Dentro del derecho internacional, la desaparición forzada constituye una grave violación a los derechos humanos. El reciente caso de #Los4deGuayaquil representa una coyuntura urgente para reflexionar en torno a la desaparición forzada de infancias y adolescencias afrodescendientes en América Latina. Este es un recorrido sobre algunos casos emblemáticos de la región, donde infancias y adolescencias afrodescendientes han perdido la vida en contextos de militarización, desaparición forzada y violencia policial. Desde el Cono Sur, la zona andina hasta el norte, los casos recopilados en este reportaje proporcionan un panorama sobre la delicada situación de riesgo a la que están expuestas las infancias y adolescencias afrodescendientes de nuestra región. 

El racismo es, entre muchas otras cosas, una cultura permanente de odio orientada a la aniquilación de los cuerpos. Es un odio histórico e incompresible que moldea los imaginarios y determina las conductas donde se cultiva, minuciosamente, el deseo de suprimir la vida. Algunas veces no se odia por conocimiento, sino por preconcepto. El racismo mantiene su vigencia gracias a su maleabilidad. En las coyunturas actuales, los argumentos de securitización permiten elaborar permisividades siniestras: desaparecer, torturar y matar, por ejemplo. Las comisiones de delito en las que incurren los aparatos estatales siguen revelando el aspiracionismo civilizatorio de los gobiernos capitalistas. 

#Los4deGuayaquil, el más reciente caso de desaparición forzada que involucra infancias y adolescencias afrodescendientes con violencia militar abre una discusión imperiosa que ha estado marcada por el silencio estratégico del racismo estructural y estadístico. Se trata de los infanticidios y juvenicidios afrodescendientes ocurridos en contextos de militarismo, crimen organizado, pobreza, desplazamiento, entre otros. Toda vez que los asesinatos, los tratos crueles y torturantes, así como las desapariciones, intensifiquen la revictimización no sólo de las identidades individuales, sino también colectivas y políticas, se hace preciso indagar en los impactos psicosociales de la violencia racista. Ningún esencialismo puede justificar la crueldad y el terror al que son sometidos los cuerpos racializados. Ninguno. 

A continuación, los casos que se revisarán tienen como hilo conductor cuestiones etarias, étnicas, violencia sistémica y omisiones institucionales con un desenlace trágico: muertes, masacres; impunidad. Hablar de infanticidios y juvenicidios afrodescendientes se coloca una responsabilidad ineludible ante el papel de estado como principal garante del derecho a una vida libre de violencia. Es un atajo pues, para reducir las posibilidades de que lo “estructural” absorba los principios de intolerancia y guerra sobre los que se erige la imaginación política racista del estado. 

Ecuador (2024)

El 2024 estaba culminando. En el último mes del año, cuando la hiper circulación de narrativas sobre el amor, el agradecimiento y la esperanza de que algo mejor puede depararnos, cuatro niños afrodescendientes desaparecieron en Guayaquil, Ecuador. El 8 de diciembre de 2024 fue la última vez en que se vio con vida a Ismael y José Arroyo, Nehemías Arboleda y Steven Medina, cuando fueron arbitrariamente detenidos por agentes militares que les acusaron de robo. 

A partir de ahí se perdió comunicación con los cuatro menores de edad, dificultando su localización. Ante la exigencia por la presentación con vida de Ismael, José, Nehemías y Steven, las instancias competentes dieron una respuesta apática: Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas declaró que la Fuerza Pública no estaba involucrada en ninguna operación, luego, Gian Carlo Loffredo, ministró de Defensa de Ecuador no sólo rechazó la participación directa e indirecta de las fuerzas armadas, sino que además, calificó el caso como una “instrumentalización política” para desprestigiar la labor del Ejército en la lucha contra el crimen organizado. 

Tras 18 días de angustia y exigencias al estado para la aparición con vida de los cuatro muchachos, el 24 de diciembre en las proximidades de la Base Aérea De Taura, se confirmó el hallazgo de unos cuerpos quemados. Eran los de Ismael, José, Nehemías y Steven. 

Además, los familiares de las víctimas declararon que el proceso de reconocimiento de los cuerpos fue doblemente doloroso, dado que presentaban signos de tortura. Algunos, incluso, fueron desmembrados y cercenados. Hasta el momento, 16 militares se encuentran en prisión preventiva y el esclarecimiento de los hechos es, aún, inconcluso. El 2 de enero de 2025, durante una rueda de prensa, el primer ministro de Gobierno, José de la Gasga, solicitó que no se calificara este hecho como un “crimen de Estado” ni de “lessa humanidad”, dado que la fiscalía general ha comenzado con la investigación correspondiente por el delito de desaparición forzada. En su argumento, el primer ministro del Gobierno insistió en que el estado ecuatoriano versa su respuesta en el marco de la agenda por la no impunidad y la justicia. 

La respuesta del estado ha sido, además de indolente, negligente y en buena medida, el hecho de que no exista un posicionamiento más sólido se debe a que eso significaría un cuestionamiento frontal a la política militarista impulsada por el actual primer mandatario, Daniel Noboa. No existirá reparación efectiva, mientras se mantengan los sesgos militaristas y de empobrecimiento sistemático. 

Colombia, (2020)

Era el primer año de la pandemia. Medidas como el toque de queda, el aislamiento y la prohibición de conglomeraciones habían aparecido como las acciones más inmediatas para detener la propagación del virus. No era difícil atestiguar cómo esos planes de gestión sanitaria fácilmente dieron margen a abusos de poder y violaciones de derechos humanos que se expresaban mediante amedrentamientos, extorsiones, acoso o persecuciones constantes, siempre en nombre de la salud y el “cuidado” colectivo. 

El 11 de agosto de 2020, cinco adolescentes entre los 14 y los 16 años, fueron torturados y masacrados, sus cuerpos aparecieron en unos cañizales del Barrio de Llano Grande en Cali, de donde eran originarios. Pertenecían, además, a familias que habían sido desplazadas por el conflicto armado. 

Las primeras elucubraciones, apelaron al estereotipo y la revictimización para decir que los menores estaban involucrados con el crimen organizado. No era verdad. Con la exigencia social enardecida, la investigación en dar respuestas. Se concluyó que Álvaro José Caicedo, Jair Cortés, Josmar Jean Paul Cruz, Luis Fernando Montaño y Léider Cárdenas fueron asesinados por una persona que no tenía vínculos con la policía, pero, sí un historial criminal nada loable. 

#Los5deLlanoVerde reactivaron la discusión sobre la violencia que enfrenta el pueblo afrocolombiano ante la presencia de grupos armados y de crimen organizado. No hay inocencia en un estado incapaz de evitar los asesinatos contra niños y jóvenes cuyas condiciones de vulnerabilidad se ven exacerbadas por la incapacidad de pacificar, mediar y, en un plano utópico, erradicar la presencia de micropolíticas de terror. Ningún niño merece crecer entre la guerra, mucho menos morir a causa de ella. 

Brasil, (2021)

El 27 de diciembre del 2020, Alexandre da Silva, Lucas Matheus y Fernando Henrique, de 10, 8 y 11 años, respectivamente, desaparecieron en la favela de Castelar, em Belford Roxo, Rio de Janeiro. Salieron a jugar fútbol y no regresaron. Los familiares relataron que los niños solían salir a jugar y regresar a la hora del almuerzo, por lo que prontamente se preocuparon una vez que nos los vieron llegaron en el horario habitual. Comenzaron a buscarlos sin tener éxito. Se acercaron a la policía para solicitar la activación de los protocolos correspondientes que permitieran su pronta localización con vida, tampoco tuvieron éxito. 

De acuerdo con Fransergio Goulartm, miembro de la Coordinación Ejecutiva de la Iniciativa Derecho a la Memoria y la Justicia Racial- Baixada,  la Baixada Fluminense es una de las regiones de Rio de Janeiro con más índices de desaparición de personas, además de que la mayoría de la población es negra.

Ante la resistencia del estado brasileño para proporcionar una atención oportuna a las familias de los niños desaparecidos, diversas organizaciones se sumaron a la búsqueda e, incluso, realizaron una protesta frente a la iglesia de Belford Roxo. 

Aunque la polícia había declarado la apertura de una investigación, el proceso de esclarecimiento fue bastante lento y plagado de omisiones e inconsistencias. La más preocupante, fue que desde el inicio las familias habían solicitado la revisión de distintas cámaras de seguridad con la intención de identificar si habían sido captados por una o varias y, con ello, trazar rutas de búsqueda y convocar las comparecencias necesarias de posibles responsables, sin embargo, obtuvieron una respuesta negativa. No fue sino hasta marzo del 2021, cuando la policía incluyó, como parte de un avance de investigación, la captura de una cámara de seguridad. Luego de que la Delegación de Homicidios de Baixada Fluminense (DHBF) hubiera declarado la revisión de aproximadamente 40 dispositivos de seguridad sin que alguno arrojara alguna prueba útil para el esclarecimiento del caso. Habían pasado tres meses y la única respuesta que las familias tenían era una imagen que había llegado tarde, muy tarde. 

En julio del 2021, la policía civil de Rio de Janeiro concluyó el caso con un hipótesis poco contundente: los niños habían sido secuestrados por traficantes de drogas, quienes los ejecutaron. A uno de ellos le infringieron actos de tortura. Los resultados determinaron la aprehensión de un presunto responsable, identificado por Wesley Rodrigues Freitas, también conocido como “Poca Pierna”, a quien detuvieron gracias al testimonio de Jonathan dos Santos de Paula. La versión que se dio a conocer fue que los niños habían robado una jaula de pájaros y, por ello, habían sido raptados por “Poca Pierna” para luego ser asesinados. Empero, los cuerpos de los niños nunca aparecieron.

La resolución del caso de las #CriançasDeBelfordRoxo no representa ningún mérito toda vez que el proceso de búsqueda y esclarecimiento estuvo permeado por una respuesta estatal deficiente. Hay cierto carácter de reiteración en lo que a la presencia de las fuerzas policiales y militares respecta: o terminan involucrados en la comisión de delitos con agravantes o bien, entorpecen y ralentizan los procesos de investigación. ¿Qué otra prueba necesitamos para entender que la militarización y la securitización son políticas de la crueldad explícitamente anti-negras?

Venezuela, (2016)

El 15 de octubre del 2016, durante un despliegue de la “Operación de Liberación del Pueblo” (OLP) en el municipio de Miranda, elementos del Batallón Caribe del Ejército ejecutaron detenciones arbitrarias contra al menos 40 hombres, entre los 15 y 30 años. Afrodescendientes, campesinos y cabezas de familias.

Inmediatamente, sus familiares comenzaron la búsqueda sin tener respuestas. La OLP es una estrategia de seguridad nacional enfocada para combatir los índices de criminalidad, sin embargo, desde su implementación, ha estado vinculada con diversos casos de violaciones graves de derechos humanos caracterizados por la desaparición forzada, la detención arbitraria, la criminalización y la tortura.

De acuerdo con la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, la falta de causales y evidencia exponían el carácter arbitrario de las detenciones ejecutadas por los elementos militares.

Seis días después, el 21 de octubre, 8 jóvenes fueron liberados, presentando signos de tortura y habiendo firmado documentos en contra de su voluntad. Aún se desconocía el paradero de los otros implicados. 

Gracias al posicionamiento del Secretario Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), emitida el 7 de noviembre, las autoridades venezolanas fueron instadas a tomar cartas en el asunto para dar con el paradero de los desaparecidos por la “OLP”. Pero no fue sino hasta el 25 de noviembre cuando el hallazgo de fosas comunes en Barlovento por la División Nacional de Investigaciones de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalística y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar dio una respuesta poco esperanzadora: los desaparecidos ahora estaban muertos.

 Con el reconocimiento de los cuerpos, se concluyó que las víctimas habían sido asesinadas. La versión oficial sostuvo que la OLP no tenía ninguna relación con los hechos, dado que la masacre había sido por causa del paramilitarismo colombiano y el crimen organizado; en contraste, diversos testimonios apuntaban que la OLP había irrumpido en los domicilios y había actuado en total detrimento de los derechos. 

El 16 de septiembre de 2020, la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, documentó “Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieron arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaba el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.”

La #MasacredeBarlovento se suma a los casos de impunidad donde ni fuerzas armadas ni titulares de dependencias de gobierno, son sometidos a procesos de enjuiciamiento para esclarecer sus niveles de participación y responsabilidad. 

El racismo anti-negro, por lo tanto, continúa manifestándose mediante la institucionalización de la tortura y el odio racial. La eficacia de los estereotipos, así como el empobrecimiento y la criminalización dan lugar a que las prácticas privativas de la libertad, de castigo público y de sufrimiento sean focalizadas contras personas, pueblos y comunidades afrodescendientes. Para víctimas y sobrevivientes, los efectos psicosociales de estas violencias merman las posibilidades de acceder a la justicia y, sobre todo, a la reparación del daño.

Estados Unidos, (2014)

El servicio de emergencia 911 de Cleveland, Ohio, Estados Unidos, recibió una llamada alertando sobre la presencia de un joven con una pistola en el Cudell Recreation Center. Los agentes Timothy Loehmann y Frank Garmback, acudieron al lugar referido. Timothy jaló el gatillo de su arma para matar a Tamir Rice, un niño afroamericano de 12 años que portaba una pistola de juguete. 

En sus declaraciones, los policías mencionaron que previamente le habían hecho tres llamados de atención al niño, pidiéndole que dejara el arma. Ante la desobediencia, Timothy disparó. Después de eso se percataron de que se trataba de un juguete. 

Desde luego, la familia de Tamir Rice junto con otras organizaciones se manifestaron en contra del actuar policial. Aunque se intentó llevar el caso ante un juicio por el delito de homicidio, el Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró la improcedencia en la imputación de cargos contra los dos policías blancos involucrados en el asesinato de Tamir Rice. Aun cuando las circunstancias apuntaban a un caso de perfilamiento racial, la División de Delitos Civiles y la Fiscalía de Estados Unidos declararon que, de acuerdo con los estatutos federales, no existían pruebas suficientes para tipificar una violación perseguible. 

Activistas y defensores de derechos humanos cuestionaron el sesgo racial en la impartición de justicia, subrayando en cómo pese a que los protocolos de seguridad blindaban las prácticas de perfilamiento racial, ejecutadas por agentes policiales, haciendo énfasis en el extremismo que significaba haber optado por no emplear otras alternativas para mediar la situación con Tamir Rice. 

Ebony Alert: reconocer la desaparición forzada de infancias y adolescencias negras

En junio del 2024 diversos miembros del Legislative Black Caucus, promovió un paquete de 14 acciones de reparación como una propuesta para mitigar las disparidades raciales en el acceso a la justicia, una de ellas fue la Alerta de Ébano o “Ebony Alert”, que fue implementada tras la aprobación del Proyecto de Ley Senatorial 673 en 2024. Se trata de un recurso que prioriza la atención a casos de desaparición de niños y adolescentes negrxs en el rango etario de los 12 y los 25 años. Esta propuesta se propone reducir las asimetrías en los índices de atención para casos de desaparición de la comunidad negra. A diferencia de la Alerta Ámber, ésta contempla factores de vulnerabilidad como discapacidad, riesgo antes posibles casos de tráfico de personas o explotación sexual. Surgió como respuesta para paliar el racismo institucional y mediático que restringen la cobertura e investigación en los casos de desaparición de personas negras en Estados Unidos. 

Seguridad nacional: cuando la antinegritud y el odio racial se convierten en modelos de gobernanza

Una de las demandas más sostenidas del activismo afrodescendiente, apunta a la creación de datos desagregados para el análisis de las desigualdades, con el fin último de sistematizar evidencia para el diseño e implementación tanto de políticas públicas como de medidas de reparación que reduzcan las brechas de violencia estructural. 

En México, por ejemplo, la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM), ha documentado que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador 7,837 niñas, niños y adolescentes han sido reportadas como desaparecidas o no localizadas en México, un aumento aproximado del 10% sobre los casos de desaparición de niños, niñas y adolescentes desaparecidos durante los dos sexenios previos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, respectivamente. Sin embargo, esta información no cuenta con un análisis desde la variable de pertenencia étnica. 

En estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas y la zona norte fronteriza, la presencia de grupos armados y de crimen organizado no ha pasado desapercibida. Aunque no existen cifras oficiales, en los territorios se han sabido de casos sobre reclutamiento forzado, secuestros, extorsiones y desapariciones donde personas afromexicanas y afrodescendientes que habitan y transitan por esos territorios sufren las afectaciones directas. 

En contraste, para el 2021, en Brasil, la Fundación para la Infancia y la Adolescencia (FIA) identificó “solo en el estado de Rio de Janeiro el número de infancias desaparecidas era de 579, de las cuales el 20.03% eran negrxs. 

Otro ejemplo paradigmático fue la investigación conjunta entre City Bureau e Invisible Institute, de Chicago, Illinois. “El análisis muestra que de los aproximadamente 340.000 casos en este período de tiempo, los niños negros representan el 57% de los casos. Las niñas negras de entre 10 y 20 años constituyen casi un tercio de todos los casos de personas desaparecidas en la ciudad, según datos policiales, a pesar de que sólo representan el 2% de la población de la ciudad a partir de 2020.” Otro hallazgo importante de este estudio, demostró que los casos de jóvenes desaparecidos eran desestimados por considerarlas “runaways”, es decir, personas fugitivas que no quieren ser encontradas. Este prejuicio afecta los procesos de localización e investigación, creando lagunas en el acceso a la justicia de las familias negras.

Dicho de otro modo, la falta de información socioestadística desagregada tiene un efecto retroactivo en términos de derechos humanos, que va más allá de invisibilidad o la subrepresentación política, se trata de cómo los estados diseñan estructuras para no asumir responsabilidades de cuidado, garantía y protección específica. 

Sin datos, la violencia racial sigue operando de forma sistemática. La militarización de fronteras, y comunidades, así como la implementación de estrategias de seguridad con presencia de cuerpos policiales y militares, deben entenderse como parte de una política de violencia racial, sencillmanente porque la desaparición forzada también es perfilamiento racial, tortura y brutalidad. 

Las ideas de seguridad nacional refuerzan estereotipos raciales, criminalizan cuerpos y prácticas que encubren actos de inconstitucionalidad y normalizan violaciones como la privación de la libertad o los tratos crueles. Ninguna política puede ser tolerante ante la desaparición física y estadística de las infancias y las adolescencias racializadas, o negras, para este caso. En suma, podemos observar que los casos de desaparición forzada, perfilamiento racial y brutalidad policial contra infancias y adolescencias afrodescendientes son menos documentados y reportados que otros. Las operaciones militares y policiales continuarán asediando a las personas racializadas hasta que la justicia sea entendida en términos restaurativos más que punitivos. 

Desde Afrocolectiva nos sumamos a la demanda de justicia para esclarecer lo ocurrido con los #4deGuayaquil. Repudiamos la corrupción, el racismo institucional y la impunidad. Desde nuestro trabajo como personas activistas, comunicadoras, investigadoras y periodistas refrendamos nuestro compromiso por la denuncia sistemática de estos casos. Merecemos existir. 

Una reflexión de Ana Hurtado

El genocidio en Palestina no es solo la aniquilación física de un pueblo, es también la construcción constante de un relato que equipara al colonizador y al colonizado, al opresor y al oprimido, como si existiera algún punto medio entre quien ocupa y quien es despojado, entre quien asesina y quien resiste para sobrevivir. Esta falsa simetría no es nueva, pero se reinventa constantemente para adaptarse a los lenguajes de la cultura pop, del cine, de los premios internacionales y de la opinión pública occidental.

Lo vimos en la reciente gala de los Oscar, donde el documental premiado, « No other land », ejemplifica a la perfección cómo el sufrimiento palestino solo es digno de reconocimiento cuando viene de la mano de una voz israelí. Como señalaba el periodista Hamza en un artículo imprescindible, ¿Habría sido siquiera nominado –y mucho menos premiado– si Yuval Abraham, el director israelí, no estuviera vinculado al proyecto? Parece que, para ser escuchadas, las voces palestinas necesitan el aval de un acompañante blanco, israelí y sionista. Solo entonces, su dolor se vuelve legible, consumible, vendible.

Esta co-producción no es un gesto de igualdad ni de reconciliación real. Es una puesta en escena donde la resistencia palestina queda reducida a un relato humanitario despolitizado, donde el genocidio es convertido en «conflicto» y donde la ocupación militar es presentada como un malentendido entre dos pueblos iguales, que solo necesitan tender puentes y abrazarse. Pero como bien señala la activista palestina @salma.shawa_, esta narrativa fetichizada de la paz no es más que un sueño colonial que exige a las personas palestinas olvidar, perdonar y abrazar a quienes las despojan. Suena bonito, claro, pero solo desde la comodidad de quienes no llevan el peso de la masacre sobre sus cuerpos y sus tierras.

El colonizador y el colonizado nunca estarán en igualdad de condiciones. El colono, por definición, no puede equipararse en dolor, en sufrimiento, en experiencia. Quien invade, bombardea y deshumaniza no puede reclamar el mismo espacio moral que quien es asesinado, desplazado y convertido en refugiado en su propia tierra. Esta es la trampa del discurso occidental sobre Palestina: invisibilizar la relación colonial y convertir la violencia sistemática en un problema de «ambos lados». Un espejismo que exime al poder de toda responsabilidad.

Mohammed El-Kurd, en su libro Perfect Victims, profundiza sobre esta perversión de la co-producción entre colonizador y colonizado. «Nadie –ni el productor del festival, ni el columnista que escribe la reseña– parece preocuparse por el contenido de la película, si es buena o basura», escribe El-Kurd. «Lo que importa es que fue co-dirigida, un formato que satisface una pulsión libidinal en la audiencia. Espían una conversación prohibida, una reconciliación excitante entre el verdugo y la víctima». Esa reconciliación simulada, encuadrada en la estética del trauma compartido, no busca justicia, busca entretenimiento. Es el sufrimiento palestino convertido en producto de consumo cultural.

El documental premiado fetichiza ese sufrimiento. Lo reduce a una postal lacrimógena de reconciliación vacía. Nos dice que lo importante es «encontrarnos» y «abrazarnos», que la paz es posible si ambos lados ceden. Pero no hay paz sin justicia. No hay paz sin descolonización. No hay paz mientras se siga normalizando un genocidio bajo el disfraz de la buena voluntad. Y no hay simetría posible entre el opresor y el oprimido.

Mientras el cine, los premios y el periodismo occidental insistan en este falso relato de equidistancia, seguirán siendo cómplices de la colonización. Porque la justicia no nace de olvidar, ni de compartir el dolor como si fuera una mesa de diálogo entre iguales. La justicia solo nace del reconocimiento de la colonización, del desmantelamiento del régimen de apartheid y de la devolución de la tierra al pueblo palestino. Sin justicia, toda paz es solo otra forma de violencia.

Una reflexión de Chaimaa Boukharsa

Contexto histórico y geopolítico

El Caribe ocupa un lugar esencial en la configuración y expansión del proyecto moderno colonial y el capitalismo racial, donde tanto la naturaleza como el trabajo humano son reactualizados al servicio de la ilimitada acumulación del capital. La naturaleza y los pueblos no europeos, se convirtieron en entes desechables al servicio del capital.

La Isla Ayití específicamente ha sido laboratorio de nuevas formas de dominación. La geografía urbana en la isla fue determinada por el oro, siendo la región Cibao Sur que comprende a las provincias de La Vega, Bonao y Cotuí, la primera región pensada para la extracción de oro por la empresa colonial. La primera mina extractiva de la isla y lo que Occidente nombró Nuevo Mundo fue colocada en esta región.

• En el nuevo orden económico mundial, el caribe ostenta el lugar de servicios, entretenimiento, de experimentación de energías limpias y para el extractivismo.
• Las elites politicas y economicas en RD se han dedicado a construir una identidad nacional partiendo del odio a lo negro como estrategia de contrainsurgencia y un discurso de falsa defensa de la soberanía nacional, mientras ceden el territorio a multinacionales.
• El Norte Global y el imperialismo ha designado nuestra isla como destino mineral: actualmente en República Dominicana más de un 25% del territorio nacional está concesionado. 

Barrick Gold 

La mina Pueblo Viejo de Barrick Gold Corporation comenzó sus operaciones comerciales en República Dominicana en 2013, bajo  un contrato cuestionable donde  la empresa se quedaba con el 97 por ciento de los beneficios obtenidos con la explotación y venta del oro que se extrae de suelo dominicano, en tanto que a República Dominicana, que es la dueña de esos yacimientos, apenas le correspondía el 3 por ciento. El presidente de ese momento Danilo Medina exigió la revisión de dicho contrato. 

Barrick Gold opera en Pueblo Viejo, una mina a cielo abierto ubicada en 4.800 hectáreas de terreno, a través de una empresa conjunta con Newmont, una empresa minera de oro estadounidense. Barrick y Newmont son las dos empresas mineras de oro más grandes del mundo. Antes de Barrick, el área de Pueblo Viejo era la ubicación de un sitio minero operado por la empresa estatal Rosario Dominicana. La mina estatal estuvo en operación desde 1975 hasta que Rosario Dominicana se declaró en quiebra en 1999.

Racismo ambiental y Despojo

Desde que Barrick inició sus operaciones, las comunidades La Piñita, El Naranjo, Jobo Claro, La Cerca, La laguna y Jurungo se organizaron en el comité Nuevo Renacer, dirigido por Leoncia Ramos, para pedir la reubicación inmediata de más de 400 familias debido a la devastación provocada por las operaciones de la mina que van desde la pérdida de sus cultivos y animales hasta destrucción del río Maguaca y la aparición de enfermedades y muertes de la gente en la comunidad. 

Un informe de 2012 de la Academia Dominicana de Ciencias concluyó que las operaciones de Barrick efectivamente estaban contaminando la represa de Hatillo. Quienes habitan el lugar dicen que otros ríos, como el Maguaca y el Arroyo El Rey, que anteriormente no se vieron afectados durante Rosario, ahora están altamente contaminados. En 2014, las pruebas realizadas a residentes de Las Lagunas, Los Naranjos, La Piñita y La Cerca encontraron altos niveles de cianuro y otros metales pesados ​​en la orina y la sangre. El informe del estudio señaló que esto era el resultado de absorber metales tóxicos a través de la respiración y la ingestión de agua contaminada.

La Academia de Ciencias de la UASD ya ha dicho que en República Dominicana es inviable la minería por muchas razones entre ellas: el déficit hídrico en el país, que nuestro territorio no es homogéneo y esto implica una mayor fragilidad, y que los procesos de recomposición son más largos en las islas pequeñas.

Decreto presidencial 270-2022

En 2021 Barrick Gold comenzó a avanzar  un proyecto de expansión de planta e instalación de almacenamiento de relaves, diseñado para extender su vida útil y aumentar su producción hasta 2040. 

Este proyecto incluye una nueva presa de cola en la comunidad El Naranjo, una de las comunidades que ya estaba pidiendo reubicación por los peligros de la presa de cola El Llagal. Mientras comunitarios y ambientalistas  luchaban contra la construcción de la presa de cola en Cuance Yamasá,  Barrick y el gobierno estaban haciendo una jugada maestra,  buscaban la ‘licencia social’, enviaban comisiones a El Naranjo y  construían el supuesto  estudio de impacto ambiental  a escondidas para la construcción de la presa de cola en dicha comunidad. 

En 2022 el presidente Luis Abinader emitió el decreto presidencial 270-22, que concede a la Barrick Gold más de 31 millones de metros cuadrados en las comunidades de El Naranjo, Zambrana, Las Lajas, El Higo y Arroyo Vuelta sin contar con el consentimiento libre y documentado mediante consulta con las comunidades, por lo tanto sin licencia social.

Greenwashing y Pinkwashing 

La Barrick es la segunda mina de oro más grande del mundo y la número 1 en el continente americano. Sin embargo, la provincia Sánchez Ramírez es una de las más empobrecidas de República Dominicana. Esto desmonta el mito del progreso que tanto nos venden con su estrategia de comunicación y greenwashing. 

La Barrick tiene tanto poder que sus atropellos  no trascienden en los medios nacionales,  la prensa no  investiga, el estado se convierte en patrocinador de las barbaridades que comete la Barrick sin ninguna represalia. En 2023 Barrick recibió de manos de la ministra de la mujer, Mayra Jiménez, el sello de oro Igualando RD, este es un programa de certificación implementado por el Ministerio de la Mujer y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que premia a empresas que cumplen con estándares para alcanzar ‘la igualdad de género’ y fomentan la autonomía económica y social de las mujeres.  Todo eso mientras Barrick destruye la vida de comunidades enteras donde viven mujeres racializadas, campesinas, rurales y sus familias. Lo cual da cuenta de cuan peligroso es el feminismo blanco burgués  y su construcción de la mujer como sujeto homogéneo que cada vez más se cuela en las instituciones.

También manejan con hermetismo todo lo relativo a la producción de oro y la gran contaminación y enfermedades a comunidades que producen sus operaciones. La Barrick es un gobierno independiente dentro del estado dominicano. 

Zonas de sacrificio

Las economías capitalistas racialmente estratificadas fueron organizadas de tal forma que los riesgos, desventajas y perjuicios derivados de un sistema económico basado en  el despojo de tierras y en la explotación sean encarnados  por la mayoría no blanca. 450 familias están hoy  sepultadas bajo el polvo tóxico desde que Barrick inició sus operaciones y hoy pretende extenderse a más comunidades bajo chantaje al estado dominicano de que de no construirse la presa de cola tendrían que detener sus operaciones. La situación se complejiza más porque el estado ha accedido a adelantos de pagos por parte de la mina.

Sin justicia racial no hay justicia ambiental.

Artículos para complementar información:

La minera canadiense que los dominicanos llaman “peor que Colón”

Auge y ocaso de la primera sociedad minera de América. Santo Domingo 1503-1520

“Es una barbaridad”: ¿por qué cientos de familias piden ser desalojadas de esta mina de oro de República Dominicana?

Una reflexión de Aquelarre Bonao

El estudio de la trata transatlántica ha estado históricamente centrado en la explotación económica y la violencia física hacia las personas esclavizadas. Sin embargo, una de las dimensiones más ocultas de este sistema ha sido la violencia sexual ejercida sobre los hombres negros. Desde una perspectiva decolonial, es crucial analizar cómo estos abusos no solo formaban parte de la opresión racial, sino que también buscaban desarticular la autonomía, la dignidad y la integridad de las personas esclavizadas.

La violencia sexual contra hombres negros ha sido escasamente documentada, en parte debido a las narrativas coloniales que construyeron la sexualidad negra desde una perspectiva estereotipada y racializada. Pascal Blanchard, en Sexe, race & colonies (2018), analiza cómo la hipersexualización de los cuerpos africanos ha servido para justificar múltiples formas de violencia, incluidas las agresiones sexuales dentro del sistema esclavista. Thomas A. Foster, en Rethinking Rufus: Sexual Violations of Enslaved Men (2019) expone relatos de hombres esclavizados que fueron sometidos a abusos sexuales por parte de sus esclavistas, de otros esclavizados obligados por los ‘dueños’ y de mujeres blancas esclavistas que ejercían poder sobre sus cuerpos. Uno de los casos documentados es el de Rufus, un hombre esclavizado que, según los testimonios recogidos en archivos, no solo fue forzado a mantener relaciones sexuales con una mujer esclavizada bajo las órdenes de su ‘amo’, sino que él mismo fue víctima de agresiones por parte de los esclavistas de la plantación.

En América Latina y el Caribe, los estudios históricos también han encontrado pruebas de estas violencias. Archivos judiciales en Brasil y Cuba registran casos de sodomía forzada y violaciones cometidas por esclavistas blancos sobre hombres y niños negros, pero estos documentos han sido históricamente ignorados o minimizados en los relatos oficiales sobre la esclavitud. Aline Helg, en Libertad e igualdad en el Caribe: Haití y Colombia, 1793-1835 (1995), argumenta que la violencia sexual no solo se dirigía contra las mujeres esclavizadas, sino que también era una herramienta de control sobre los hombres, quienes eran despojados de su capacidad de decisión y autodeterminación.

Los abusos sexuales perpetrados contra los hombres esclavizados no pueden entenderse únicamente como actos individuales de violencia, sino como una estrategia de dominación colonial que operaba en múltiples dimensiones. La deshumanización y supresión de la autonomía de los esclavizados era un objetivo central del sistema esclavista, que no solo buscaba explotar su trabajo físico, sino también anular cualquier sentido de autodeterminación. La violencia sexual formaba parte de un sistema de castigo y control en el que los esclavizados eran tratados como cuerpos disponibles para cualquier forma de uso. La reafirmación del poder racial también estaba en juego, ya que la sodomización forzada y las agresiones sexuales de hombres blancos sobre hombres negros constituían un acto de supremacía racial, diseñado para demostrar que los cuerpos negros estaban sometidos completamente a la voluntad de los colonizadores. Al mismo tiempo, se ha documentado que algunas mujeres blancas también ejercieron violencia sexual sobre hombres esclavizados. Daina Ramey Berry, en The Price for Their Pound of Flesh (2017), señala que en las plantaciones del sur de Estados Unidos existían relaciones sexuales impuestas, en las que los y las esclavistas blancas consideraban a los esclavizados como propiedad sexual, lo que incluía la explotación de hombres jóvenes para su placer.

El silencio en torno a la violencia sexual sufrida por los hombres negros esclavizados responde a múltiples factores. En primer lugar, la narrativa colonial construyó la imagen del hombre negro como hiperviril y agresivo, lo que ha dificultado que se le reconozca como víctima de violencias sexuales. Pascal Blanchard (2018) destaca que la representación del esclavizado como un ser puramente físico y sexualizado ha contribuido a negar su vulnerabilidad dentro del sistema esclavista. Por otro lado, la historiografía tradicional ha omitido estos casos debido a los tabúes que existen en torno a la violación de hombres. La violencia sexual masculina sigue siendo un tema poco abordado en los estudios históricos, en parte debido a la resistencia a reconocer que los cuerpos negros masculinos también fueron utilizados como espacios de opresión sexual. Además, el racismo científico del siglo XIX, con figuras como Arthur de Gobineau, promovió la idea de que los hombres negros poseían una sexualidad descontrolada y salvaje. Este discurso no solo sirvió para justificar la esclavitud, sino que también desvió la atención sobre la realidad de que los hombres negros fueron víctimas de agresiones sexuales sistemáticas.

Las secuelas de estos abusos no desaparecieron con la abolición de la esclavitud, sino que han dejado una huella epigenética y sociocultural en las comunidades afrodescendientes. La repetición de patrones de dominación sexual ha sido un mecanismo de reproducción del trauma colonial, en el que la violencia sexual se convirtió en una herramienta de poder dentro de las relaciones sociales. Foster (2019) argumenta que la herencia de la esclavitud ha influido en la construcción de modelos de masculinidad hipervigilantes, en los que la vulnerabilidad y el reconocimiento del trauma son reprimidos en favor de una imagen de fortaleza impuesta por la historia colonial. La hipersexualización de los hombres negros y la violencia sufrida han generado, a lo largo de generaciones, una hipersensibilidad ante cualquier forma de cuestionamiento de su virilidad, lo que se traduce en actitudes de rechazo hacia otras orientaciones sexuales y en la interiorización de la agresión como forma de afirmación identitaria.

Estudios en neurociencia y epigenética han demostrado que el trauma puede transmitirse de generación en generación a través de modificaciones en la expresión genética (Yehuda et al., 2016). En el caso de las comunidades afrodescendientes, la violencia sexual histórica y la deshumanización han influido en patrones psicológicos y sociales que persisten hasta la actualidad. La intolerancia hacia la diversidad sexual dentro de ciertos sectores de la diáspora africana puede leerse, en parte, como un reflejo de la violencia colonial que criminalizó cualquier expresión de disidencia frente a los roles impuestos por el sistema esclavista. La utilización de la sexualidad como herramienta de poder durante la esclavitud ha dejado marcas en la manera en que se conciben las relaciones de género y poder en las sociedades afrodescendientes.

Para construir una memoria histórica más justa, es fundamental reconocer que la violencia sexual en la esclavitud no solo afectó a las mujeres negras, sino también a los hombres. El reconocimiento de estos abusos no solo implica visibilizar las agresiones cometidas por los ‘amos’ blancos, sino también cuestionar los mitos coloniales que han perpetuado la negación de los cuerpos negros masculinos como víctimas. Desde una perspectiva decolonial, es necesario desmontar las narrativas hegemónicas que han invisibilizado estos crímenes y abrir espacio para una historiografía que considere todas las dimensiones de la violencia esclavista. La reparación histórica no solo debe abordar la explotación laboral y física de los esclavizados, sino también las formas de violencia sexual que marcaron sus vidas. Este artículo busca contribuir al debate sobre la memoria de la esclavitud y la necesidad de reconocer todas las formas de opresión que definieron ese sistema, incluyendo aquellas que han sido silenciadas por el peso del racismo, el machismo y el colonialismo.

Una reflexión. de Jackson Jean

Referencias :

Berry, D. R. (2017). The Price for Their Pound of Flesh: The Value of the Enslaved, from Womb to Grave, in the Building of a Nation. Beacon Press.

Blanchard, P. (2018). Sexe, race & colonies: La domination des corps du XVe siècle à nos jours. La Découverte.

Foster, T. A. (2019). Rethinking Rufus: Sexual Violations of Enslaved Men. University of Georgia Press.

Helg, A. (1995). Libertad e igualdad en el Caribe: Haití y Colombia, 1793-1835. Fondo de Cultura Económica.

Yehuda, R., et al. (2016). “Epigenetic mechanisms and the transgenerational effects of trauma.” American Journal of Psychiatry, 173(8), 872-879.

El 24 de enero se conmemoró el Día Mundial de la Cultura Africana y de les Afrodescendientes, ese mismo día, el cadáver de Miguel Ángel Ventura Medel, director de Cultura del ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, quien además también era ferviente promotor y portador de la Danza de los Diablos (una de las expresiones más representativas de la cultura afromexicana), apareció con signos de violencia.

De acuerdo con el informe oficial, Miguel Ventura habría sido secuestrado un día antes en su domicilio y, pese a los esfuerzos coordinados entre la policía estatal, el Ejército y la Guardia Nacional, no fue posible rescatarlo con vida. 

Actualmente, el municipio de Cuajinicuilapa atraviesa por uno de los momentos más álgidos de violencia debido a la expansión de grupos del crimen organizado. Desde el año pasado se han reportado numerosos episodios que han puesto en riesgo la vida de los habitantes de Cuajinicuilapa que van desde balaceras, secuestros, desapariciones hasta asesinatos. Pese a que el Gobierno Estatal y Federal tiene conocimiento de esto, no se han implementado acciones para atender la delicada situación de seguridad de asedia a los pueblos afromexicanos. 

Enaltecer la identidad afromexicana debe pensarse más allá de la folclorización y la reiteración discursiva sobre el borramiento histórico, no porque se niegue, sino porque al hablar de la identidad y de la historia del pueblo afromexicano únicamente aludiendo al pasado, hace que la actualidad quede a la intemperie. Estamos ante un nuevo borramiento perpetuado por el estado y la política del narcotráfico. ¿Necesitamos que pasen veinte años para denunciar el racismo y la corrupción? ¿Necesitamos acumular mártires para hacer legítima la demanda por una vida libre de violencia? ¿Necesitamos que el legado cultural de los pueblos afromexicanos penda de un hilo para dirigir nuestra atención a la importancia de políticas culturales de base comunitaria con enfoque de justicia racial?

La Danza de los Diablos

Entre las tradiciones más representativas de las comunidades afromexicanas de los estados de Guerrero y Oaxaca, se encuentra la Danza de los Diablos. Dado su valor histórico y la relevancia en términos de cohesión social, ha sido objeto de estudio de diversas corrientes disciplinarias, entre ellas la antropología. La representación de esta danza es diversa, sin embargo, la fiesta grande está reservada para las celebraciones de Día de Muertos, es decir, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. 

Dadas sus peculiaridades rituales y performáticas, esta danza constituye un elemento importante del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos afromexicanos de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca. 

Ejecutar esta danza requiere de un profundo nivel de involucramiento territorial, corporal y afectivo, pues sintetiza los valores de generaciones. La Danza de Diablos se distingue por la peculiaridad de sus máscaras y los instrumentos musicales, principalmente. Tanto la elaboración de las máscaras como la ejecución de las melodías musicales requieren de conocimientos que han sido aprendidos y difundidos mediante la oralidad. Resulta significativo mencionar esto para dimensionar la importancia de las memorias vivas y el territorio como puntos centrales del Patrimonio Cultural Inmaterial Afromexicano. 

Proteger la vida es preservar el Patrimonio Cultural Inmaterial

La región de la Costa Chica, que comprende territorios del estado de Guerrero y Oaxaca, presenta altos índices de violencia de género, empobrecimiento y rezago educativo. Sin embargo, el análisis de los impactos de la desigualdad estructural se ve mermado por la falta de transparencia y de datos desagregados. Los habitantes de distintos pueblos han denunciado la preocupante situación de violencia de género y de la crisis de seguridad, como consecuencia de la expansión de grupos del crimen organizado. Los niveles de violencia han llegado al punto de establecer toques de queda o incluso, suspender actividades escolares como medidas emergentes. 

No obstante, existe un silencio generalizado sobre esta situación. Mientras el discurso oficialista vitupera el reconocimiento constitucional de las personas afromexicanas como el máximo logro en materia de derechos culturales y de inclusión pluriétnica, pueblos, comunidades, familias y personas afromexicanas enfrentan un complejo panorama de exclusión, violencia sistemática y opresión.

Mientras en ciudades capitales y en diversos eventos de difusión cultural se convoca a grupos de la Danza de los Diablos como parte de muestras culturales, los portadores de esta expresión están siendo desaparecidos y asesinados y con ello, el patrimonio cultural inmaterial afromexicano está en riesgo. 

Debemos entender que la protección, preservación y conservación del Patrimonio Cultural Inmaterial es, ante todo, una defensa por el derecho a la vida digna y libre de violencia de las personas afromexicanas. De otro modo, solo se reproducen estigmas y narrativas de despolitización cultural en torno a las manifestaciones culturales afromexicanas. 

Las condiciones de desigualdad en que viven detentores y portadores del Patrimonio Cultural Inmaterial son reiterativas, lo que expone una perspectiva antirracista e intercultural deficiente en la promoción de los derechos culturales.

Promover la cultura; salvaguardar la memoria

Miguel Ventura Medel contribuyó a la transmisión de saberes y conocimientos sobre la Danza de los Diablos mediante la enseñanza de la música, la ejecución e, incluso, la elaboración de las máscaras. En el entendido de que gran parte del Patrimonio Cultural Inmaterial se vale de la transmisión generacional, el desinterés del estado mexicano para atender las crisis de seguridad no puede tener otra lectura que no sea la de una manifestación del racismo estructural orientado al etnocidio.

Un reconocimiento cultural efectivo debe contemplar la perspectiva de justicia racial en amplitud, ello implica romper con las dinámicas de expoliación y mercantilización, donde expresiones como la Danza de los Diablos solo son instrumentalizadas para el entretenimiento. Es necesaria una política pública con enfoque de paz y antirracismo que comprenda la preservación del Patrimonio Cultural Inmaterial como acciones de protección y restitución de derechos humanos. 

Una reflexión de Ana Hurtado