunal, que incluyen Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este”, territorios todos ellos afectados por la ocupación ilegal israelí.

“He subrayado que la ley existe para todos, que su función es reivindicar los derechos de todas las personas”, resalta Khan en su declaración, en línea con su postura de estos meses de atrás. “Nadie está por encima de la ley, ningún pueblo”, señalaba en mayo.

El pasado mes de julio el máximo tribunal de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia, emitió un dictamen en el que resalta el carácter ilegal de la ocupación de esos territorios y en el que pide a los Estados miembros de la ONU la suspensión del comercio e inversiones que puedan contribuir de algún modo a esa ocupación.

Al hilo de ese dictamen, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó en septiembre -por 124 votos a favor, incluido el de España- una resolución que exige el fin de la ocupación ilegal israelí en un plazo de doce meses y pide el fin del comercio o las inversiones que puedan contribuir a la misma.

Desde octubre de 2023 más de 44.000 personas palestinas han sido asesinadas en Gaza por ataques israelíes, según cifras aportadas por las autoridades sanitarias. Israel está aplicando una operación de expulsión contra el norte de la Franja, forzando nuevos desplazamientos y bombardeando espacios donde se cobijan las personas refugiadas. Además, el bloqueo a la entrada de la ayuda necesaria ha provocado hambre y enfermedades que están causando un número indeterminado de muertes.

Fuente: elDiario

La iniciativa pasó sus cuatro debates y será Ley de la República una vez el presidente Gustavo Petro la sancione.

La plenaria del Senado aprobó en cuarto y último debate el proyecto de ley que prohibe el matrimonio infantil y las uniones tempranas forzadas con menores de 18 años en Colombia, una iniciativa que venía siendo presentada desde 2007 sin éxito. La iniciativa, impulsada por las representantes Alexandra Vásquez y Jennifer Pedraza, entre otres congresistas, tendrá que ser sancionada por el presidente Gustavo Petro para que se convierta en ley.

La norma, que fue presentada bajo el lema #SonNiñasNoEsposas, contó con la ponencia de la senadora Clara López de la coalición del Pacto Histórico y tenía el respaldo de diferentes organizaciones como Profamilia, Alianza para la Niñez, Save the Children, Valientes, la ONU, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Unesco, y de universidades como la Nacional, los Andes y el Externado.

“Gracias a cada una de las personas que nos acompañaron, el Congreso aprobó el proyecto de ley para eliminar el matrimonio infantil. Esto es un triunfo de todas y todos”, señaló la representante Pedraza, del partido Dignidad y Compromiso, luego de la aprobación de la iniciativa.

Aunque el proyecto contó con el apoyo mayoritario de la plenaria, hubo diferencias cuando se puso sobre la mesa la discusión sobre el artículo 15, el cual estaba enfocado en las estrategias de prevención en las instituciones educativas. La senadora Karina Espinosa (Liberal) -así como sectores más conservadores- pidió que el artículo fuera claro en cuanto a los contenidos de dichas estrategias, que no se tocará el tema del aborto y que se incluyera un enfoque basado en “el sexo biologico” y únicamente las categorías binarias de género “hombre y mujer”. La proposición fue negada.

También fue negada una proposición de la senadora Aida Quilcué que pretendía que la política pública fuera concertada con las comunidades indígenas antes de la aplicación en sus resguardos. La ponente y Quilcué pedían un enfoque diferencial en el diseño de la propuesta, mientras que senadores como Jonathan Ferney Pulido afirmaba que la proposición era peligrosa pues podría abrir la puerta para que la ley no se aplicara en su totalidad.

Con la aprobación de esta iniciativa se creará una política pública encaminada a sensibilizar y divulgar los efectos, causas y consecuencias de contraer matrimonio o uniones maritales de hecho con menores de 18 años y el Programa Nacional de Atención Integral a Proyectos de Vida para niños, niñas y adolescentes.

“Le cumplimos a las niñas, niños y adolescentes. Después de 8 intentos fallidos, no puedo estar más feliz el día de hoy. Gracias a todos y todas los que hicieron parte de esta iniciativa. Ahora esperamos la sanción del presidente Petro para que sea una realidad”, manifestó la representante Vásquez, a quien se le vio tratando de convencer a los parlamentarios del Centro Democrático en la antesala de la votación.

“La eliminación del matrimonio infantil era una deuda histórica con la niñez del país. De ahí que debemos seguir avanzando de manera conjunta y articulada para hacer realidad la ley: procesos educativos y pedagógicos, políticas públicas y la construcción de estrategias que nos ayuden a construir entornos seguros y protectores para todas las niñas, niños y adolescentes del país”, aseguró Marta Royo, directora ejecutiva de Profamilia.

El proyecto de ley se aprueba en un momento en el que Colombia ocupa el puesto 20 a nivel mundial con respecto al número de niñas casadas o unidas antes de cumplir los 15 años, según datos de la investigación “Análisis de situación de los matrimonios infantiles y las uniones tempranas en Colombia 2010-2020” de la Unicef.

La Unicef, citando cifras del Censo Nacional de Población y Vivienda del 2018, señaló que para el año 2018 cerca de 340.083 niñas y adolescentes (8,6 %) y 133.293 niños y adolescentes (3,2 %) se encontraban o habían estado en situación de matrimonios infantiles y las uniones tempranas.

“El 70 por ciento de las menores que se casan, son madres solteras, por hombres que se casan con ellas que las fuerzan a tener relaciones sexuales, las dejan embarazadas y luego las abandonan a ellas y a sus hijos”, expresó la senadora María José Pizarro durante el debate.

Uno de los hallazgos de dicho informe es que las niñas y las adolescentes mujeres son quienes se encuentran más propensas a verse en este tipo de relaciones. “Así mismo se encuentra que los casos de MIUT tienen una mayor incidencia en los departamentos con mayor pobreza multidimensional: Vichada, Amazonas, Chocó, La Guajira y Caquetá”, dice la investigación.

Fuente: El Tiempo