La incursión del Clan del Golfo en Quibdó ha recrudecido la lucha por las economías ilegales, ensañándose de forma particular con las mujeres.

El departamento del Chocó, ubicado en el pacífico colombiano, ha estado atravesado históricamente por la violencia. En los últimos años, la disputa territorial entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo han jalonado ese conflicto. Este último, conocido también como Autodefensas Gaitanistas de Colombia, ahora busca expandir su zona de control y hacerse un lugar en la capital, Quibdó, como lo develó el alto comisionado de Paz del gobierno, Otty Patiño, a inicios de este mes. Ese objetivo ha degradado aún más el conflicto, con la violencia de género como arma de combate, como lo evidencian las amenazas de un “plan feminicidio” a las madres, novias, amigas o familiares de los actores armados. La denuncia de esa violencia vicaria embebida en el conflicto proviene de varias organizaciones feministas que trabajan en este territorio y reclaman una atención urgente del Gobierno.

“Para que vean que hasta a las mujeres les entra, se viene el plan feminicidio. Ya tenemos ubicadas a casi todas las campañeras de los mexicanos, sepan que en este pueblo todo se sabe. Tienen 24 horas para abandonar la ciudad porque ya están en la lista de objetivos militares”, se puede leer en un mensaje que se ha hecho viral en Quibdó, una ciudad de alrededor 150.000 habitantes. En las últimas semanas, medios locales han registrado varios feminicidios brutales, algunos de ellos filmados y difundidos en redes sociales. Para Adriana Benjumea, codirectora de la organización feminista Corporación Humanas, esa situación es una clara retaliación entre las bandas criminales.

El mismo alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños, ha aparecido en medios nacionales como El Tiempo haciendo un llamado al presidente Gustavo Petro para que frene la barbarie. Bolaños señaló que enfrenta una emergencia de orden público, que se sustenta en que la capital que dirige ya ha sumado 108 homicidios en lo corrido de este año, cuando en todo 2023 ese dato cerró en 104. Bajo la misma teoría del comisionado de Paz, el político de la Alianza Verde explica el incremento en los homicidios por los enfrentamientos entre las bandas locales —Los Mexicanos, Los Locos Yam y los RPS, y el Clan del Golfo—.

A la alerta se ha sumado Equipo Humanitario País, un espacio de coordinación de la comunidad humanitaria internacional en Colombia. En un comunicado, esa plataforma asegura que “la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 14 y los 25 años, situación que afecta mayoritariamente a la población afrodescendiente de los barrios ubicados en las zonas periféricas y marginadas de la ciudad”. En la misma línea que las organizaciones feministas destaca que “se evidencian riesgos diferenciales para las mujeres y las niñas frente a violencias basadas en género y violencia sexual”.

Tras la seguidilla de alertas, el Gobierno militarizó la capital del Chocó hace una semana. Aun así, les habitantes de Quibdó cumplen el toque de queda ilegal que a inicios de septiembre impusieron las bandas. Corren para llegar a su casa antes que oscurezca y, entre vecines, comparten reportes de seguridad en sus barrios. Por WhatsApp, como si se tratara de una rutina, alertan si hay o no balaceras.

Para las mujeres, ese toque de queda es más estricto. Los panfletos intimidantes no pasan de largo. Benjumea insiste en la afectación mayor de la crisis para las mujeres y les jóvenes. Recuerda que uno de los compromisos derivados de la declaratoria de emergencia por las violencias de género, e incluido en el Plan Nacional de Desarrollo, era realizar un consejo de seguridad en la ciudad para abordar exclusivamente las violencias de género. Ha pasado un año y el Gobierno no lo ha realizado.

Lo que sí ha ocurrido es que, desde agosto de 2023, la Administración tiene instalada una mesa de diálogo sociojurídico con las tres bandas, y hace poco más de un mes anunció negociaciones con el Clan del Golfo. Hasta ahora, ninguna de esas aproximaciones ha llevado a mejoras para la población.

Esa estructura ilegal respondió públicamente al comisionado con un comunicado fechado este 23 de septiembre. En él niega ser la responsable del plan para asesinar mujeres en Quibdó y tacha de “rumores” su supuesta decisión de expandirse a la capital del Chocó. En la misiva, además, insta a Otty Patiño a comunicarse con su coordinador para esas negociaciones antes de difundir lo que, insisten, son falacias.

En conversación con EL PAÍS, el representante a la Cámara David Racero, del partido de Gobierno y delegado en la mesa local, explica que el deterioro de la seguridad se debe a la incursión del Clan del Golfo. Destaca que, hasta hace algunos meses, ese proceso sociojurídico era el que mejores resultados había dado de la paz total, y que el nuevo actor ha complicado todo. “Hemos solicitado a la fuerza pública a tener más presencia en el territorio porque es un asunto que hay que trabajar desde la perspectiva de seguridad, mientras se avanza en el diálogo nacional”, sostiene el expresidente de la Cámara. Afirmó que la apuesta del Gobierno es lograr un cese al fuego con el Clan del Golfo, que sirva para desescalar la crisis.

Para Benjumea, sin embargo, las amenazas de feminicidios contradicen la supuesta voluntad de paz de estas estructuras ilegales. “No vemos acciones contundentes del Gobierno para proteger la vida de las mujeres jóvenes”, agrega. Las fotos de los cadáveres de mujeres y la zozobra por los homicidios, además, afectan gravemente la salud mental del pueblo quibdoseño, por lo que organizaciones como Médicos Sin Fronteras han tenido que incluir ese componente en su trabajo.

Fuente: El País

La sentencia anula el acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos por ignorar el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui.

Victoria histórica del pueblo saharaui. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha dado la razón al Frente Polisario y ha anulado los acuerdos comerciales de agricultura y pesca firmados entre la Unión Europea (UE) y Marruecos. Los magisttrados consideran que ambos acuerdos se celebraron sin el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental. El TJUE ha puesto fin así al litigio sobre el acuerdo pesquero con Marruecos y su protocolo, al desestimar los recursos del Consejo y la Comisión, en línea con la sentencia del Tribunal General de la UE de 2021. 

El Frente Polisario, en representación del pueblo del Sáhara Occidental, había sido quién presentó una serie de recursos de anulación para impugnar ambos acuerdos. La sentencia de este viernes constata los argumentos defendidos por el representante político saharaui, y acredita que el beneplácito de los saharauis no existe. El TJUE considera al Frente Polisario como un interlocutor válido en este proceso y estima que cumple los requisitos para poder impugnar estos acuerdos en interés de su pueblo.

El TJUE precisa, al contrario de lo que declaró el Tribunal General, que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a los acuerdos controvertidos no debía ser necesariamente explicito, es decir, que puede darse por hecho cuando no se crean obligaciones para ese pueblo y la explotación de sus recursos naturales le reporta algún tipo de ventaja. 

Al respecto, el Tribunal de Justicia reconoce que estos acuerdos no crean obligaciones jurídicas que recaigan sobre el pueblo del Sáhara Occidental, pero tampoco le confieren ningún derecho ni ventaja sobre la explotación de sus recursos, por lo que el consentimiento no puede presumirse, sumado a que el Frente Polisario, en calidad de representante legítimo de dicho pueblo, se opone a los acuerdos, lo que a juicio del TJUE basta para cuestionar la existencia del consentimiento.

La justicia europea confirma de esta forma la anulación de un polémico acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que ha sido un caballo de batalla legal clave para el pueblo saharaui. En el caso de la liberalización de los productos agrícolas, los jueces de Luxemburgo avalan su aplicación durante doce meses más para evitar “consecuencias negativas graves para la acción exterior” de la UE. La sentencia pone fin al litigio “definitivamente”. 

“El Tribunal de Justicia confirma la anulación de las decisiones del Consejo por parte del Tribunal General. La relativa al Acuerdo de pesca expiró en julio de 2023. Por lo que atañe al Acuerdo sobre medidas de liberalización en materia de productos agrícolas, el Tribunal de Justicia mantiene, por un período de doce meses a partir de hoy, los efectos de la decisión del Consejo, habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la Unión que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica”, señala el TJUE en un comunicado.

Fuente: El Salto Diario

el 13/09 al 27/10.

De jueves a sábado a las 19:30h. Domingos a las 18h.

Edad recomendada: a partir de 14 años.

---

Sílvia Albert Sopale acaba de cumplir los 48 años y lejos de la talla 48. Pero no quiere esperar a cumplir los 56 para hablar de su cuerpo, un cuerpo político, campo de batalla, cuerpa de resistencia.

Lötò aborda diversos temas que atraviesan a la artista como la presión estética, la gordofobia o el edadismo. Este ritual performativo que nos presenta Silvia Albert Sopale, es un intento de hacer las paces con el cuerpo y brindarse la oportunidad de resarcirse y prestarle homenaje.

Esta es probablemente la pieza más íntima y personal de la artista, utilizando su propio cuerpo como archivo personal de memoria. Aunque ya sabes lo que se dice. “Puedes sacar a la chica del activismo pero no el activismo de la chica” 

---

Las puertas se abrirán a las 19:10 de jueves a sábado y a las 17:40 los domingos. Este espectáculo incluye una experiencia previa, te recomendamos que no esperes a última hora para que disfrutes de toda la vivencia. 

Si es posible: 

Trae una  prenda roja, flores y/o objeto para el altar al cuerpo.

Para reservar pincha aqui

Del 29 de septiembre al 27 de octubre de 2024 en Sala Periferia Cimarronas, Barcelona

Fuente: Periferia Cimarronas

Cuatro mujeres negras de la carrera espacial de Estados Unidos fueron reconocidas el pasado miércoles 18 de septiembre, con el mayor honor que concede el Congreso en una ceremonia de entrega de medallas.

La Medalla de Oro del Congreso fue presentada a las familias de Katherine Johnson, Dorothy Vaughan, Mary Jackson y Christine Darden en el Capitolio federal. Aunque Christine Darden observó la ceremonia desde su residencia de Connecticut.

Además les fue entregada una medalla a todas las mujeres que trabajaron como matemáticas, ingenieras y “computadoras humanas” (quienes apoyaron la misión con los cálculos de trayectoria realizados a mano) en el programa espacial estadounidense desde la década de 1930 hasta la de 1970.

“Al honrarlas, honramos lo mejor del espíritu de nuestro país”, dijo la escritora Margot Lee Shetterly, cuyo libro “Hidden Figures” (“Talentos ocultos”) fue adaptado para una película en 2016.

En su momento, el Comité Asesor Nacional para la Aeronáutica —precursor de la NASA— contrató a cientos de mujeres con el fin de que realizaran cálculos matemáticos para las misiones espaciales. Las mujeres negras que fueron contratadas trabajaban en una unidad segregada de mujeres matemáticas, en lo que hoy en día es el Centro de Investigación Langley de la NASA en Virginia.

Los cálculos escritos a mano de Katherine Johnson ayudaron a que John Glenn se convirtiera en el primer estadounidense en orbitar la Tierra en 1962. Fue galardonada con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2015, el máximo honor civil del país.

Mientras que Dorothy Vaughan ascendió hasta convertirse en la primera supervisora negra de la NASA, y Mary Jackson fue la primera ingeniera negra de la agencia espacial. Por su parte, Christine Darden es mejor conocida por su investigación de las explosiones sónicas.

Fuente: Los Angeles Times

Israel desplaza la ofensiva contra Gaza hacia territorio libanés y lanza el mayor ataque contra este país desde 2006: 492 muertes en 24 horas (35 infancias), marcan la jornada más mortífera desde el fin de la guerra civil en 1990.

Líbano tiembla. Tras un año de especulaciones y de bombardeos latentes, el pasado 23 de septiembre se hacía oficial la llegada de la guerra, en mayúsculas, a este país. El Gobierno de Israel ha tomado la decisión de conseguir “una desescalada a través de una escalada” —es decir, ir a la guerra para lograr la paz—, y el inicio de esa estrategia dejaba ayer en Líbano el día más mortífero en el país desde el fin de la guerra civil en 1990.

Israel, con un Ejército que se sabe poderoso tras destrozar la franja de Gaza de forma impune, lanzó ayer contra Líbano la mayor operación que haya lanzado contra este país desde el 2006. A media tarde, casi 20 horas de bombardeos contra cientos de lugares del país ya habían dejado 492 víctimas mortales —35 de ellas niñes y 58 mujeres—, cientos de miles de personas desplazadas y millones de residentes con los nervios rotos, y con sensación de que lo peor está por venir.

Daniel Hagari, portavoz del ejército israelí, lanzó por la mañana “un mensaje de advertencia a los civiles libaneses que viven en áreas utilizadas por Hezbollah”, una indicación confusa puesto que Hezbollah es la autoridad de facto en el sur de Líbano. Hagari les pedía que huyeran de sus casas “por su seguridad y por la de su familia”. Estos mensajes —que defensores de derechos humanos califican de guerra psicológica— imitan las tácticas empleadas en la franja de Gaza durante los primeros meses de ofensiva, cuando Israel puso en marcha una operación de expulsión masiva en el norte de la franja que acabaría desplazando a dos millones de personas en todo el territorio, casi la totalidad de la población del enclave palestino.

También como en Gaza, civiles y grupos sociales habían recibido misteriosos mensajes amenazantes en sus teléfonos en los que se les empujaba a abandonar el territorio. Los bombardeos han sido tan continuados que hay ciudadanes en algunos municipios que, pese a querer irse del sur del país, no lo están pudiendo hacer por la amenaza de la metralla, que no dejaba de caer del cielo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel aseguran estar apuntando contra capacidades militares de Hezbollah, pero residentes de Líbano alegan —como han hecho desde octubre— que Israel ha estado bombardeando también campos agrícolas y otros recursos necesarios para la subsistencia de decenas de miles de personas. De hecho, se han registrado bombardeos contra al menos dos ambulancias, un camión de bomberos y un centro médico.

El caos se ha apoderado desde primera hora de la mañana del 23 de septiembre de las carreteras del país, incapaces de absorber todos los vehículos que querían subir hacia el norte, alejándose de Israel. A Beirut llegaban familias sin lugar donde pasar la noche, tratando de contactar a ciudadanes movilizades a título personal para encontrar pisos vacíos. Pero la capital no está libre de bombardeos. Varios misiles impactaban a media tarde contra un edificio residencial en el suburbio de Dahie en el que, según Israel, había un alto comandante de la milicia, información no confirmada después del ataque.

La semana pasada, Líbano sufrió cientos de explosiones en todo el país a partir de buscapersonas y walkie talkies reconvertidos en pequeñas bombas —unos ataques que el primer ministro israelí, Benyamin Netanyahu, ha dejado caer que son obra israelí—. El país reaccionó suspendiendo el curso escolar durante al menos una semana. Ahora, escuelas en todo el país abrieron sus puertas para alojar a familias expulsadas del sur del Líbano en sus aulas vacías de alumnes. El Gobierno de Líbano anuncia que ha habilitado hasta 50 refugios para recibir a 10.000 personas desplazadas, aunque la mayoría de civiles expulsades terminarán hospedándose con familiares o amigues.

Israel se centra en Líbano

Caras largas en Beirut. Cafés vacíos, peatones mirando el móvil, taxis con la radio encendida. La población civil sigue con su vida con resignación sin saber qué puede ser lo próximo. Muchos temían que las centenares de explosiones a través de buscapersonas y walki talkis de la semana pasada serían la previa de una amenaza mayor, y los peores presagios se han confirmado. En pocos días, el Ejército israelí está lanzando las mayores ofensivas contra el sur de Líbano desde octubre de 2023, y ha bombardeado Beirut en dos ocasiones.

Las cuatro veces que las tropas sionistas han bombardeado Beirut en 2024 lo han hecho en Dahie, un suburbio densamente poblado donde la milicia Hezbollah tiene presencia, pero donde también viven decenas de miles de personas desvinculadas del grupo libanés. Varios misiles israelíes han impactado hoy en un ataque aparentemente preciso contra un apartamento concreto de un edificio residencial —una ofensiva de la que poco después aún no se sabían las consecuencias-. El viernes, cuando Israel también disparó metralla contra Dahie, volatilizó un edificio residencial entero. Aquel ataque, días más tarde, registra más de 50 víctimas mortales, y sigue habiendo más de una decena de personas desaparecidas bajo los escombros. Aunque haya decenas de civiles muertos en aquel bombardeo, Israel lo considera un “ataque de precisión” por la presencia de miembros de Hezbollah dentro del edificio.

En un solo mes, las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado dos intentos de asesinato exitosos contra líderes destacados de la milicia libanesa. Cuando Israel bombardeó Dahie el 30 julio logró eliminar a Fuad Shukr, el que por entonces era el más alto comandante de la milicia libanesa —es decir, el líder del brazo militar de Hezbollah—. En el bombardeo del pasado viernes en el que hay más de 50 víctimas mortales confirmadas, Israel mató a Ibrahim Aqil, quien era el siguiente en la línea de mando del lado militar de Hezbollah. Pero aquel bombardeo podría suponer un golpe sin precedentes contra el grupo. Parece que el edificio bombardeado —o algún piso subterráneo por debajo del mismo— estaba acogiendo una reunión entre distintos comandantes y altos cargos de Hezbollah. La milicia libanesa publicó una lista con bajas confirmadas dentro de sus filas, y en ella se pueden contar hasta 14 nombres. Con el paso de los días se podrá esclarecer si todas estas bajas se refieren a víctimas del bombardeo israelí en Beirut o si también incluyen bajas causadas por los bombardeos israelíes en el sur de Líbano.La milicia libanesa se encuentra desorientada tras los golpes recibidos los últimos días. Su sistema de comunicación interno ha sido dañado y buena parte de la cúpula del brazo militar del grupo ha sido eliminado. Israel parece entender que Hezbollah está demasiado debilitado como para responder a hechos como los de ayer que constituyen una guerra de pleno derecho. Pero esté cálculo supone una apuesta peligrosa tanto para la sociedad civil libanesa como para la israelí.

Tras doce meses de ofensiva en Gaza sin conseguir ninguno de sus principales objetivos —el rescate con vida de los cautivos y la total eliminación de Hamás—, el ejército sionista redirige la atención de sus tropas hacia Líbano en una guerra con Hezbollah en la que cuesta ver qué rédito pueden sacar ninguno de los dos bandos. Cientos de miles de civiles libaneses observan con resignación el avance de los acontecimientos teniendo presente la libertad con la que Israel ha actuado en Gaza. Ahora, temen, puede ser su turno.

Fuente: Joan Cabasés Vega para El Salto Diario

La brutalidad policial y el racismo institucional acaban con la vida de otra mujer afrodescendiente, exponiendo cómo los cuerpos racializados enfrentan violencia estructural de manera sistémica en el norte global.

El pasado jueves 19 de septiembre, la comunidad afrocolombiana despertó con la trágica noticia del asesinato de Vanessa Rentería Valencia, una mujer de 37 años, en Surrey, Vancouver, Canadá. La policía la encontró en su casa, sosteniendo un arma, junto a su hija de 18 meses. Sin embargo, las versiones oficiales y el contexto de su vida reflejan un patrón de racismo y violencia institucional que no puede ser ignorado.

Vanessa llegó a Canadá en 2022 huyendo de la violencia en Buenaventura, donde había trabajado durante 12 años como activista sindical en el puerto. Su migración no fue un escape sencillo, sino una búsqueda desesperada por sobrevivir a la violencia estructural que sufren las mujeres racializadas en Colombia. Su hija nació en Canadá en 2023, y fue en busca de una vida mejor para ella que se ha visto truncada con un incidente escalofriante: las balas de la Real Policía Montada de Canadá (RCMP) han acabado con su vida.

El informe de la RCMP asegura que recibieron una llamada a las 4:30 AM por disturbios en la vivienda de Vanessa. A las 5:30 AM, un oficial disparó su arma y el resultado fue su muerte. Las autoridades afirman que la menor no sufrió daños físicos, pero omitieron cualquier declaración sobre el impacto psicológico de presenciar cómo su madre era asesinada.

La versión de la policía no concuerda con el relato de la comunidad. Personas cercanas a Vanessa han señalado que ella estaba intentando dejar una relación violenta y había buscado refugio en una casa para mujeres víctimas de violencia de género y malos tratos. Recientemente, intentaba mudarse con su hija para reconstruir su vida.

En un documento publicado por la comunidad colombiana en Vancouver, se denuncia que la RCMP no utilizó técnicas adecuadas para desescalar la situación. La falta de empatía y el uso desmedido de la fuerza policial reflejan el desprecio hacia los cuerpos no blancos en territorios donde la policía es vista como un aparato represor.

Angela MacDougall, directora ejecutiva de los Servicios de Apoyo a Mujeres Maltratadas en Vancouver, también expresó su preocupación sobre si los oficiales le hablaban en un idioma que Vanessa entendiera. Esta pregunta es crucial, ya que Vanessa, una mujer que escapaba de la violencia sistemática de su país, probablemente no encontró en la policía canadiense la protección que merecía. Al contrario, fue vista como una amenaza por el simple hecho de ser una mujer afrocolombiana.

La comunidad colombiana en Vancouver ha exigido una investigación justa y la intervención del gobierno colombiano para garantizar que se haga justicia. En un comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro y a la vicepresidenta Francia Márquez, se exigen cuatro puntos clave, incluyendo el apoyo a la familia de Vanessa en Colombia, la repatriación de su cuerpo, y la seguridad de su hija en Canadá. Asimismo, exigen que el gobierno colombiano se involucre en la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de la RCMP.

El caso de Vanessa Rentería es un ejemplo más de cómo las mujeres racializadas, incluso después de huir de contextos de violencia, siguen enfrentando la brutalidad de las instituciones que, lejos de protegerlas, perpetúan la violencia sistémica. Su asesinato no puede verse como un “incidente confuso”, sino como un acto de brutalidad policial que evidencia la violencia racial y misógina que sufren las mujeres negras en todo el mundo.

Las investigaciones están en manos de la Oficina de Investigaciones Independientes de Columbia Británica, que deberá determinar si la fuerza utilizada por la policía fue necesaria y proporcionada. Sin embargo, queda claro que la respuesta policial a la situación de Vanessa no solo fue desmesurada, sino también racista.

El caso de Vanessa es un llamado urgente para examinar cómo los sistemas policiales, tanto en Colombia como en Canadá, como en todo el mundo, fallan sistemáticamente en proteger a las personas racializadas, y más aún, cómo los cuerpos negros son deshumanizados, vistos y tratados como amenazas, independientemente del contexto en el que se encuentren.

La lucha por justicia para Vanessa Rentería Valencia apenas comienza, y con ella, la necesidad de visibilizar y denunciar la violencia estructural que enfrentan las mujeres negras en todo el mundo.

Un hombre negro en el corredor de la muerte de Missouri, que iba a ser ejecutado el martes por el apuñalamiento fatal de una exreportera en 1998, mantiene su inocencia y asegura que nunca ha sido vinculado mediante pruebas forenses al asesinato.

Marcellus Williams, de 55 años, está programado para convertirse en el tercer recluso ejecutado en Missouri este año y el 15.º o 16.º en el país, dependiendo de si se le declara muerto antes o después de Travis James Mullis, otro recluso programado para ser ejecutado en Texas el mismo día. Habrá dos ejecuciones consecutivas más en Alabama y Oklahoma el jueves.

Williams fue condenado por el asesinato de Lisha Gayle, una exreportera del St. Louis Post-Dispatch, apuñalada fatalmente durante un robo en la casa que compartía con su esposo.

La Oficina del Fiscal del Condado de St. Louis apoya las afirmaciones de inocencia de Williams y recientemente presentó una moción para anular su condena, un movimiento aprobado por un juez del condado, pero rápidamente impugnado por el Fiscal General de Missouri, Andrew Bailey. El caso fue devuelto al mismo juez para una audiencia, y el 12 de septiembre, él revirtió su decisión.

Mientras tanto, quienes creen en la inocencia de Williams continúan luchando por un indulto.

Mientras se acerca la ejecución de Williams, USA TODAY habló con sus abogados y está revisando el crimen y la historia de Marcellus.

¿Por qué fue condenado?

En la mañana del 11 de agosto de 1998, Gayle estaba en la ducha cuando, según la policía, Williams irrumpió en su casa en una calle privada cerrada. La mujer de 42 años salió del baño en el segundo piso y según la policía, bajaba las escaleras cuando se encontró con Williams. En algún momento, Gayle fue apuñalada 43 veces con un cuchillo de cocina en su propia casa.

Esa noche, el esposo de Gayle, Daniel Picus, encontró el cuerpo de su esposa y llamó al 911. Entre las pruebas que recolectó la policía habían: huellas de zapatos ensangrentadas y huellas dactilares, una funda de cuchillo y cabellos del sospechoso recogidos de la camisa, las manos y el suelo de Gayle. Faltaban en la casa el bolso y la chaqueta de Gayle, así como la laptop de su esposo.

Ya que no se nombró a un sospechoso de inmediato, en mayo de 1999 la familia de Gayle anunció una recompensa de $10,000 por información que condujera a un arresto y pudiera establecer una condena en el caso.

No mucho después, un recluso llamado Henry Cole y la novia de Williams, Lara Asaro, identificaron a Williams como el culpable. En el momento de su condena, Williams había comenzado a cumplir una sentencia de 20 años de prisión por robar una tienda de donas en el centro de St. Louis.

Aunque no habían pruebas forenses que vincularan a Williams con la escena del crimen, un jurado lo condenó por asesinato y robo.

Les abogades de Williams han argumentado que ambos informantes tenían algo que ganar al cooperar con los fiscales, y que sus relatos a veces cambiaban o entraban en conflicto con otros detalles sobre el asesinato. Además, ambos testigos ya fallecieron.

¿Quién es Marcellus Williams?

Nació en South Bend, Indiana, el 30 de diciembre de 1968 y se mudó junto a su madre y sus dos hermanos a St. Louis cuando él tenía unos cinco años.

Williams creció en un hogar empobrecido y disfuncional donde estuvo expuesto al alcohol, las drogas y las armas a una edad temprana, según registros judiciales. Fue sometido a violentos abusos sexuales y físicos por parte de algunos miembros de la familia. Abandonado por sus padres y su familia toleró el comportamiento criminal y el abuso de sustancias, señalan los registros.

La muerte del hermano mayor de Williams en 1997 le afectó profundamente, ya que su hermano había sido una figura paterna para él, según los registros judiciales. Ese mismo año, Williams allanó una casa y pasó un tiempo en la cárcel antes de su condena en 1998 por robar la tienda de donas.

Los abogados de Williams presentaron pruebas de que él era “un padre cariñoso y amoroso” durante la fase de pena de su juicio por asesinato.

Varios miembros de la familia y amigos de Williams, incluyendo a su hijo y su hijastra, testificaron sobre la relación positiva de Williams con les niñes y dijeron que su ejecución “tendría un efecto significativo en su familia”.

En su estadía en prisión, Williams ha dedicado gran parte de su tiempo a estudiar el islam y a escribir poesía, según el Proyecto de Inocencia.

Williams iba a ser ejecutado en dos ocasiones anteriores, pero ambas fueron detenidas.

Se había programado su ejecución para enero de 2015 y agosto de 2017. Ambas inyecciones letales se detuvieron para realizar más pruebas de ADN e investigaciones. La última suspensión de la ejecución fue ordenada por el entonces gobernador Eric Greitens, quien nombró una junta de investigación para examinar el caso.

Sin embargo, durante el verano de 2023, el nuevo gobernador Mike Parson disolvió la junta y levantó la suspensión. El tribunal, dijo Parson, decidiría el destino de Williams, y la Corte Suprema de Missouri emitió una tercera orden de ejecución para Williams.

¿Qué ha argumentado Williams en sus apelaciones?

En enero, los abogados de Williams presentaron una moción para anular su condena y sentencia.

El 21 de agosto la oficina del fiscal del condado, dirigida por Wesley Bell, y los abogados de Williams, alcanzaron un acuerdo que permite a Williams presentar una nueva declaración de no contestar a un cargo de asesinato en primer grado, a cambio de una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El esposo de la víctima, Daniel Picus, aprobó el acuerdo.

Aunque Bell se movilizó para anular la condena por asesinato de Williams, el Fiscal General del estado, Andrew Bailey, argumentó que debería mantenerse y ordenó al juez del Circuito del Condado de St. Louis, Bruce Hilton, quien aceptó el acuerdo, que celebrara una audiencia de prueba sobre el asunto.

La defensa, dijo Bailey, “creó una narrativa falsa de inocencia para sacar a un asesino convicto del corredor de la muerte y cumplir con sus fines políticos”.

Durante la audiencia del 28 de agosto, el fiscal retirado que manejó el caso admitió que se manejaron mal las pruebas en el juicio de 1998, que podría haber exonerado a Williams.

Sin embargo, el 12 de septiembre, Hilton se negó a anular la condena y la sentencia de Williams, a pesar de las dudas sobre la evidencia de ADN en el cuchillo utilizado en el ataque. En las apelaciones, su equipo de defensa presentó pruebas de que el ADN tomado del cuchillo reveló un perfil masculino desconocido y no coincidió con Williams.

“No hay base para que un tribunal determine que Williams es inocente, y ningún tribunal ha hecho tal hallazgo”, escribió el juez del Circuito del Condado de St. Louis, Bruce Hilton. “Williams es culpable de asesinato en primer grado y ha sido condenado a muerte”.

La abogada de Williams, Tricia Rojo Bushnell, dijo a USA TODAY que el equipo de defensa de su cliente presentará más apelaciones y buscará clemencia.

A menos que los tribunales o el gobernador intervengan, la ejecución de Williams sigue programada para esta semana.

Williams es uno de los cinco hombres que se espera sean ejecutados en Estados Unidos en un período de seis días

El primero fue Freddie Owens, quien fue ejecutado el viernes en Carolina del Sur, en medio de nuevas dudas sobre su culpabilidad.

El martes, al mismo tiempo que la ejecución de Williams, Texas tiene programada la ejecución de Travis James Mullis por el asesinato de su hijo menor.

Después de la doble ejecución del martes, se espera que el jueves haya dos ejecuciones consecutivas más. Alabama tiene previsto usar gas nitrógeno para ejecutar a Alan Eugene Miller por los tiroteos de tres compañeros de trabajo en 1999, a pesar de la evidencia de su enfermedad mental y de un testigo de la ejecución anterior con gas nitrógeno en enero, quien describió el método como “horrífico”.

El jueves, Oklahoma tiene programada la ejecución de Emmanuel Littlejohn por la muerte de un empleado de una tienda de conveniencia en 1992, a pesar de sus argumentos de que no fue el tirador.

Si se llevan a cabo las cinco ejecuciones, EE. UU. habrá ejecutado a 18 reclusos en el corredor de la muerte este año. Otros seis están programados antes de finales de diciembre, y se podrían añadir más al calendario.

Fuente: USA Today